Del Nobel de la Paz a las pequeñas redacciones: las demandas que amenazan al periodismo en todo el mundo

Catorce periodistas, diez procedimientos judiciales y una redacción dedicada a investigar la corrupción y el crimen organizado. En 2022, el medio independiente serbio KRIK se encontraba en una situación que iba mucho más allá de la actividad habitual de un periódico. Entre quienes habían emprendido acciones legales contra sus periodistas figuraban un alto cargo policial, el responsable de los servicios secretos, empresarios y personas relacionadas con el crimen organizado. La mayoría de los demandantes mantenían, según denunció la organización internacional OCCRP, vínculos con el entorno del poder político serbio. Mientras sus reporteros investigaban las relaciones entre política, dinero y delincuencia, la propia redacción debía dedicar una parte de sus recursos a defenderse ante los tribunales.

Miles de kilómetros al este, la periodista filipina Maria Ressa, galardonada con el Premio Nobel de la Paz, afrontaba las consecuencias de una condena por ciberdifamación y distintos procedimientos relacionados con su trabajo al frente de Rappler. En Bélgica, el periódico independiente Apache calculaba que había gastado más de 70.000 euros en abogados por los litigios promovidos por un empresario inmobiliario. Y en India, un periodista que había investigado los negocios del poderoso conglomerado Adani llegó a enfrentarse a una orden de detención.

Las historias transcurren en países con sistemas judiciales y realidades políticas muy diferentes, pero comparten un problema: la posibilidad de que los procedimientos judiciales se conviertan en una forma de presión contra quienes investigan asuntos de interés público. Es el fenómeno que las organizaciones de defensa de la libertad de prensa identifican con las siglas SLAPP, procedentes del inglés Strategic Lawsuits Against Public Participation, o demandas estratégicas contra la participación pública.

Aunque no todas las acciones judiciales contra periodistas son abusivas, la acumulación de litigios, las reclamaciones económicas desproporcionadas y la utilización de procedimientos para obstaculizar investigaciones forman parte de los mecanismos que han llevado a la Unión Europea a impulsar una legislación específica. El problema no reside únicamente en perder un juicio. En ocasiones, el desgaste empieza mucho antes de que un tribunal dicte sentencia.

Serbia: una pequeña redacción frente a una avalancha de demandas

KRIK nació en 2015 como un medio especializado en investigar el crimen organizado y la corrupción en Serbia. Su trabajo ha permitido documentar conexiones entre empresarios, estructuras criminales y personas próximas al poder. Esa actividad también lo convirtió en objetivo de campañas de desprestigio y presiones judiciales denunciadas por organizaciones internacionales.

A comienzos de 2022, el periódico afrontaba diez procedimientos, entre ellos ocho causas civiles, una penal y otra por una infracción administrativa. La organización Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), de cuya red internacional forma parte KRIK, alertó de que la sucesión de demandas amenazaba la capacidad operativa de una redacción compuesta entonces por apenas 14 profesionales.

Las acciones procedían de demandantes diferentes y no todas respondían a los mismos hechos. Entre ellos había responsables institucionales, empresarios y personas investigadas por su presunta relación con actividades criminales. El medio y las organizaciones que lo respaldaban consideraban que esa acumulación de litigios constituía una estrategia de intimidación.

El problema continuó durante los años siguientes. En noviembre de 2024, KRIK documentaba 16 procedimientos considerados SLAPP que seguían abiertos, según un informe de seguimiento de sus casos. La mayoría eran demandas civiles por difamación, aunque también existían actuaciones penales relacionadas con la utilización de datos personales y reclamaciones empresariales por presuntos perjuicios económicos.

El caso permite comprender una de las principales características de estas prácticas: las consecuencias de las demandas no dependen exclusivamente de las indemnizaciones solicitadas. Cada nuevo procedimiento exige trabajo jurídico, preparación documental y tiempo de periodistas que, en otras circunstancias, podrían dedicar esos recursos a nuevas investigaciones.

Filipinas: el Nobel de la Paz que no puso fin a los tribunales

La historia de Maria Ressa tiene otra dimensión. La periodista filipina, cofundadora del medio digital Rappler, se convirtió en una de las voces más reconocidas de la prensa independiente por sus investigaciones sobre el poder político, la desinformación y las violaciones de derechos humanos durante el Gobierno de Rodrigo Duterte.

En junio de 2020 fue condenada por ciberdifamación en relación con un artículo publicado por Rappler. La sentencia abrió un largo recorrido judicial que se sumó a otras actuaciones contra la periodista y su empresa.

En 2021, Ressa recibió el Premio Nobel de la Paz junto al periodista ruso Dmitri Murátov por su defensa de la libertad de expresión. El reconocimiento internacional no terminó con sus problemas judiciales. Aunque posteriormente consiguió absoluciones en procedimientos fiscales, la condena por ciberdifamación seguía pendiente de revisión judicial en 2026.

Su caso ha sido denunciado por organizaciones internacionales como un ejemplo de presión contra el periodismo independiente. Las autoridades filipinas defendieron en su momento la legalidad de los procedimientos y negaron que existiera una persecución política, mientras que Ressa y sus defensores consideraron que las actuaciones formaban parte de una ofensiva dirigida a debilitar Rappler.

La diferencia con KRIK resulta significativa. En Serbia, la presión denunciada se materializaba en una acumulación de demandas contra una pequeña organización periodística. En Filipinas, los procedimientos contra una periodista de reconocimiento mundial mostraban que la notoriedad internacional tampoco garantiza quedar al margen de los conflictos judiciales.

Bélgica: ganar ante los jueces y pagar más de 70.000 euros

Si hay un caso que permite medir económicamente las consecuencias de la presión judicial sobre un periódico, es el de Apache. Este medio belga, especializado en periodismo de investigación, publicó informaciones sobre negocios inmobiliarios y las relaciones entre promotores y responsables políticos de Amberes.

Sus investigaciones provocaron diversos procedimientos promovidos por el empresario inmobiliario Erik Van der Paal. El conflicto llegó a los tribunales en varias ocasiones, con resoluciones que terminaron respaldando al medio en asuntos relevantes.

En 2022, el Tribunal de Apelación de Amberes confirmó la absolución de periodistas de Apache en un procedimiento relacionado con grabaciones realizadas en un espacio público. Los magistrados consideraron que las imágenes tenían relevancia informativa y no constituían una vulneración ilícita de la privacidad. Además, reconocieron una indemnización total de 10.000 euros para dos periodistas por una actuación procesal abusiva.

Sin embargo, las victorias judiciales no compensaron automáticamente el dinero invertido en defenderse. En junio de 2022, Apache cifró en 69.341,62 euros los gastos de abogados abonados directamente por la cooperativa editora, a los que había que sumar cantidades asumidas por su aseguradora y otros costes de cobertura jurídica.

La cifra resulta especialmente reveladora porque no corresponde a una condena contra el periódico, sino al dinero necesario para afrontar los procedimientos.

La organización belga de lucha contra las SLAPP ha documentado este conflicto como un caso de utilización abusiva de acciones judiciales contra periodistas. Las resoluciones y los gastos soportados por Apache ilustran un problema que afecta particularmente a los medios con recursos limitados: conseguir una sentencia favorable no supone necesariamente recuperar todas las cantidades invertidas ni el tiempo dedicado a litigar.

India: investigar un imperio empresarial y acabar ante la Justicia

La presión judicial contra el periodismo también puede proceder de grandes intereses empresariales. En India, Reporteros Sin Fronteras ha documentado una sucesión de procedimientos emprendidos por compañías del conglomerado Adani contra periodistas y medios que investigaban sus negocios.

Uno de los nombres centrales es el de Paranjoy Guha Thakurta, periodista especializado en economía y antiguo director de Economic and Political Weekly. Sus investigaciones abordaron, entre otras cuestiones, operaciones empresariales y decisiones públicas relacionadas con el grupo fundado por Gautam Adani.

En enero de 2021, un tribunal de Gujarat emitió una orden de detención contra Guha Thakurta en el marco de una causa por difamación relacionada con informaciones publicadas en 2017. La orden fue suspendida posteriormente por el Tribunal Superior de Gujarat.

El episodio no fue un hecho aislado. Según una investigación publicada por Reporteros Sin Fronteras en febrero de 2026, la organización había identificado al menos diez casos judiciales promovidos por compañías del grupo Adani contra periodistas durante aproximadamente nueve años, algunos de ellos con varios procedimientos asociados.

RSF también señaló que determinadas resoluciones provisionales habían impedido temporalmente publicar informaciones relacionadas con el conglomerado y que varios periodistas continuaban inmersos en procedimientos. La organización caracteriza estas acciones como SLAPP, aunque esa valoración no equivale a una declaración judicial general sobre todos los casos.

Las compañías demandantes han recurrido a los tribunales alegando, entre otras cuestiones, perjuicios a su reputación. La existencia de esos derechos debe distinguirse de la evaluación de un posible abuso procesal. Precisamente esa frontera constituye uno de los principales debates sobre las SLAPP: determinar cuándo una reclamación legítima pasa a convertirse en un instrumento para obstaculizar el escrutinio público.

El Reino Unido y el periodista que investigó el dinero de los poderosos

Otro caso destacado es el del periodista británico Tom Burgis, autor de Kleptopia, una investigación sobre las conexiones internacionales entre grandes fortunas, empresas y redes de corrupción.

La compañía minera Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC) interpuso una demanda por difamación contra Burgis y su editorial, HarperCollins, a raíz del contenido del libro. El litigio llegó al Tribunal Superior de Inglaterra y Gales.

En marzo de 2022, el juez desestimó la reclamación después de examinar el significado de los pasajes cuestionados y concluir que la interpretación necesaria para sostener la demanda no podía prosperar en los términos planteados.

El caso se convirtió en una referencia del debate británico sobre las demandas estratégicas contra la participación pública y la necesidad de proteger el periodismo de investigación. Burgis pudo continuar defendiendo su trabajo, pero el procedimiento mostró cómo la publicación de un libro sobre asuntos de interés público podía abrir un conflicto jurídico con una empresa de gran capacidad económica.

La resolución también permite introducir un matiz relevante: no todas las demandas que se consideran intimidatorias terminan con una declaración judicial expresa de que se ha producido una SLAPP. Algunas son desestimadas por razones jurídicas distintas, aunque organizaciones de defensa de la libertad de expresión las utilicen para ilustrar los riesgos de la litigación abusiva.

Más de 1.300 casos documentados en Europa

Las historias de KRIK, Apache o Burgis forman parte de un fenómeno que ha adquirido una dimensión suficientemente relevante como para movilizar a las instituciones europeas.

El informe SLAPPs in Europe: Democracy in the Dock, publicado en enero de 2026 por la Coalición contra las SLAPP en Europa (CASE) y la Fundación Daphne Caruana Galizia, identificó 1.303 casos entre 2010 y 2024 en 43 países, incluidos 167 procedimientos iniciados durante 2024.

Las cifras no equivalen al número total de demandas abusivas existentes. La propia organización advierte de las limitaciones de su registro y de que muchas presiones no llegan a convertirse en procedimientos públicos, porque se producen antes mediante amenazas legales o requerimientos extrajudiciales.

El informe también señala que las acciones identificadas ya no se limitan a las demandas tradicionales por difamación. En los últimos años han aparecido conflictos relacionados con la protección de datos, la propiedad intelectual y otras ramas del derecho.

La preocupación por estas prácticas condujo a la aprobación de la Directiva europea 2024/1069, conocida como Ley Daphne en memoria de la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia, asesinada en 2017 después de años de investigaciones sobre corrupción y de afrontar numerosos procedimientos judiciales.

La normativa establece garantías frente a reclamaciones manifiestamente infundadas y procedimientos abusivos relacionados con la participación pública. Entre ellas figuran mecanismos de desestimación temprana, garantías económicas y medidas dirigidas a evitar que los litigios se utilicen para intimidar.

Su alcance, no obstante, es limitado: la directiva se centra en procedimientos civiles y mercantiles con repercusiones transfronterizas. La Comisión Europea ha recomendado a los Estados miembros ampliar la protección a situaciones de carácter estrictamente nacional y reforzar las garantías en otros ámbitos.

El plazo europeo de transposición venció el 7 de mayo de 2026. En España, el Gobierno aprobó en primera vuelta, el 14 de abril, dos anteproyectos destinados a incorporar estas medidas al ordenamiento jurídico.

Cuando el procedimiento judicial se convierte en parte de la noticia

Los casos de Serbia, Filipinas, Bélgica, India y Reino Unido muestran realidades diferentes. No todos responden a la misma legislación, ni todas las acusaciones de abuso han sido confirmadas por resoluciones judiciales. Tampoco cualquier demanda contra un medio puede considerarse ilegítima: las personas y empresas tienen derecho a acudir a los tribunales cuando entienden que una información ha vulnerado sus derechos.

El problema que denuncian las organizaciones de libertad de prensa aparece cuando los procedimientos se emplean de manera abusiva y su acumulación, duración o coste pueden desincentivar la publicación de nuevas investigaciones.

En KRIK, las demandas coincidieron con el trabajo de una pequeña redacción que investigaba conexiones entre delincuencia y poder político. En Rappler, los procesos judiciales alcanzaron a una periodista distinguida con el Nobel de la Paz. En Apache, las sentencias favorables no evitaron una factura de decenas de miles de euros. En India, una investigación económica derivó incluso en una orden de detención posteriormente suspendida.

Son ejemplos de una misma preocupación: la libertad de información no solo puede verse afectada por la censura directa, sino también por los obstáculos que dificultan el ejercicio cotidiano del periodismo.

La respuesta europea reconoce que una demanda puede tener consecuencias mucho antes de que llegue la sentencia. Para los periódicos que investigan asuntos de interés público, la cuestión no consiste únicamente en poder defender una información publicada, sino en disponer de recursos suficientes para seguir investigando mientras esa defensa continúa en los tribunales.