La cooperación internacional atraviesa uno de los momentos más delicados desde que comenzaron a elaborarse estadísticas comparables hace más de medio siglo. Tras años de crecimiento impulsado por la pandemia y la guerra de Ucrania, los principales países donantes están reduciendo de forma acelerada sus presupuestos de ayuda al desarrollo. El cambio no responde a una crisis puntual, sino a una modificación de las prioridades presupuestarias de las economías occidentales, cada vez más orientadas hacia el gasto militar, la seguridad, el control migratorio y la consolidación fiscal.
Los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reflejan la magnitud del giro. La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) neta cayó un 23,3% en 2025, el mayor descenso anual registrado hasta la fecha, después de haber retrocedido un 8,5% en 2024. La organización prevé además un nuevo recorte del 6,9% durante 2026, lo que supondría tres años consecutivos de caídas, una situación que únicamente se había producido entre 1992 y 1995. Si las previsiones se cumplen, el volumen de ayuda internacional volverá a niveles similares a los existentes en 2014.
La cifra resume un cambio profundo. Durante la pandemia de la covid-19 y los primeros años de la invasión rusa de Ucrania, los países del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE incrementaron notablemente sus desembolsos para responder a las emergencias sanitarias, humanitarias y al acogimiento de millones de refugiados. Aquella tendencia se ha invertido.
El repliegue coincide con un contexto muy diferente. La mayoría de gobiernos europeos afrontan elevados niveles de deuda pública, mayores costes financieros derivados de la subida de los tipos de interés y un aumento sostenido del gasto en defensa tras la invasión rusa de Ucrania. A ello se añade la presión de numerosos ejecutivos para contener el déficit y responder a demandas internas relacionadas con la inflación, el envejecimiento de la población o el deterioro de los servicios públicos.
La consecuencia es que la cooperación ha dejado de ser una prioridad presupuestaria.
Los países más pobres vuelven a ser los más perjudicados
La OCDE advierte de que los recortes no afectan por igual a todos los receptores. Las economías más vulnerables serán las que sufran un mayor impacto.
Según sus proyecciones, la ayuda bilateral destinada a los países menos desarrollados podría disminuir entre un 13% y un 25%, mientras que la dirigida al África subsahariana registraría descensos de entre el 16% y el 28%. En el ámbito sanitario, la organización calcula que la financiación internacional podría situarse entre un 29% y un 46% por debajo de los niveles de 2024, lo que supondría una reducción de entre 5.000 y 8.000 millones de dólares y un volumen un 63% inferior al máximo alcanzado durante la pandemia en 2022.
Los datos preliminares de 2025 ya apuntan en esa dirección. La ayuda destinada específicamente a los países menos desarrollados cayó un 25,8%, mientras que el apoyo dirigido al África subsahariana retrocedió un 26,3%. También disminuyó la ayuda humanitaria, que encadenó su segundo año consecutivo de descenso tras el fuerte crecimiento experimentado entre 2019 y 2023.
El impacto comienza a reflejarse en sectores muy concretos. La UNESCO calcula que los países de renta baja y media-baja ya han perdido un 21% de la financiación internacional destinada a educación respecto a los niveles existentes en 2023 y advierte de que esa reducción podría alcanzar el 30% antes de 2027 si se mantienen los anuncios de recortes formulados por los principales donantes.
Afganistán, Liberia, Mali y Níger figuran entre los Estados donde la ayuda educativa ya ha disminuido más de un 40% en apenas tres años. La consecuencia inmediata no siempre es visible en las estadísticas macroeconómicas: escuelas que dejan de construirse, programas de alfabetización cancelados, reducción de becas o dificultades para pagar el salario del profesorado.
Menos cooperación, más defensa
El retroceso de la ayuda internacional coincide con un movimiento inverso en otra gran partida presupuestaria: el gasto militar.
Tras el compromiso adquirido por numerosos países europeos de incrementar su inversión en defensa, buena parte de los nuevos recursos públicos se está destinando a reforzar capacidades militares, modernizar ejércitos, aumentar la producción de armamento y mejorar infraestructuras estratégicas.
Aunque no existe una transferencia automática de fondos entre ambas políticas, economistas especializados en finanzas públicas coinciden en que ambas compiten por un mismo espacio presupuestario. En un escenario de crecimiento económico moderado y elevados niveles de deuda, aumentar de forma significativa unas partidas obliga con frecuencia a contener otras.
A ello se suma un cambio de enfoque político. Los gobiernos europeos dedican cada vez más recursos a políticas de seguridad, protección de fronteras, lucha contra las amenazas híbridas o resiliencia frente a crisis internacionales. La cooperación al desarrollo sigue formando parte de la acción exterior, pero ha perdido el peso relativo que adquirió durante las décadas posteriores al final de la Guerra Fría.
La propia OCDE señala que el descenso actual no constituye un ajuste puntual tras la pandemia, sino una tendencia que previsiblemente continuará durante los próximos ejercicios si no se modifican las decisiones presupuestarias anunciadas por los principales donantes.
Una factura que termina pagando la educación
La reducción de la ayuda coincide además con otro fenómeno que limita la capacidad de inversión de numerosos países: el aumento del coste de la deuda.
La UNESCO ha advertido esta misma semana de que 113 países destinan actualmente más recursos al pago de intereses y amortizaciones de deuda que a financiar sus sistemas educativos. En el África subsahariana, el gasto dedicado al servicio de la deuda multiplica por 3,6 el presupuesto destinado a educación, mientras que en dieciocho de los países más endeudados esa diferencia supera las cinco veces y llega a multiplicarse por dieciséis en el caso de Sri Lanka.
El problema no reside únicamente en el volumen de deuda acumulado, sino en la coincidencia de varios factores negativos: menos ayuda internacional, mayores tipos de interés y menor margen presupuestario para financiar servicios públicos.
Según la organización de Naciones Unidas, los países de renta baja y media-baja afrontan un déficit anual de financiación educativa cercano a los 97.000 millones de dólares. Ante esa situación, la UNESCO y el Banco Mundial están promoviendo mecanismos como los canjes de deuda por educación, que permiten refinanciar parte de los préstamos a cambio de comprometer inversiones concretas en escuelas, formación del profesorado o infraestructuras educativas. Francia ya ha aplicado este modelo en Costa de Marfil y España lo hizo anteriormente en Perú mediante programas bilaterales de conversión de deuda.
Un cambio de prioridades con consecuencias geopolíticas
La disminución de la cooperación internacional también tiene implicaciones estratégicas.
Durante décadas, la ayuda al desarrollo constituyó una de las principales herramientas de influencia exterior de Estados Unidos y de la Unión Europea. Financiaba hospitales, carreteras, programas agrícolas, sistemas educativos o proyectos de gobernanza que reforzaban la presencia política de los países donantes en amplias regiones de África, Asia o América Latina.
La reducción de esos recursos abre espacios que otros actores internacionales intentan ocupar mediante préstamos, inversiones en infraestructuras o acuerdos comerciales. China lleva años consolidando su presencia en numerosos países del Sur Global a través de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, mientras las monarquías del Golfo incrementan su protagonismo financiero en África y Asia.
No se trata de una sustitución automática entre cooperación occidental e inversión de otras potencias, pero sí de un cambio en el equilibrio de influencia internacional.
La evolución de los presupuestos durante los próximos dos años determinará si el actual repliegue responde a un ajuste temporal tras el extraordinario esfuerzo realizado durante la pandemia y la guerra de Ucrania o si, por el contrario, marca el inicio de una nueva etapa en la que la seguridad, la defensa y la competencia geopolítica desplacen definitivamente a la cooperación como una de las principales herramientas de la política exterior de las democracias occidentales.
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