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Una agencia de noticias estadounidense vetada de determinados actos presidenciales por negarse a utilizar el nombre elegido por Donald Trump para el golfo de México. Periodistas brasileños acosados después de investigar las relaciones empresariales de la familia Bolsonaro. Y un organismo público húngaro que investigaba a medios independientes bajo la sospecha de servir a intereses extranjeros. Tres países, tres conflictos diferentes y una preocupación compartida: hasta qué punto los dirigentes políticos pueden utilizar su influencia, los tribunales y las instituciones para condicionar el trabajo de quienes los fiscalizan.
Donald Trump, Jair Bolsonaro y Viktor Orbán han mantenido enfrentamientos recurrentes con los medios críticos, aunque las herramientas empleadas y sus consecuencias no han sido idénticas. En Estados Unidos, Trump ha combinado demandas multimillonarias contra grandes cabeceras con restricciones de acceso a determinados acontecimientos oficiales. En Brasil, Bolsonaro y su entorno protagonizaron durante su presidencia numerosas campañas de descrédito contra periodistas, una dinámica que ha seguido manifestándose en conflictos protagonizados por sus aliados. En Hungría, el Gobierno de Orbán fue más allá de los ataques verbales y creó un organismo estatal con capacidad para investigar a organizaciones y medios acusados de actuar al servicio de intereses extranjeros.
Estas actuaciones no pueden calificarse indiscriminadamente como demandas SLAPP, el término utilizado para describir procedimientos judiciales abusivos dirigidos contra la participación pública. Algunas son litigios civiles, otras responden a decisiones administrativas o campañas de hostigamiento político. Sin embargo, los tres casos permiten examinar las distintas formas de presión sobre el periodismo que organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y Human Rights Watch vienen denunciando.
Trump: de las demandas millonarias a restringir el acceso a la Casa Blanca
El enfrentamiento de Donald Trump con los medios de comunicación constituye uno de los rasgos más reconocibles de su trayectoria política. Durante su primer mandato popularizó las acusaciones contra la prensa que consideraba hostil y convirtió la expresión fake news en una herramienta recurrente de confrontación con periodistas y cabeceras. Su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025 abrió una nueva etapa en la que los conflictos también se han trasladado a los tribunales y a las condiciones de acceso a la información oficial.
Uno de los episodios más significativos comenzó en febrero de 2025, cuando la Administración restringió el acceso de los periodistas de Associated Press a determinados actos presidenciales. El motivo fue la decisión de la agencia de continuar utilizando la denominación tradicional de golfo de México, aunque informando también del cambio de nombre impulsado por Trump, que había ordenado denominarlo golfo de América en la documentación oficial estadounidense.
La disputa, aparentemente terminológica, terminó convirtiéndose en una batalla constitucional. AP denunció que la Casa Blanca estaba castigando a una organización periodística por sus decisiones editoriales. En abril de 2025, un juez federal nombrado durante el primer mandato de Trump ordenó restaurar provisionalmente su acceso, al considerar que el Gobierno no podía discriminar a los periodistas por sus puntos de vista.
La Administración recurrió y consiguió paralizar la aplicación de aquella decisión mientras continuaba el litigio. La Casa Blanca defendía su potestad para decidir qué periodistas podían acceder a actos con aforo limitado; la agencia sostenía que esa facultad no podía utilizarse para penalizar una línea editorial.
El conflicto no fue el único. Trump también emprendió acciones por difamación contra medios como CNN, The New York Times, The Wall Street Journal y la BBC, con reclamaciones que en algunos casos alcanzaron miles de millones de dólares.
Los resultados judiciales han sido diversos. En 2023 fue desestimada una demanda de 475 millones de dólares contra CNN. En otro procedimiento, relacionado con una investigación sobre sus declaraciones fiscales, un tribunal ordenó a Trump pagar cerca de 400.000 dólares en gastos legales a The New York Times después de rechazar sus reclamaciones contra el periódico y sus periodistas.
En diciembre de 2025, el presidente presentó una demanda de 10.000 millones de dólares contra la BBC por la edición de un discurso suyo del 6 de enero de 2021. La cadena británica reconoció que el montaje había sido engañoso y pidió disculpas, aunque negó que existiera fundamento jurídico para una condena por difamación. El procedimiento seguía abierto en octubre de 2026.
Las reclamaciones económicas han convivido con acuerdos extrajudiciales de considerable cuantía. En diciembre de 2024, ABC aceptó destinar 15 millones de dólares a la futura biblioteca presidencial de Trump para resolver un litigio por difamación. En julio de 2025, Paramount, matriz de CBS, acordó pagar 16 millones para cerrar otra disputa relacionada con la edición de una entrevista a Kamala Harris.
El acuerdo de Paramount coincidió con la tramitación de su operación empresarial con Skydance, que necesitaba autorización de la Comisión Federal de Comunicaciones. Esa circunstancia provocó críticas y sospechas sobre posibles presiones regulatorias, aunque la coincidencia temporal no demuestra por sí sola la existencia de un intercambio de favores.
En conjunto, estos episodios reflejan varias dimensiones del conflicto: demandas promovidas por el propio presidente, acuerdos alcanzados por compañías de comunicación y restricciones administrativas cuestionadas judicialmente. El impacto potencial de esas actuaciones no se limita a los resultados de los litigios, sino que también afecta a las relaciones entre los medios y el poder ejecutivo.
La preocupación ha llegado al terreno de la libertad de prensa internacional. En su clasificación de 2026, Reporteros Sin Fronteras situó a Estados Unidos en el puesto 64, siete posiciones por debajo del año anterior, y señaló las actuaciones de la Administración Trump como uno de los factores del deterioro.
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Bolsonaro: los periodistas como adversarios políticos
En Brasil, Jair Bolsonaro desarrolló durante su presidencia, entre 2019 y 2022, una confrontación sostenida con los medios de comunicación. Sus intervenciones públicas y sus mensajes en redes sociales incluyeron descalificaciones a periodistas, acusaciones de manipulación informativa y enfrentamientos especialmente duros con reporteras que cubrían la actividad del Ejecutivo.
La Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (Abraji) registró 453 ataques contra periodistas y medios de comunicación en 2021, de los cuales el 69% fueron atribuidos a agentes estatales. La organización señaló que Bolsonaro y su entorno político concentraron una parte considerable de los incidentes.
Los episodios comprendían desde discursos de descrédito hasta agresiones, amenazas y restricciones al trabajo periodístico. Las cifras de Abraji recogen distintas modalidades de ataques y no equivalen a un número de demandas judiciales.
Reporteros Sin Fronteras también documentó un incremento de los ataques públicos de Bolsonaro y sus familiares contra la prensa. Durante el primer semestre de 2021, la organización contabilizó 331 episodios atribuidos al denominado entorno o sistema Bolsonaro, incluidos los protagonizados por sus hijos y aliados políticos.
Las consecuencias no se limitaron a la confrontación verbal. La periodista Patrícia Campos Mello, de Folha de S.Paulo, obtuvo resoluciones judiciales favorables por comentarios ofensivos y de contenido machista de Jair y Eduardo Bolsonaro. En junio de 2022, un tribunal de São Paulo también condenó al entonces presidente a indemnizar por daños morales colectivos derivados del hostigamiento a periodistas, en una resolución cuya evolución posterior debe distinguirse de aquel fallo inicial.
El final de su mandato no supuso la desaparición de las tensiones entre el movimiento bolsonarista y los medios. En mayo de 2026, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) denunció amenazas y campañas de acoso relacionadas con una investigación de Intercept Brasil sobre las conexiones de la familia Bolsonaro con el banquero Daniel Vorcaro.
El diputado Hélio Lopes, aliado de Flávio Bolsonaro, solicitó al Tribunal Supremo Federal y al Tribunal Superior Electoral que investigasen penalmente informaciones publicadas por el medio. En el momento de la denuncia del CPJ, Intercept Brasil aseguraba que no había recibido ninguna comunicación sobre la apertura de un procedimiento.
Otro periodista, Steven Monacelli, denunció amenazas y una campaña de hostigamiento digital después de intentar obtener declaraciones de Eduardo Bolsonaro en Texas. Según relató al CPJ, su imagen empezó a circular en cuentas de la derecha brasileña después del incidente.
Estas actuaciones no constituyen por sí mismas pruebas de una SLAPP, pero muestran que el enfrentamiento entre el entorno bolsonarista y determinados periodistas ha continuado más allá de la etapa presidencial de Jair Bolsonaro.
El rasgo distintivo del caso brasileño ha sido la combinación de ataques públicos, movilización de seguidores en redes sociales y conflictos judiciales o institucionales, un patrón descrito por organizaciones de defensa de la libertad de prensa durante los últimos años.
Orbán: cuando la presión sobre los medios se convierte en una institución
El caso de Hungría ofrece una perspectiva diferente. Durante los 16 años de gobiernos encabezados por Viktor Orbán, desde 2010 hasta 2026, organizaciones como Freedom House y Human Rights Watch denunciaron una progresiva concentración del sistema mediático, el uso de publicidad estatal en beneficio de medios próximos al Gobierno y la acumulación de obstáculos para las redacciones independientes.
La presión no dependía únicamente de las declaraciones del primer ministro. También se apoyaba en reformas legales y estructuras administrativas impulsadas desde el Estado.
Uno de los ejemplos más controvertidos fue la Oficina de Protección de la Soberanía, creada mediante una ley aprobada en 2023. Su función oficial consistía en investigar actividades que pudieran representar una interferencia extranjera en la vida política húngara. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos denunciaron que sus amplias facultades permitían señalar a periodistas, asociaciones y entidades críticas con el Gobierno.
Entre los objetivos de sus actuaciones figuraron el medio de investigación Átlátszó y Transparency International Hungría. La oficina también publicó materiales contra periodistas de otros medios independientes, a los que vinculaba con supuestos intereses extranjeros.
La Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción por la normativa que dio origen al organismo. En febrero de 2026, el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluyó en su opinión que sus facultades eran incompatibles con derechos fundamentales y podían producir un efecto disuasorio sobre la actividad periodística.
El conflicto adquirió una nueva dimensión tras las elecciones húngaras de abril de 2026, que pusieron fin a los gobiernos de Orbán. El nuevo Ejecutivo impulsó la desaparición de la Oficina de Protección de la Soberanía y el Parlamento aprobó su abolición el 30 de junio.
Human Rights Watch celebró la decisión como un avance para recuperar garantías institucionales y proteger a los medios independientes. La organización también destacó otras reformas aprobadas en junio, entre ellas cambios en la supervisión de los medios públicos y nuevas restricciones a determinadas modalidades de propaganda política.
El caso húngaro permite observar las consecuencias de una estrategia diferente a la de las demandas millonarias promovidas por Trump. Aquí la preocupación principal estaba en la utilización de las propias estructuras del Estado para investigar y desacreditar a organizaciones críticas, bajo argumentos relacionados con la soberanía y la influencia extranjera.
La derrota electoral de Orbán y las reformas posteriores también muestran que estas estructuras pueden ser revertidas políticamente, aunque eso no elimina automáticamente los efectos acumulados durante años sobre el pluralismo informativo.
Tres estrategias distintas y una misma preocupación democrática
Los casos estadounidense, brasileño y húngaro presentan diferencias que conviene no perder de vista. Trump ha utilizado de forma destacada las demandas civiles, ha alcanzado acuerdos económicos con empresas mediáticas y ha defendido amplias facultades presidenciales para regular el acceso informativo a la Casa Blanca. Bolsonaro impulsó una confrontación pública con la prensa que involucró a miembros de su familia y a sectores de su movimiento político. Orbán desarrolló un modelo de intervención institucional que afectó a la estructura del mercado informativo y al funcionamiento de los medios independientes.
Tampoco existe una base suficiente para atribuir todos estos episodios a una estrategia internacional coordinada. Las afinidades ideológicas entre los dirigentes no demuestran que sus políticas de relación con la prensa respondan a instrucciones compartidas. Lo que sí permiten identificar sus respectivos antecedentes son mecanismos distintos de presión sobre los medios.
La discusión adquiere relevancia en el contexto de la expansión del debate sobre las demandas SLAPP. La Unión Europea aprobó en 2024 una directiva destinada a proteger la participación pública frente a litigios civiles abusivos. La legislación contempla garantías procesales para periodistas y otros actores sometidos a demandas manifiestamente infundadas o a procedimientos abusivos, aunque su ámbito de aplicación no abarca todas las formas de presión institucional, política o digital.
La propia Reporteros Sin Fronteras ha advertido de que la situación mundial de la libertad de prensa se ha deteriorado hasta alcanzar en 2026 su nivel más bajo desde la creación de su clasificación hace 25 años. Según la organización, el indicador relacionado con el entorno jurídico fue el que más empeoró durante el último año, en un contexto marcado por la proliferación de instrumentos legales restrictivos y procedimientos contra periodistas.
Las experiencias de Estados Unidos, Brasil y Hungría ilustran por qué el debate no puede limitarse a determinar si una demanda prospera o fracasa. Un medio puede verse obligado a afrontar gastos judiciales considerables, un reportero puede sufrir campañas de intimidación después de publicar una investigación y una redacción puede encontrar obstáculos administrativos para desarrollar su trabajo.
El derecho a reclamar ante los tribunales y a defender la reputación personal sigue siendo una garantía esencial. La cuestión aparece cuando los instrumentos legales o institucionales se utilizan de manera abusiva para dificultar el escrutinio público.
En sociedades con sistemas políticos tan diferentes como Estados Unidos, Brasil y Hungría, los casos documentados recuerdan que las condiciones para ejercer el periodismo dependen tanto de la libertad para publicar como de la protección frente a represalias por hacerlo.
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