La guerra abierta por Donald Trump contra el Tribunal Penal Internacional (TPI) ya no tiene como únicos objetivos a los fiscales y jueces de La Haya. La Administración estadounidense ha ampliado el radio de sus represalias hasta alcanzar a organizaciones que recopilan testimonios, documentan posibles crímenes de guerra y trasladan información a la institución encargada de investigarlos. El mensaje que Washington envía a la sociedad civil es inequívoco: colaborar con la justicia internacional puede tener un coste económico, profesional y personal.
Dos organizaciones con sede en Estados Unidos, Democracy for the Arab World Now (DAWN) y Taxpayer Alliance Against Genocide, han llevado esta estrategia ante un tribunal federal de Nueva York. Ambas sostienen que la orden ejecutiva utilizada por Trump para sancionar al entorno del TPI vulnera la libertad de expresión reconocida por la Constitución estadounidense y las obliga a reducir su trabajo por miedo a posibles represalias.
Las entidades denuncian que han tenido que limitar contactos, investigaciones y actividades relacionadas con el tribunal. La amenaza no se reduce a la congelación de bienes. Una persona o institución incluida en una lista de sanciones estadounidense puede encontrarse sin acceso a cuentas bancarias, tarjetas, seguros, plataformas digitales o empresas que teman mantener cualquier relación comercial con ella. También se exponen a sanciones quienes les presten determinados servicios o asistencia material.
El resultado es un perímetro de miedo que se extiende mucho más allá de los nombres incluidos oficialmente en las listas negras. No es necesario castigar a cada abogado, investigador o activista. Basta con conseguir que bancos, proveedores y organizaciones consideren demasiado arriesgado relacionarse con quienes han sido señalados por Washington.
De los jueces a quienes recogen las pruebas
Trump firmó el 6 de febrero de 2025 la orden ejecutiva que sostiene esta campaña. El documento presenta las investigaciones del TPI contra ciudadanos estadounidenses y dirigentes de países aliados como una amenaza “inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. También autoriza restricciones económicas y migratorias contra personas que participen o colaboren con esas actuaciones.
Washington sostiene que el tribunal carece de autoridad para investigar a ciudadanos de países que no forman parte del Estatuto de Roma, como Estados Unidos o Israel. El TPI, sin embargo, defiende que puede actuar cuando los presuntos delitos se han cometido en el territorio de un Estado que sí ha aceptado su jurisdicción. Esa es la base jurídica sobre la que investiga la situación en los territorios palestinos.
La ofensiva estadounidense adquirió una nueva dimensión después de que el tribunal dictara en 2024 órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad relacionados con la ofensiva sobre Gaza. Tanto Israel como Estados Unidos rechazan la competencia del tribunal y califican las acusaciones de ilegítimas.
La Casa Blanca comenzó castigando al fiscal jefe, Karim Khan, y continuó con jueces y fiscales vinculados a los procedimientos sobre Palestina y Afganistán. En junio de 2025, Estados Unidos sancionó a cuatro magistrados por su participación en decisiones relativas a Israel y a la investigación sobre presuntos delitos cometidos por fuerzas estadounidenses en Afganistán. En agosto añadió a otros cuatro responsables judiciales y, al final de ese año, el número de jueces y fiscales afectados ya había seguido aumentando.
Tres magistradas del TPI —Kimberly Prost, Solomy Balungi Bossa y Reine Alapini-Gansou— demandaron posteriormente a la Administración Trump. Alegan que las medidas fueron concebidas para castigarlas y presionarlas por decisiones adoptadas en el ejercicio de sus funciones. Según su recurso, las sanciones alteraron su vida cotidiana al dificultar su acceso a servicios financieros, plataformas digitales y desplazamientos internacionales.
Pero la escalada no se detuvo en el personal de La Haya. En septiembre de 2025, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció sanciones contra tres organizaciones palestinas: Al-Haq, Al Mezan Center for Human Rights y el Palestinian Centre for Human Rights. Washington las acusó de participar directamente en lo que definió como el “ataque ilegítimo” del TPI contra Israel.
Las tres entidades se dedican desde hace años a recoger testimonios, documentar muertes, desplazamientos, ataques contra civiles y posibles violaciones del derecho internacional. Su trabajo es especialmente relevante porque los investigadores del tribunal no han podido acceder libremente a Gaza y dependen, entre otras fuentes, de imágenes, documentación y testimonios recopilados sobre el terreno. Representantes de estas organizaciones se han descrito como los ojos del TPI en la zona y han advertido de que aislarlas puede limitar la capacidad de la Fiscalía para construir sus casos.
El objetivo: que nadie se atreva a colaborar con La Haya
El funcionamiento del Tribunal Penal Internacional no depende únicamente de sus 18 jueces, sus fiscales y sus funcionarios. Cada investigación requiere una red mucho más amplia: organizaciones locales que acceden a las víctimas, abogados que preparan expedientes, traductores, expertos forenses, investigadores académicos, periodistas, analistas de imágenes y entidades capaces de conservar pruebas de forma segura.
Atacar esa red puede ser más eficaz que cerrar formalmente el tribunal. Una ONG que tema perder su cuenta bancaria puede optar por no enviar un informe. Una universidad puede cancelar una conferencia para evitar riesgos. Un despacho puede rechazar representar a unas víctimas. Una empresa tecnológica puede interrumpir sus servicios antes incluso de que las autoridades estadounidenses se lo exijan.
Las sanciones producen así un efecto extraterritorial: aunque una organización opere en Europa y sus actividades sean legales bajo el derecho europeo, puede depender de un banco que trabaja en dólares, de una plataforma estadounidense o de una compañía que no quiera enfrentarse al Departamento del Tesoro. La capacidad de Washington para controlar buena parte de las infraestructuras financieras y digitales internacionales convierte una decisión unilateral en una amenaza de alcance global.
Una investigación de Reuters publicada en febrero mostró las consecuencias personales e institucionales de la campaña. Las sanciones estadounidenses habían congelado activos, bloqueado servicios y dificultado investigaciones sobre crímenes internacionales. Expertos consultados por la agencia destacaron que utilizar medidas de esta intensidad contra funcionarios judiciales y una experta de Naciones Unidas suponía una ruptura con el uso tradicional de estas herramientas, normalmente dirigidas contra gobiernos, redes criminales o responsables de graves abusos.
La demanda presentada ahora por DAWN y Taxpayer Alliance Against Genocide lleva el conflicto al terreno constitucional estadounidense. Las organizaciones argumentan que investigar, publicar informes, asesorar y comunicarse con el TPI son actividades protegidas por la Primera Enmienda. Aseguran que la ambigüedad de la orden presidencial las ha obligado a autocensurarse por temor a multas o consecuencias penales.
No es la primera vez que la ofensiva de Trump contra La Haya tropieza con los tribunales de su propio país. En julio de 2025, una jueza federal bloqueó la aplicación de la orden contra dos defensores de los derechos humanos al considerar que podía restringir de forma inconstitucional una amplia variedad de actividades relacionadas con la libertad de expresión. Durante el primer mandato de Trump, otra campaña de sanciones contra el TPI también fue recurrida antes de ser retirada por la Administración de Joe Biden.
Una justicia válida solo cuando persigue al adversario
La ofensiva revela además el carácter selectivo de la relación estadounidense con la justicia internacional. Washington ha respaldado las investigaciones del TPI sobre los crímenes atribuidos a Rusia en Ucrania y ha celebrado las órdenes de detención contra dirigentes considerados adversarios. La relación cambia cuando las pesquisas alcanzan a militares estadounidenses o a responsables israelíes.
Estados Unidos no forma parte del tribunal, como tampoco lo hacen Rusia, China o Israel. Sin embargo, la institución cuenta con 125 Estados miembros y fue creada para perseguir genocidios, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y delitos de agresión cuando las autoridades nacionales no quieren o no pueden actuar. Entre sus investigaciones figuran las situaciones de Ucrania, Palestina, Afganistán, Sudán, República Democrática del Congo, Venezuela, Myanmar y Filipinas.
El TPI arrastra deficiencias, lentitud y una dependencia casi completa de la cooperación de los Estados para ejecutar sus órdenes. También atraviesa una grave crisis interna por las acusaciones de conducta sexual inapropiada contra Karim Khan, que él niega, y por el procedimiento abierto para decidir su continuidad. Esas debilidades ofrecen munición a sus detractores, pero no alteran el alcance de la estrategia estadounidense: Washington pretende imponer consecuencias a quienes participen en investigaciones que afectan a sus intereses y a los de sus aliados.
El tribunal, entretanto, continúa trabajando en otros escenarios. En julio anunció avances relevantes en la recopilación de pruebas sobre las atrocidades cometidas en Darfur, donde los investigadores creen haber logrado vincular la violencia contra la población civil con niveles superiores de mando. Es precisamente ese tipo de investigación —basada en testimonios, documentos y cooperación con actores locales— la que puede verse debilitada cuando quienes recogen las pruebas temen quedar excluidos del sistema financiero internacional.
La batalla ya no se libra únicamente en las salas de La Haya. Se desarrolla en los bancos, en los despachos jurídicos, en las universidades y en las organizaciones que deciden si seguir colaborando con el tribunal. La lista negra de Trump persigue castigar a individuos concretos, pero su verdadero alcance se mide por todos aquellos que, sin haber sido sancionados, empiezan a preguntarse si investigar un crimen de guerra puede convertirlos en el siguiente objetivo.
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