Los fantasmas del pasado vuelven a perseguir a Serafín Castellano, conseller de Gobernación de Alberto Fabra y secretario general de los populares valencianos, tras conocerse que entre 2001 y 2003 el departamento de Sanidad que entonces dirigía adjudicó otras tres campañas publicitarias a Over Marketing, la empresa que está siendo investigada por haber financiado presuntamente al PP de Baleares. Ha sido el portavoz adjunto de Esquerra Unida del País Valencià en las Corts, Ignacio Blanco, quien ha denunciado que dos de las tres contrataciones ahora descubiertas “no fueron publicadas en el Diario Oficial”, por lo que ha exigido saber "qué procedimiento se siguió y que se justifique hasta el último euro del dinero gastado en una empresa que, según declaraciones de su propietario ante el juez, recibió adjudicaciones manipuladas".
Un contrato escondido
Las tres nuevas adjudicaciones desveladas ahora fueron la difusión del "plan de humanización de la atención sanitaria", por 661.113 euros; la organización del "congreso de presentación del Plan de Salud de la Comunitat Valenciana 2001-2004" y una campaña de difusión de la donación de sangre. Por ahora se sabe que Over Marketing recibió 4’2 millones de la Generalitat Valenciana, cantidad a la que habría que sumar dos de las tres adjudicaciones ahora conocidas, cuyo montante es una incógnita al no constar las campañas en el Diario Oficial.
El empresario Daniel Mercado, dueño de Over Marketing, reveló al juez durante su declaración del pasado 27 de octubre –como ya informó ELPLURAL.COM el pasado fin de semana- que recibió más de 2.800.000 euros de la conselleria de Sanidad y otros 700.000 de la de Justicia a través de tres contratos que fueron amañados, según consta en su declaración. El diputado de EUPV exige ahora que no solo Castellano dé explicaciones sobre la relación que mantenía con Over Marketing, a la que le adjudicó al menos cuatro contratos, sino “porque esconde otro en Gobernación”.
También contrató con Ulibarri
Las sospechas contra Castellano por presuntas irregularidades no se ciñen a los contratos que adjudicó a la empresa de su amigo y a la trama Gürtel balear. Al secretario general del PP valenciano también se le vinculó con José Luis Ulibarri, imputado por el entonces juez Garzón en la trama Gürtel. En 2008, al frente ya de la conselleria de Gobernación, Serafin Castellano adjudicó por 214.908 el servicio de limpieza y ajardinamiento de diversos edificios de la consejería a la empresa Seralia SA, propiedad del empresario leonés.
Las adjudicaciones a un amigo
Pero el fantasma más antiguo que amenaza su ya dilatada carrera política –ha sido conseller con Zaplana, Olivas, Camps y ahora con Fabra- se remonta al año 2000 cuando la empresa Construcciones Taroncher, propiedad de su amigo José Miguel Pérez Taroncher, comenzó a recibir contratos adjudicados a dedo desde la conselleria de Sanidad, a la que acababa de llegar Castellano como máximo responsable. Las adjudicaciones se realizaban mediante contratos menores para evitar el concurso con otras empresas y que la adjudicación tuviera que hacerse pública a través de los boletines oficiales.
Colocó a su amiga de asesora
Construcciones Taroncher facturó al menos 1’7 millones en contratos que le adjudicó Castellano, primero desde la conselleria de Sanidad y luego desde la de Gobernación, hasta el punto de que el 90% de los ingresos de la empresa derivaron desde al año 2000 de sus contratos con la Generalitat Valenciana. La relación de Castellano con su amigo es tan íntima –les une su afición a la caza y a la pelota valenciana- que hasta sus esposas comparten la propiedad de una finca agrícola de 27.000 metros cuadrados que escrituraron en 2008 por un precio declarado de 130.392 euros. El lazo de amistad de Castellano con Taroncher va más alla, hasta el punto de que la esposa del constructor fue colocada de asesora del grupo popular de les Corts, en donde sigue actualmente.
Las Corts niegan los documentos
Las sospechas de nepotismo contra Castellano las diluyó el tiempo y la fuerza mediática del caso Gürtel hasta que su elección como secretario general del PP valenciano el pasado mayo sirvió para que la oposición desempolvara el caso. Desde entonces, las peticiones de los expedientes de las adjudicaciones a Construcciones Taroncher y el desglose de los contratos menores se han estrellado contra el muro de la mayoría del PP en la Mesa de las Cortes Valencianas. Castellano, que siempre ha asegurado que sus adjudicaciones se han realizado bajo la más estricta legalidad, no está imputado en ningún proceso judicial. Pero el ovillo del hilo del que tira el juez José Castro en el caso Palma Arena puede llegar hasta Valencia en cualquier momento. Porque como diría el venezolano Hugo Chávez, “aquí huele… a azufre”.
