Durante el largo mandato de Vladimir Putin, han destacado varias medidas polémicas en contra de minorías sociales o con tintes xenófobos, homófobos o machistas, las cuales han servido durante las últimas décadas de inspiración en los partidos de ultraderecha europeos. Un ejemplo fue el visto bueno que dio el parlamento ruso a una propuesta de descriminalización de la violencia doméstica.

Esta proposición salió a la luz y se puso en la mesa de debate con el objetivo de "preservar la tradición de la autoridad parental”. Con esta premisa, se estaría permitido pegar a la esposa y a los hijos en el ámbito doméstico, haciendo así que las agresiones quedasen fuera del código criminal -las penas se pagarían con multas leves de aproximadamente 500 euros- y evitando las denuncias de las víctimas.

De este modo, agredir a un miembro de la familia una vez al año no tendrían consecuencias penales aunque, según la propuesta de ley rusa, si el agresor pega a uno de los familiares "más de una vez al año", sí que se tomarían medidas más drásticas como el ingreso en prisión. La votación obtuvo un resultado casi unánime en la Cámara, a excepción de un voto en contra en la primera vuelta, dos en la segunda, y tres en la tercera y última.

La propulsora de esta propuesta fue Yelena Mizulina, parlamentaria ultraconservadora y expresidenta del Comité de Asuntos de la Familia, la Mujer y la Infancia de la Cámara, quien afirmó que no quiere que haya "personas encarceladas durante dos años y etiquetadas como criminales simplemente por dar un bofetón", por lo que proponía que estos sucesos violentos se tramitaran de forma administrativa. “En la cultura familiar rusa las relaciones padre-hijo se construyen en torno al poder de la autoridad del padre. Las leyes deben apoyar esa tradición familiar”, añadió.

Rechazada una ley contra la violencia de género

Cabe destacar que el Gobierno de Putin, en 2019 y desoyendo las reclamaciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, rechazó crear una ley contra la violencia de género debido a que, si la agresión no requería el ingreso hospitalario de la víctima, no se consideraba motivo de delito.

Moscú también sostuvo que no percibía "evidencia" de que la mayoría de las víctimas de violencia intrafamiliar fuesen mujeres. Con datos de 2017, 36.000 mujeres rusas son agredidas al año y 12.000 mueren por violencia doméstica a manos de sus maridos.