Los familiares de los 62 militares que fallecieron en el accidente del Yak 42 no perdonan al nuevo ministro de Interior, el juez Fernando Grande-Marlaska, que archivara la causa por el accidente del avión en Turquía al no ver responsabilidad en el Ministerio de Defensa. "Creíamos que habíamos llegado a un punto profundo. Esto es increíble, es la propia persona que nos hundió el proceso jurídico. Era la última esperanza que teníamos", ha lamentado María Paz Fernández, viuda del comandante José Manuel Ripollés. Para Fernández, este nombramiento es más grave aún por la actitud que el PSOE ha mantenido con los familiares en las últimas semanas. Según esta familiar, las conversaciones que habían mantenido con una diputada socialista cesaron tras iniciarse la moción de censura.

Una comisión de investigación

Ahora, los familiares de las víctimas esperan que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, les reciba de forma personal "para explicar el porqué de este nombramiento". "A ver si ahora Grande-Marlaska tiene interés en hacer justicia", han añadido estos familiares. Quieren que el nuevo Ejecutivo "proponga la comisión de investigación" sobre el accidente. "Que la lideren, para que la apoyen todos los partidos. Que sirva de algo la muerte de los nuestros", reclama la viuda de Ripollés.

Una triste noticia

Por otra parte, Curra Ripollés, hermana del comandante Ripollés y la que fuera portavoz de la Asociación de Víctimas del Yak-42, calificaba el nombramiento como una "triste noticia" y recordaba en su cuenta de Twitter que tildó la no identificación de 30 de los 62 cadáveres de un hecho "inane, inocuo e intranscendente". En su sentencia exoneró de responsabilidad a los altos mandos del Ministerio de Defensa comandado por Federico Trillo a pesar de que habían sido advertidos de las malas condiciones de los vuelos, en contra del criterio de la Fiscalía. El Ministerio Público consideró que los mandos militares incurrieron en una “imprudencia grave” y una “absoluta falta de diligencia, pese a tener conocimiento de las enormes deficiencias e irregularidades que caracterizaban”. En su opinión, esta información podría haber evitado el siniestro. 

Los familiares de las víctimas tuvieron que esperar 15 años y vivir un auténtico calvario judicial para que se reconociese la responsabilidad del Ministerio de Defensa en el accidente a través del Consejo de Estado, que dio la razón a los argumentos que Marlaska había negado a la Fiscalía: el vuelo nunca tenía que haber salido en esas condiciones. La entonces ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal entonó el mea culpa, se comprometió a resarcir a los familiares y a investigar los hechos.