Los problemas laborales de Ana Garrido, técnico del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid) durante más de 20 años, empezaron en 2007, cuando se plantó ante los tejemanejes con la trama Gürtel del exalcalde Arturo González Panero. Testigo de la Fiscalía Anticorrupción en el caso, entonces empezó su viacrucis laboral, que ya expuso en ELPLURAL.COM, con denuncias de acoso y bajas por depresión. Los problemas continuaron con el actual gobierno municipal, también del PP, comandado por Antonio González Terol, hasta el punto de que Garrido denunció por mobbing al Ayuntamiento ante las reiteradas paralizaciones de sus trabajos y la ausencia de explicaciones.

Voluntad de "hostigar y menospreciar" a la trabajadora
El pasado mes de febrero el Juzgado de lo social número dos de Móstoles  dio por probado el acoso laboral y condenó al Ayuntamiento de Boadilla a extinguir el contrato laboral de Garrido con una indemnización de 81.437 euros más otros 14.887 “por daño moral”. El juez daba por probado que su responsable directo, el concejal Adolfo Arias Javaloyes, le advirtió de que "se lo iban a hacer pasar mal" y que existió una "voluntad consciente e intencionada, propia o ajena, de hostigar y menospreciar a la trabajadora, perturbando la relación de trabajo y dejando vacío el contenido de su relación laboral con el Ayuntamiento de Boadilla del Monte". El fallo también alertaba de que ya desde el inicio se le asignaron funciones laborales "sin la percepción de salario que le correspondía", lo que enmarcaba en una "situación coactiva" contra la trabajadora.

El TSJM ratifica que hubo 'mobbing'y reprende al Ayuntamiento
Lejos de asumir el acoso y subsanarlo, el Ayuntamiento popular de Boadilla ha seguido gastando dinero de todos los vecinos para seguir pleiteando contra Garrido y recurrieron la sentencia. Para ello no dudaron en contratar, prescindiendo de los abogados municipales, a los letrados más influyentes del país. Una tozudez con dinero de las arcas vecinales que IU llevó al Congreso para que el Gobierno diera explicaciones al ser un caso directamente relacionado con el PP y la Gürtel. Todas estas maniobras del PP no han hecho sino someter a más presión a Garrido como ella misma denunciaba estos días en un vídeo. Y a pesar de todos estos esfuerzos el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha vuelto a dar la razón a Garrido: ratifica la sentencia original según la cual su propio Ayuntamiento la acosó laboralmente y vuelve a condenar al Consistorio a asumir las costas de este nuevo proceso. Tres jueces del TSJM, por unanimidad, dan una reprimenda en toda regla al equipo municipal de González Terol y su intento de deshacerse de la técnico acosándola en lugar de despedirla: “Tratar de hacerlo de otra manera que persigue que el trabajador desista de continuar en un puesto de trabajo por las conductas insidiosas de sus superiores jerárquicos es ilegal”. Contra esta sentencia, de obligada ejecución, ya solo cabe recurso ante el Tribunal Supremo.

Garrido: "Esto lo tenemos que arreglar los ciudadanos"
En declaraciones a ELPLURAL.COM, Garrido ha mostrado una doble satifacción por este fallo: "Estoy feliz por librarme de mis acosadores, cuesta creer que esta pesadilla tenga fin, que no voy a volver a sufrirlos en el trabajo. Pero sobre todo me emociona por lo que significa de respaldo a todos los que luchan contra la corrupción, es una victoria para todos ellos, a pesar de todos sus recursos no siempre los corruptos se salen con la suya, estamos tan acostumbrados a la impunidad...". Precisamente Garrido es la presidenta de honor del Observatorio Ciudadano contra la Corrupción y también colabora con Accords, de ahí que subraye la importancia de plataformas cívicas que ayuden a destapar la corrupción protegiendo el anonimato de funcionarios que temen represalias por denunciar, como es el caso de muchos funcionarios: "Esto lo tenemos que arreglar los ciudadanos". Se ha mostrado "muy cansada psicológicamente" tras un proceso tan largo, pero también agradecida a todos los que durante este tiempo la han apoyado en este duro proceso.

La oposición pide al alcalde que asuma su responsabilidad, dimita y reintegre el dinero
En cuanto a las reacciones de la oposición en el Ayuntamiento, el edil y portavoz de la Alternativa por Boadilla, Ángel Galindo, ha declarado: "Desde el primer momento ApB mostró su apoyo a la trabajadora acosada y exigimos que los responsables políticos dimitan inmediatamente". Pero Galindo va más allá: "Vamos a exigir que asuman de su bolsillo el dinero público derrochado en todo este bochornoso proceso".

El PSOE también ha emitido un comunicado reclamando a González Terol el cese del concejal acosador Adolfo Arias: "Una sentencia firme a un político, por acoso, es una nueva vergüenza que el Partido Popular infringe a la ciudadanía y a Boadilla. Si no lo hace, el que tiene que dimitir y se hace responsable del acoso es el Alcalde”. "Además, el Partido Popular tiene que pagar de su bolsillo todos los gastos que ha tenido que afrontar el Ayuntamiento para la defensa de un acoso a una trabajadora municipal ya probado", ha declarado Cristina de Lara, Secretaria General del Partido Socialista en Boadilla.