Hace dos semanas escandalizó la noticia de que la Telemadrid que ha sido llevada al colapso económico por los ‘gestores’ del Gobierno regional del PP había sufragado con 30.000 euros de dinero público los litigios perdidos por Hermann Tertsch contra Wyoming. Aquella barra libre judicial a fondo perdido estaba abocada a quedar en nada y de hecho el juez no vio nada punible, pero el dinero dilapidado era el de todos los madrileños y sirvió para montar una campaña de acoso contra un comunicador muy conocido. Un mensaje de advertencia en toda regla a medios progresistas o críticos con el PP.

El Ayuntamiento de Boadilla contra uno de sus ediles
Esta manera de proceder no parece exclusiva del Gobierno regional, sino que se practica en otros centros de poder tristemente salpicados por la corrupción. Así, la justicia acaba de archivar una querella del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid), el epicentro de la trama Gürtel, contra nada menos que un edil de la oposición, Ángel Galindo, de Alternativa por Boadilla (ApB), formación que cuenta con cuatro concejales. No se trata sólo de un activo edil a la hora de vigilar la gestión del municipio, sino que como abogado se ha ganado la animadversión de la derecha local y buena parte de la nacional por ser el letrado de José Luis Peñas, exconcejal del PP en Majadahonda y denunciante de la Gürtel.

Su delito: destapar una maniobra que causó daño a las arcas públicas
El origen de esta rocambolesca historia de dinero público tirado se encuentra en una denuncia de Galindo: el exalcalde Arturo González Panero –imputado por la Gürtel- y un funcionario público habían ocultado documentos para no ejecutar una sentencia que obligaba al conde de Bañares a devolver más de 2.000 millones de pesetas que había recibido del municipio por el Palacio del Infante Luis de Borbón, lo que evitó que el dinero retornara. El conde se querelló por presuntas calumnias contra Galindo en una acción judicial que fue desestimada. Pero el Ayuntamiento por su parte se querelló también contra el concejal de la oposición por supuesta revelación de secretos e infidelidad en la custodia de documentos, un delito castigado con prisión e inhabilitación para cargo público. Le acusaban de haber destapado los documentos que evidenciaban la dilatación premeditada de la ejecución de aquella sentencia.

Alcalde ‘regenerador’ que comprometió 18.000 euros del municipio en la querella
El juez ha archivado la ofensiva judicial del Ayuntamiento ajustándose al carácter público de los documentos que había destapado Galindo y a los que accedió por el registro municipal. Como públicos son también los contratos que dejan en una situación comprometida al actual alcalde, Antonio González Terol, diputado regional, miembro de una orden ultracatólica medieval y hombre de la confianza de Ignacio González, al que secunda desde la Ejecutiva del PP de Madrid.

González Terol llegó al poder en 2011 prometiendo regeneración y un punto de inflexión con sus predecesores, dos imputados por la Gürtel. Sin embargo, en lugar de actuar contra los posibles corruptos, la concejalía de Urbanismo contrató a abogados de PricewaterhouseCoopers para que gestionara aquella querella contra Galindo. El contrato (1 y 2) evita nombrar al edil, alude a que el “servicio” consiste en “la dirección letrada y asesoramiento legal del Ayuntamiento en el Procedimiento Abreviado 1.508/12” del juzgado de instrucción número 4 de Móstoles, el número de expediente que identificaba aquella causa. El contrato fija hasta un máximo de 18.000 euros para esos servicios jurídicos solo en primera instancia, es decir, que el intento de enviar a prisión e inhabilitar a Galindo fue sufragado con dinero municipal.

“El fin es amedrentarnos y silenciarnos”
"El Partido Popular se gasta el dinero público en atacar a la oposición, con el fin de amedrentarnos y silenciarnos”, ha denunciado Galindo tras el archivo de la querella contra él, si bien anuncia que su grupo municipal de ApB va a exigir que el alcalde “lo pague de su bolsillo” para que no sean los vecinos los que financien ese intento de echarle de la política. El edil cree además que las maniobras del gobierno del PP en Boadilla en torno a documentos que son públicos son el preocupante síntoma del secretismo de su gestión, “que debería ser especialmente transparente” con los antecedentes que tienen en el municipio.