La estrategia diseñada por Alberto Núñez Feijóo para encarar el final de la legislatura ha comenzado a mostrar fisuras antes incluso de consolidarse. El plan del líder del Partido Popular consistía en combinar una oposición permanente al Gobierno de Pedro Sánchez, apoyada en la sucesión de investigaciones judiciales y casos de corrupción que afectan al PSOE, con la presentación progresiva de un programa de gobierno cada vez más próximo a la ultraderecha, destinado a proyectar una imagen de alternativa en coalición preparada para gobernar.
Sin embargo, los primeros pasos de esa hoja de ruta han derivado en una cadena de polémicas voluntarias que han desplazado el foco político y han abierto un debate interno sobre la dirección estratégica del partido.
En apenas unas semanas, varias intervenciones públicas de Feijóo han situado al PP en el centro de controversias que numerosos dirigentes populares consideran evitables. Lejos de concentrar la atención pública sobre los problemas del Ejecutivo, el líder de la oposición ha terminado alimentando discusiones que han permitido al Gobierno recuperar la iniciativa política en uno de los momentos más delicados de la legislatura.
Génova y Bambú parecen haber acordado un pacto de no agresión para evitar el descarrilamiento total de su tortuosa relación. Este memorandum implícito pretende racionalizar el espectro de la derecha, empujar al PP hacia el centro y a Vox hacia la derecha. Asimismo, este punto común invita a coordinar el desgate al Ejecutivo en su momento de mayor debilidad coyuntural y política.
En ese escenario, distintas voces del PP reconocen en privado que algunas de las batallas abiertas durante las últimas semanas no han aportado rentabilidad política y, por el contrario, han obligado al partido a dedicar buena parte de sus esfuerzos a explicar posiciones que consideran mal interpretadas o insuficientemente definidas.
Dentro de Génova crece la convicción de que el principal riesgo para la formación no reside en la ofensiva del Gobierno, sino en los llamados "errores no forzados": iniciativas o declaraciones que desvían el debate de los asuntos que más erosionan al Ejecutivo.
Algunos cargos territoriales admiten que cualquier desliz proporciona al PSOE la oportunidad de reorganizar su discurso y cambiar el eje de la confrontación política. Aunque muchos consideran que el impacto electoral inmediato será limitado, también advierten de que una sucesión de episodios similares podría tener consecuencias relevantes en una futura campaña de elecciones generales.
Uno de los ejemplos más recientes ha sido la controversia generada por las propuestas del líder popular sobre el absentismo laboral. Feijóo lleva tiempo defendiendo la necesidad de revisar el actual sistema de bajas médicas, reforzar los mecanismos de inspección y combatir posibles fraudes, una preocupación que comparte con parte del empresariado y que figura entre las prioridades que el presidente del PP ha trasladado al área económica del partido para elaborar futuras propuestas de gobierno.
No obstante, la forma elegida para presentar ese debate terminó eclipsando el fondo de la cuestión. Durante un encuentro con empresarios vascos, Feijóo calificó el absentismo de "cáncer", cuestionó que trabajadores que no acuden a su puesto de trabajo por ausencias que consideró injustificadas perciban la misma retribución y defendió abordar el problema "con o sin acuerdo" con las organizaciones sindicales. Sus palabras provocaron una inmediata respuesta política y sindical, además de abrir un intenso debate social sobre el alcance real de las propuestas populares.
La dirección del PP reaccionó rápidamente para limitar el alcance de la polémica. Diversos portavoces tuvieron que comparecer para aclarar, interpretar o traducir su verdadera intención política: que el partido no plantea reducir el salario ni las prestaciones de quienes se encuentran de baja médica por enfermedad. El objetivo era frenar una interpretación que el Ejecutivo aprovechó para acusar al principal partido de la oposición de cuestionar derechos laborales consolidados.
Las matizaciones no evitaron, sin embargo, que afloraran diferencias en el propio partido. El portavoz nacional, Borja Sémper, pidió públicamente prudencia al emplear determinadas comparaciones y defendió que el debate sobre el absentismo debe desarrollarse sin equiparar esa realidad con enfermedades graves.
Sémper, diputado, vicesecretario de Cultura y portavoz nacional, que estuvo apartado de la actividad política durante meses tras sufrir un cáncer, insistió en que las bajas médicas no constituyen un privilegio ni un comportamiento voluntario y recordó que quienes atraviesan una enfermedad no deberían sufrir una pérdida adicional de ingresos.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, adoptó una posición distinta y respaldó expresamente la intervención de Feijóo. A su juicio, el aumento del absentismo constituye un problema real que merece ser abordado y defendió la necesidad de encontrar un equilibrio entre la protección de los trabajadores y la sostenibilidad económica del sistema.
El debate sobre las bajas laborales no ha sido el único frente abierto por el líder popular. Días antes, otra controversia había surgido a raíz de sus declaraciones sobre la denominada ley de nietos, aprobada en el marco de la Ley de Memoria Democrática.
Feijóo insinuó inicialmente que el proceso de concesión de nacionalidad española a descendientes de exiliados podía convertirse en un instrumento de "ingeniería electoral" al servicio del Gobierno, una afirmación que fue interpretada como una aproximación al discurso de Vox sobre un supuesto uso partidista del censo exterior.
Las críticas del Ejecutivo y del PSOE fueron inmediatas y obligaron nuevamente al PP a modular su posición. La dirección nacional sustituyó posteriormente aquellas afirmaciones por un discurso más prudente, reclamando únicamente información y garantías sobre el desarrollo de los procedimientos administrativos, sin plantear acciones judiciales ni iniciativas ante instituciones europeas.
No todos los dirigentes populares siguieron esa rectificación. Ayuso mantuvo un discurso mucho más contundente y llegó a defender la necesidad de establecer mecanismos extraordinarios de supervisión del voto exterior en futuras elecciones, evidenciando una vez más las diferencias de enfoque existentes entre la dirección nacional y el liderazgo madrileño.
La acumulación de estos episodios ha reabierto el debate interno sobre el liderazgo político de Feijóo y sobre la eficacia de una estrategia que pretendía proyectar solvencia gubernamental mientras desgastaba al Ejecutivo por los escándalos judiciales. En lugar de monopolizar la agenda con las dificultades del Gobierno, el PP se ha visto obligado a dedicar buena parte de sus recursos a corregir mensajes, aclarar declaraciones y contener polémicas nacidas de su propio discurso.
En un momento en que las encuestas continúan situando al Partido Popular como primera fuerza, aunque sin garantizar una mayoría suficiente para gobernar en solitario, varios dirigentes consideran que el principal desafío consiste en evitar que la iniciativa política quede condicionada por controversias internas.
La proximidad del nuevo ciclo electoral convierte cada intervención pública en un elemento estratégico, y dentro del partido gana fuerza la idea de que el mayor riesgo para las aspiraciones de Feijóo no procede únicamente de sus adversarios, sino también de una sucesión de errores propios que amenazan con erosionar la imagen de liderazgo sólido y previsible que intenta construir desde Génova.
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