El bufete de la reforma laboral y también para Bárcenas
Pero el Ayuntamiento de Boadilla, que tiene que pagar con dinero público el acoso a Garrido -más de 96.000 euros- ha dado un paso más y destinará aún más fondos del Consistorio en seguir pleiteando contra la técnico municipal y no será barato, ya que ha han contratado a uno de los directivos del bufete Sagardoy. El asunto ha llegado a la Mesa del Congreso a través de una pregunta parlamentaria registrada por Gaspar Llamazares, quien alerta de que el Consistorio madrileño contrató en enero al abogado Iván Gayarre Conde, "vicepresidente del prestigioso despacho Sagardoy Abogados, bufete que es autor, entre otras cosas, de la reforma laboral del PP de Rajoy" y "el mismo hombre, también, que ha defendido al partido frente a Luis Bárcenas en su demanda contra el PP por 'despido improcedente'".
"Venganza a costa del dinero de los ciudadanos"
Llamazares considera que "el Ayuntamiento quiere venganza a costa del dinero de los ciudadanos del municipio" y por ello pregunta al Gobierno sobre cómo piensa "evitar que instituciones de la Administración pública contraten servicios jurídicos externos cuando los servicios propios de la institución podrían perfectamente asumirlos", así como si se dirigirá al Ayuntamiento de Boadilla para que anule el contrato con Gayarre.
¿Malversación?
Por último, Llamazares inquiere al Gobierno sobre si va a "encomendar al Fiscal General del Estado una investigación en este ámbito, para dilucidar si no estamos ante casos de malversación de caudales públicos y una instrumentación espuria de la institución municipal para contratar servicios privados que el propio Ayuntamiento podría prestar con sus servicios jurídicos habituales".
Precedentes alarmantes
Pero no es la primera vez, el alcalde de Boadilla Antonio González Terol ya empleó mas de 18.000 euros públicos contratando a abogados de PricewaterhouseCoopers en una querella contra un edil del Consistorio que también ha sido clave para luchar contra la corrupción del municipio, un dinero malgastado porque la Justicia dio carpetazo al intento.
Además, existen serios precedentes sobre las consecuencias judiciales de usar el dinero público para sufragar las cruzadas judiciales personales de los equipos de gobierno municipales. En junio siete concejales del ejecutivo local de Santiago de Compostela fueron condenados a nueve años de inhabilitación para ejercicio de cargo público por decidir en junta de gobierno sufragar con cargo a las arcas públicas la defensa de un compañero imputado en la Operación Pokemon.
