Carlos Mazón, el líder del PP valenciano, candidato a la Presidencia de la Generalitat y presidente de la Diputación de Alicante ha contratado como asesor del ente alicantino a Javier Pérez Trigueros, un exalcalde popular que fue condenado a tres años de inhabilitación por compaginar su cargo como alcalde con el de gerente de una constructora. Mazón ha aceptado este contrato, pese a que, el propio PP, expulsó al exregidor del partido a raíz de este caso nada más cumplir los tres años de inhabilitación para cargo público, ya que la sentencia que condenó a Pérez Trigueros es firme desde el año 2020. Ahora, Mazón recupera a este exalcalde que le daba licencias a su propia empresa por un sueldo anual de 44.000 euros brutos a año.
Pérez Trigueros fue alcalde de Callosa de Segura y, según la sentencia, fue condenado porque incurrió en un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos después de que la empresa promotora que administraba, junto con su mujer, obtuviera varias licencias otorgadas por la Concejalía de Urbanismo de su propio ayuntamiento. Unas negociaciones que incluyeron cinco licitaciones desde el consistorio a favor de la empresa que regentaba junto a su esposa. El ahora asesor fue vinculado en su día con la trama de corrupción del caso Brugal, si bien es cierto que finalmente o se le han archivado o ha salido absuelto de varias piezas, aunque sí ‘cayó’ por el tema de la empresa que dirigía.
La sentencia
Según el fallo del Juzgado de Lo Penal Número 3 de Orihuela, que posteriormente fue refrendado por la Audiencia Provincial de Alicante, el entonces alcalde de Callosa de Segura era “plenamente consciente de la incompatibilidad” que existía entre ambos cargos, el privado al frente de la empresa, y el público como regidor. Para tratar de “evitar la sanción penal” firmó un decreto de delegación de competencias en materia de Urbanismo. Pero este hecho, a juicio de la Justicia, no impidió que mantuviera “la competencia originaria y, con ello, el control de la materia, en este caso, la delegación en materia de urbanismo.
La resolución judicial también decía, a este respecto, que "se mantenía como titular originario de la misma”, y que, “la delegación en materia de urbanismo en la que se quiere amparar el señor Pérez Trigueros para eximirse de responsabilidad, entendiendo erróneamente que la misma le desvincula de cualquier decisión que se pueda tomar en ese ámbito, es completamente equivocada. No podemos obviar que a preguntas del ministerio fiscal, manifestó que era conocedor de al competencia originaria la sigue teniendo el alcalde”.
Ante la gravedad de los hechos, el PP decidió en junio de 2016 expulsar del partido a Javier Pérez Trigueros. Sin embargo, parece ser que para el nuevo líder de los populares, aquella condena no era de la gravedad que para sus antecesores en el cargo, ya que no solo lo ha rescatado, sino que le ha puesto un sueldo público de 44.000 euros brutos al año.
Sobre el nombramiento
Toni Francés, portavoz del Grupo socialista en la Diputación, aseveró tras conocer este nombramiento el pasado enero que, “lo que sería un nombramiento normal al inicio de la legislatura, o en el desarrollo de esta, es sintomático que se produzca a 5 meses de las elecciones, siendo evidente que la motivación de los nombramientos es trabajar de cara a la campaña electoral PP, y no en el seno de la corporación provincial”.
Y sobre la condena, que impidió que pudiera concurrir a las pasadas elecciones de 2015, Francés dijo: “Ahora, es premiado con sueldo público por los populares”, y añadió que, “una vez más queda claro que PP es el mismo de siempre, el que pone a la institución de toda la ciudadanía, a la Diputación de Alicante, al servicio de sus intereses partidistas y electorales. Una vez más queda claro que el PP es el mismo de siempre, el que pone a la institución de toda la ciudadanía, a la Diputación de Alicante, al servicio de sus intereses partidistas y electorales”.
“Estamos acostumbrados a estas prácticas por parte del Partido Popular, y es que venimos denunciando el nombramiento del ex presidente provincial del PP, Miguel Ortiz, que careciendo del perfil técnico que caracteriza la gerencia de un organismo como Proaguas, se le nombró obviando los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad”, y desde el Grupo socialista en la Diputación de Alicante “seguiremos denunciando estas viejas prácticas y exigimos a Mazón y al PP que dejen de apropiarse de las instituciones”, apostillaba Toni Francés tras conocer la noticia el pasado enero.
