Ya va siendo hora de actuar en el sistema fiscal
Quienes menos tienen, en términos cuantitativos, aportan ahora mismo la gran parte de recursos para mantener los servicios públicos que garantizan una educación y una sanidad que cada día más se está viendo afectada por los recortes (pero los impuestos para los trabajadores siguen aumentando). Sin embargo, nadie ha aumentado la imposición de los que más tienen y menos pagan. Ya va siendo hora de que se comience a actuar al respecto.
El reparto de la riqueza es la base fundamental para poder garantizar una sociedad justa, igualitaria y que garantice el desarrollo de su ciudadanía de una manera inclusiva, eliminando la brecha de la desigualdad.
Sistema tributario injusto y, además, insuficiente
Si nos comparamos con el resto de países europeos la recaudación global en España es baja, pues frente a la media europea del 40%, nos encontramos casi ocho puntos por debajo, en un 32,4%. A este respecto la cuestión fundamental es no tanto cuánto aportamos sino quiénes lo aportan. Si queremos plantear soluciones es preciso establecer un punto de partida que ponga sobre la mesa todos los datos a tener en cuenta para poder determinar propuestas que realmente sean justas y adecuadas.
El sistema tributario español es injusto y además, insuficiente. Los que más riqueza tienen aportan muy poco en comparación con los que menos tienen. Y todo gira en torno a los salarios, cuando en realidad deberíamos empezar a plantear la imposición sobre la riqueza de cada ciudadano. Es precisamente en la riqueza en lo que nos diferenciamos más. Hasta ahora el fraude fiscal ha sido el principal enemigo a la hora de hacer un sistema justo de contribuciones a las arcas públicas: es por ello que combatirlo debe ser la prioridad antes de plantear otras medidas.
La sociedad está dispuesta a pagar más impuestos a cambio de más justicia social
La realidad nos muestra que la política de los famosos recortes ha conllevado una vez más que las consecuencias las sufran los que menos posibilidades tienen. Porque quienes cuentan con bolsillos llenos siguen teniendo posibilidad de pagarse escuelas y clínicas privadas. A ellos la eliminación del estado de bienestar poco o nada les afecta. Se está legislando en su favor, gracias a medidas como la amnistía fiscal –justamente lo contrario de lo que hace falta ahora mismo- y la privatización de lo público y esencial. Una vez más los trabajadores y cumplidores vuelven a perder la partida.
La mayoría de la sociedad española está dispuesta a pagar impuestos a cambio de tener una sociedad más justa, más desarrollada y que ofrezca garantías para todos. Y la inmensa mayoría siempre ha cumplido de manera seria y rigurosa con su contribución a través de las tasas e impuestos. Ya va siendo hora también de que sepamos que el diez por ciento de la población española tiene un patrimonio acumulado que supera en más de cien veces lo que tienen los más pobres, que representan el 20%. O sea, que la mayoría son los que menos tienen y los que más cumplen.
La justicia está también en cómo se invierten los impuestos
Además de combatir de manera eficaz la corrupción, habrá que empezar a plantear medidas concretas que sirvan para reforzar un sistema tributario más justo. La revisión de las deducciones en la declaración de la renta supondrán una aportación más equitativa y ajustada a la realidad. Así mismo, un sistema más sencillo facilitará mucho a los contribuyentes su labor a la hora de cumplir con sus obligaciones ante el fisco. Y reforzar la protección al medio ambiente a través de unas altas imposiciones a quienes no actúen de manera sostenible son medidas urgentes que es preciso emprender cuanto antes.
Además de una buena y justa gestión a la hora de recabar impuestos, el segundo pilar fundamental es la manera de invertirlos (o gastarlos). Soy más partidaria de hablar de inversión en educación e inversión en sanidad, pues cuando hablamos de gasto parece que así algunos justifican que cuando hay que ahorrar, se recorte por ahí. Nada más lejos de la necesidad real, donde un país que quiere desarrollarse social y también económicamente ha de hacerlo invirtiendo en la educación y en el bienestar de sus ciudadanos.
Es necesario un debate sobre la eficacia de la inversión pública
España es uno de los países europeos con las inversiones públicas más reducidas: frente al 50% que destinan las socialdemocracias más avanzadas, nosotros aportamos un 45,2% de nuestro Producto Interior Bruto. Una vez más, el problema no es tanto la cantidad sino el cómo se realiza la distribución de estas cantidades. Es precisa una modernización de la administración pública que pase por una adopción del modelo de gobierno abierto, agilizando y facilitando las gestiones haciendo un buen uso de las nuevas tecnologías y teniendo siempre en cuenta la sostenibilidad económica y ambiental. El principio de eficiencia y eficacia no siempre ha de ir ligado a una reducción de inversiones en determinadas áreas fundamentales, sino más bien, en la mejor gestión de los recursos planteando nuevas posibilidades más adecuadas a la realidad y más eficaces.
Sin lugar a dudas es necesario abrir un debate en nuestra sociedad sobre la eficacia y la eficiencia de la inversión pública y estudiar qué medidas serían de gran utilidad para desarrollar una mejor gestión de la administración pública garantizando la transparencia, y la eliminación de gastos superfluos que se realizan por la poca adaptación a la realidad cambiante.
La democracia debe aplicarse también para los objetivos de los ingresos: la ciudadanía debe poder participar de los procesos de decisión respecto al destino del dinero público, que, en definitiva, es de todos.
Beatriz Talegón es secretaria general de la Unión Internacional de Jóvenes Socialistas
