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El 16 de octubre de 2017, la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia salió de su casa, situada en la localidad de Bidnija, y se subió a su coche. Apenas había comenzado a conducir cuando una bomba colocada en el vehículo acabó con su vida. Tenía 53 años y llevaba buena parte de su carrera investigando la corrupción política, las operaciones financieras opacas y las conexiones entre empresarios y miembros del Gobierno de Malta. Su asesinato conmocionó a Europa y destapó una crisis institucional que terminaría provocando la dimisión del primer ministro Joseph Muscat.
Pero la violencia contra Caruana Galizia no había comenzado aquella tarde. Durante años había recibido amenazas, sufrido campañas de hostigamiento y tenido que defenderse en los tribunales por sus publicaciones. Cuando fue asesinada, afrontaba 48 procedimientos judiciales: 43 civiles y cinco penales, según recogió posteriormente el Parlamento Europeo. Su situación acabaría convirtiéndose en uno de los símbolos de las denominadas demandas SLAPP, las acciones judiciales abusivas que buscan intimidar o silenciar a quienes investigan y denuncian asuntos de interés público.
Casi siete años después de su asesinato, en abril de 2024, la Unión Europea publicó una directiva destinada a combatir estas prácticas. La norma sería conocida como la Ley Daphne, en homenaje a una periodista cuya historia había demostrado hasta qué punto la presión judicial podía convertirse en una herramienta contra la libertad de información.
Una periodista incómoda para el poder
Daphne Caruana Galizia era una de las voces más reconocidas del periodismo de investigación maltés. Desde su blog, Running Commentary, publicaba informaciones sobre corrupción, blanqueo de capitales y relaciones entre las élites políticas y económicas de la isla. Su trabajo alcanzó especial relevancia con las revelaciones de los Papeles de Panamá, que expusieron la utilización de sociedades offshore por parte de figuras próximas al Gobierno.
Entre sus investigaciones figuraban las conexiones empresariales de miembros del Ejecutivo y las operaciones relacionadas con el sector energético. Algunas de aquellas informaciones situaron bajo escrutinio al entonces ministro de Energía, Konrad Mizzi, y al jefe de gabinete del primer ministro, Keith Schembri. La periodista también investigaba el programa maltés de venta de ciudadanía a inversores extranjeros y sus posibles implicaciones.
Su actividad le granjeó numerosos enfrentamientos con personas vinculadas al poder político y empresarial. Las presiones no se limitaban a la crítica pública. Caruana Galizia fue objeto de amenazas telefónicas, mensajes intimidatorios y ataques contra su propiedad. El Parlamento Europeo documentó posteriormente que su vivienda había sufrido un incendio provocado y que también habían matado a uno de sus perros.
A ese clima de hostigamiento se sumaba la presión de los procedimientos judiciales. Las demandas podían obligarla a dedicar tiempo y recursos a su defensa, mientras continuaba publicando investigaciones sobre asuntos de interés público. Algunas de aquellas causas, según denunció años después la fundación que lleva su nombre, seguían abiertas mucho después de su asesinato.
Su caso puso de manifiesto que una noticia puede convertirse en el comienzo de un largo conflicto judicial, incluso cuando el procedimiento no termina dando la razón a quien presenta la demanda.
Cuarenta y ocho procedimientos judiciales contra una periodista
La cifra de 48 procedimientos se ha convertido en uno de los datos más representativos del caso Caruana Galizia. El Parlamento Europeo la recogió expresamente en su resolución del 19 de octubre de 2023, en la que recordó que la reportera afrontaba 43 demandas civiles y cinco procedimientos penales cuando fue asesinada.
El número resulta especialmente significativo porque ilustra uno de los mecanismos característicos de las SLAPP, siglas de Strategic Lawsuits Against Public Participation, que pueden traducirse como demandas estratégicas contra la participación pública.
Estas acciones no se definen únicamente por su resultado judicial, sino por su eventual carácter abusivo. Su finalidad puede ser intimidar a periodistas, activistas o investigadores, aumentar los costes de su actividad y disuadirlos de seguir participando en debates de interés general. La acumulación de litigios, las reclamaciones económicas desproporcionadas y determinadas tácticas procesales son algunos de los indicios que permiten identificar estas prácticas.
No toda demanda contra un periodista constituye una SLAPP. El derecho al honor y la protección de la reputación también están reconocidos por el ordenamiento jurídico. La diferencia aparece cuando los mecanismos legales se utilizan de forma abusiva para obstaculizar la participación pública en lugar de buscar una reparación legítima.
En el caso de Caruana Galizia, los numerosos procedimientos formaban parte de un contexto de presión mucho más amplio. Una investigación pública independiente, concluida en julio de 2021, determinó que el Estado maltés debía asumir responsabilidad por su asesinato al haber permitido un clima de impunidad que contribuyó a generar las condiciones para el crimen. El informe no concluyó que el Estado hubiera organizado el atentado, pero sí identificó graves fallos institucionales en la protección de la periodista.
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Del asesinato a una crisis de Estado
La muerte de Caruana Galizia abrió una investigación criminal de enorme trascendencia política. Las pesquisas llevaron a la detención y procesamiento de varios implicados en la preparación y ejecución del atentado. También sacaron a la luz conexiones entre personas investigadas y miembros del entorno del Ejecutivo maltés.
El caso provocó manifestaciones multitudinarias y una creciente presión internacional sobre las autoridades del país. En medio de aquella crisis, Joseph Muscat anunció su dimisión en diciembre de 2019 y abandonó el cargo de primer ministro en enero de 2020.
La investigación judicial siguió avanzando. Los hermanos George y Alfred Degiorgio fueron condenados a 40 años de prisión en 2022 tras reconocer su participación en el asesinato. Otro implicado, Vincent Muscat, recibió una condena de 15 años después de colaborar con la Justicia. En junio de 2025, Robert Agius y Jamie Vella fueron condenados a cadena perpetua por suministrar la bomba utilizada en el atentado.
Sin embargo, la determinación de quién ordenó el asesinato ha seguido siendo uno de los grandes puntos de controversia.
El 2 de septiembre de 2026, un jurado absolvió al empresario Yorgen Fenech, acusado de complicidad y asociación delictiva en relación con el crimen. La Fiscalía sostenía que había organizado y financiado el atentado, pero el jurado lo declaró no culpable por ocho votos contra uno. La absolución provocó nuevas protestas y una dura reacción de la familia de la periodista. El 22 de septiembre, la Fiscalía maltesa presentó un recurso contra el veredicto.
Nueve años después del asesinato, el caso continúa proyectando interrogantes sobre la responsabilidad de quienes pudieron ordenar el crimen y sobre la respuesta de las instituciones encargadas de proteger a la periodista.
La ley que lleva su nombre
La muerte de Caruana Galizia impulsó una movilización internacional en defensa de la libertad de prensa. Su familia, organizaciones de periodistas y colectivos de derechos civiles promovieron reformas para impedir que los tribunales pudieran utilizarse como instrumentos de intimidación contra quienes investigan asuntos de interés público.
De aquel movimiento surgió el impulso político que desembocaría en la Directiva (UE) 2024/1069, aprobada el 11 de abril de 2024 y publicada cinco días después en el Diario Oficial de la Unión Europea. Su objetivo es establecer garantías frente a las demandas manifiestamente infundadas y los procedimientos judiciales abusivos dirigidos contra personas que participan en el debate público.
La normativa contempla mecanismos para solicitar la desestimación temprana de reclamaciones manifiestamente infundadas, exigir garantías económicas en determinados casos y establecer medidas frente a los litigios abusivos. También prevé la posibilidad de recuperar las costas procesales conforme a las condiciones que fija su articulado.
Su alcance, sin embargo, tiene límites. La directiva regula principalmente los litigios civiles y mercantiles con repercusiones transfronterizas. No se aplica directamente a los procedimientos penales ni establece por sí sola una protección general frente a cualquier demanda presentada dentro de un mismo país.
Los Estados miembros pueden aprobar garantías más amplias y la Comisión Europea ha recomendado extender la protección a situaciones exclusivamente nacionales.
El plazo para incorporar la directiva a las legislaciones estatales venció el 7 de mayo de 2026. En España, el Gobierno aprobó el 14 de abril dos anteproyectos destinados a adaptar la normativa europea, con medidas dirigidas a prevenir los abusos procesales contra periodistas y otros participantes en la vida pública.
La existencia de esta regulación supone el reconocimiento institucional de un fenómeno que durante años había sido denunciado por organizaciones de defensa de la libertad de expresión.
El legado de una periodista que no dejó de investigar
El nombre de Daphne Caruana Galizia está hoy vinculado a la protección del periodismo en Europa. El Parlamento Europeo creó en su memoria un premio anual de periodismo y las organizaciones que impulsaron la legislación anti-SLAPP continúan reclamando medidas que permitan identificar y frenar los procedimientos judiciales abusivos.
Su historia también deja una distinción esencial. Las demandas que afrontó durante su carrera y el atentado que acabó con su vida fueron formas diferentes de hostigamiento y violencia, que no deben confundirse ni equipararse. Sin embargo, ambas forman parte del contexto de presiones y amenazas que examinó la investigación pública sobre su asesinato.
La aprobación de la Ley Daphne no elimina los riesgos del periodismo de investigación ni impide que cualquier persona pueda acudir legítimamente a los tribunales para defender sus derechos. Lo que pretende es evitar que ese derecho se convierta en un instrumento de intimidación contra quienes informan sobre asuntos de interés general.
Daphne Caruana Galizia no llegó a conocer la norma que acabaría llevando su nombre. Murió en 2017, después de años investigando al poder y afrontando decenas de procedimientos judiciales. En 2024, la Unión Europea convirtió su experiencia en una referencia para legislar contra las demandas abusivas. Su historia sigue recordando que la libertad de prensa no depende únicamente del derecho a publicar, sino también de las condiciones necesarias para continuar investigando después de hacerlo.
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