Siete concejales del PP, condenados por decidir pagar con dinero público la defensa de un compañero imputado por corrupción

Siete concejales del ejecutivo local de Santiago de Compostela han sido condenados a nueve años de inhabilitación para ejercicio de cargo público por decidir en junta de gobierno sufragar con cargo a las arcas públicas la defensa de un compañero imputado en la Operación Pokemon, han informado fuentes judiciales.

El fallo se conoce después de que el 19 de mayo estos ediles del Partido Popular se sentasen en el banquillo acusados de la presunta comisión de un delito de prevaricación tras autorizar en esa reunión celebrada el 30 de mayo de 2013 abonar de esta manera la defensa del entonces edil de Deportes, Adrián Varela, que formalizó su dimisión el martes pasado.

Defensa con dinero público
La decisión de costear esta representación legal con dinero de las arcas municipales se adoptó después de una solicitud de Adrián Varela, pero al final no se materializó puesto que él mismo renunció a que su abogado en la causa judicial que dirige el juzgado de instrucción número uno de Lugo y en la que está imputado por tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental, se pagase con otros medios que no fuesen los suyos propios.

Siete condenados
Los concejales juzgados, y ahora condenados, son Amelia González, Juan de la Fuente, Cecilia Sierra, María Pardo, María Castelao, Luis García Bello y Francisco Noya, y todos ellos, a lo largo del proceso, han insistido en defender su inocencia. El acuerdo en la mencionada junta de gobierno fue denunciado por una particular, y la fiscal Arancha San José siempre mantuvo su petición de nueve años de inhabilitación al entender que no habían defendido lo público.

Sustituido en rueda de prensa
Contra este fallo cabe recurso y el gobierno local estudiará los pasos a dar, han señalado fuentes municipales. Uno de los concejales condenados, Francisco Noya, tenía previsto ofrecer hoy una rueda de prensa a las doce para presentar la campaña 'Vive o verán', pero fue sustituido por una técnico. El fallo, del juzgado de lo penal número uno de Santiago Compostela, sostiene que "injustamente" y valiéndose de su condición de autoridad, estos concejales "obraron" a sabiendas de la arbitrariedad del acuerdo que estaban adoptando, todo ello en beneficio "exclusivamente particular".

Conocedores en todo momento
El juez Jesús Leal concluye que los acusados fueron en todo momento sabedores de que la resolución no se ajustaba a derecho y que, aún así, acordaron asumir la propuesta formulada por el concejal imputado, que se trató de urgencia, en los términos por él mismo redactados y sin hacer referencia expresa en su acuerdo a los "condicionantes" que desde la Asesoría Jurídica les fueron indicados, ni tampoco examinar en modo alguno si concurrían o no los mismos.

Defensa por corrupción
La sentencia hace constar que sufragar con cargo a las arcas municipales la representación procesal de un concejal imputado por delitos de los considerados de corrupción no entra dentro de los parámetros de defensa letrada consustancial a las funciones innatas del cargo.

"Candorosa táctica exculpatoria"
El magistrado considera "candorosa" la "táctica exculpatoria" y ve obstinación en un "intento de justificación" que gravitó sobre el hecho de que habrían adoptado el cuestionado acuerdo ajustándose exclusivamente al "método habitual" de conducta en la adopción de este tipo de decisiones, amparando así "su extralimitación en esta máxima".
El fallo reprocha que se apele a tal proceder en una "cripta de arbitrariedad e injusticia", y concreta que precisamente es ahí donde tiene que intervenir "de forma firme e inapelable" el Derecho Penal.