Esta última semana, en clave de actualidad política, ha estado protagonizada por dos iniciativas del Gobierno: la protección a los menores, tanto en redes sociales como en espectáculos taurinos y de maltrato animal. Dos vías de debate por las que los principales partidos de la oposición, el Partido Popular y Vox, han dado el pistoletazo de salid a una nueva cruzada contra Moncloa con distintos argumentos en contra.
Desde Génova como en la formación ultraderechista han esgrimido diferentes posturas en torno al cerrojazo a los menores 16 años en plataformas digitales como en su asistencia a eventos que conlleven maltrato animal, situándose en la vía contraria a la posición en la que se encuentra el Ejecutivo central de Pedro Sánchez.
El debate sobre las redes, a escala nacional y mundial
En voz del presidente del Gobierno desde Dubái, avanzó la iniciativa de España de prohibir el acceso a los menores de 16 años a redes sociales en aras de “hacer frente a los abusos de grandes plataformas digitales”, así como combatir los discursos de odio y la desinformación o poner coto a la impunidad de los directivos de estas empresas, entre otras claves.
Una medida que ha generado revuelo a nivel mundial pero, en primer lugar, y en lo que concierne al tablero político español, por un lado, los de Alberto Núñez Feijóo salieron al paso de la crítica diciendo que ya lo propusieron en noviembre en menores de 14 años, llegando a defender el líder de Génova el acceso a mayores de 14 y 16 años siempre y cuando cuenten con consentimiento paterno. “El presidente debería pagarnos el copyright de esa propuesta”, emplazó.
En un tono más combativo se pronunció Vox, quien rechazó la medida sin ambages bajo la objeción de que el Gobierno pretende “censurar y atacar la libertad de expresión”: “Ya sabemos que Sánchez y la izquierda llaman huella de odio a todo lo que no sea su propio pensamiento”, reprochó su presidente, Santiago Abascal, desde la Cumbre Transatlántica de la Red Política de Valores, un encuentro de líderes ultraderechistas en Bruselas celebrado el pasado martes.
La tramitación de la medida pasará porque los socialistas la negociarán en el Congreso de los Diputados en su plena totalidad endureciendo el proyecto de Ley Orgánica para la Protección de las Personas Menores de Edad en los Entornos Digitales. En paralelo, los grupos de PP, Junts, ERC y Bildu plantean el consentimiento paterno para menores de 16 años. Aunque para seguir su curso parlamentario aún habrá que esperar.
El acento de esta medida, sin embargo, lo ha tenido en el plano geopolítico, puesto que la propuesta de España ha sentado como un jarro de agua fría a magnates de las redes sociales. El primero en postularse en contra fue Elon Musk, dueño de X, quien llegó a referirse a Sánchez como “tirano y traidor al pueblo español”.
Tan sólo un día después, el pasado miércoles, se pronunció en términos similares Pável Dúrov, CEO de Telegram, quien, a través de un comunicado, advirtió a los usuarios de su red social que estas “nuevas regulaciones peligrosas amenazan vuestras libertades en internet”, augurando que España podría convertirse en “un Estado de vigilancia bajo el pretexto de la protección” si la iniciativa entrase en vigor. Un escenario sobre el que pronto Moncloa desmontó con hechos y realidades contrastadas, así como con las siguientes palabras de Sánchez: “Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos”.
Corridas de toros, bajo la lupa de la ONU
La segunda parte de esta cruzada entre PP y Vox contra el Gobierno sitúa el foco en las corridas de toros y demás espectáculos taurinos y de caza donde se practique maltrato animal.
Fue a finales de enero cuando el Ministerio de Juventud e Infancia, dirigido por Sira Rego, propuso impulsar esta prohibición contra eventos que “ejerzan violencia contra los animales” en base a la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) y las recomendaciones de la ONU vertidas en el análisis del Comité de Derechos del Niño. “Niñas, niños y adolescentes no podrán participar ni asistir a eventos donde se ejerza la violencia contra los animales, como las corridas de toros. Así lo contempla la ampliación de la LOPIVI que proponemos desde el Ministerio de Juventud e Infancia. Con ello, cumplimos con lo que la ONU viene demandando a España desde el año 2018”, defendió la titular.
Una postura que chocó frontalmente con la esgrimida por el PP madrileño, bajo el mando de Isabel Díaz Ayuso. Entrado febrero, su portavoz en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, invitó a niños y familias a acudir a las plazas de toros a “disfrutar de una de las mayores manifestaciones culturales” del país: “Los tristes no van a impedir que niños y jóvenes acudan a los toros”, defendió. Unas palabras que se llevaron la pronta réplica de la ministra: “Muchas familias lo llamamos tortura”, reiteró durante un Pleno en el Senado.
“¿De verdad nos están diciendo que el Estado no tiene ningún papel en la protección de la infancia frente a la violencia y que todo lo tienen que hacer las familias? (…) Cuando se trata de garantizar el derecho de los niños a vivir libres de violencia, la supuesta libertad de los adultos no puede estar por encima, ni la de los maltratadores ni la de los toreros”, reiteró Rego.
Este jueves, y desde el plano internacional, esta cuestión adoptó aún más peso después de que la ONU haya recomendado expresamente al Gobierno central y a las comunidades autónomas prohibir la entrada a menores de 18 años a espectáculos taurinos, según se refleja en el informe de Observaciones Finales del Comité de los Derechos del Niño.
El punto 23 del informe puntualizó la “preocupación” porque menores “sigan presenciando la violencia y la muerte de los participantes durante las fiestas taurinas populares (…) recomienda al Estado como a las comunidades autónomas que establezca la edad mínima de 18 años para participar” en estos eventos. A su vez, señalizaron la necesidad de impulsar “actividades de sensibilización entre funcionarios públicos, los medios de comunicación y la población en general”.
