Tras la muerte a los 96 años de Isabel II este jueves, se ha repetido como un mantra la frase de que la soberana tenía un papel neutro en las cuestiones políticas y que nunca inmiscuía en las labores que se llevaban a cabo en las diferentes cámaras de Reino Unido. Sin embargo, a pesar de la pompa y los mensajes ensalzando la indudable grandiosidad de la reina, lo cierto es que tenía poder sobre las decisiones políticas. Mucho más del que cualquiera puede pensar.

En el Reino Unido y algunos otros países de la Commonwealth, el Queen's consent (consentimiento de la reina) es una convención parlamentaria mediante la cual se solicita que la corona de su consentimiento para poder debatir y aprobar una propuesta legislativa que afecte las prerrogativas de la corona o sus intereses. En este grupo se incluye legislación que incumbe a los ingresos hereditarios, propiedades personales de la corona u otros intereses. De hecho, en el Reino Unido la práctica se extiende también a asuntos que afectan al Ducado de Lancaster, que afecta a las actividades del heredero a la corona que hasta este jueves ostentaba el nuevo rey Carlos III.

Este consentimiento no es categórico. Es decir, la reina -o el rey desde hace unos días- puede aceptar el cambio, vetarlo e incluso modificarlo. Y a lo largo de la historia tenemos varios ejemplos. En el año 1973 se propuso una norma que obligaría a la reina Isabel II a tener que revelar sus finanzas privadas ajenas a su labor en la corona. Cuando llegó al Parlamento Británico el texto excluía de esa ley a la Familia Real. Tal y como revelaba The Guardian, tras la intervención de la Reina, el Gobierno insertó una cláusula en la ley tras la presión del abogado de la reina a varios ministros para eximir a las empresas utilizadas por “jefes de estado” de nuevas medidas de transparencia. Hasta 2011 no fueron reveladas sus finanzas privadas, las cuales no se conocen en su totalidad.

No obstante, y como explicábamos unas líneas más arriba, no solo afecta a temas financieros. En 2006 en Parlamento debatió la Ley de Protección de Animales. Tras el tijeretazo de la corona, se excluyeron a los animales que habitan en las propiedades de la Familia Real para que no se vieran afectadas las cacerías a las que Isabel II y otros miembros de la realeza acostumbran. También en 2012 obligó a modificar una norma que hablaba de líneas ferroviarias para que no afectara a aquellas que pasan por su terreno.

Modificar leyes para sus negocios

El Castillo de Balmoral, lugar donde ha fallecido, es uno de los lugares de donde Isabel II sacaba más rédito económico. El complejo no es solo el castillo. La finca, de varios miles de metros cuatrados, cuenta con 150 edificaciones que son alquiladas. Por ejemplo, es posible dormir en una de las cabañas a razón de 800 euros la noche o pescar en uno de sus ríos. Así, la soberana modificó una ley aprobada en el 98 que afectaba a la pesca del salmón para que, de nuevo, hubiera una excepción en los dominios de la Familia Real. De esta forma, no le afectaba ninguna norma sobre la crianza del salmón y podía explotar la pesca que, previo pago, se puede realizar en los terreros de Balmoral.

Son solo algunos de los ejemplos que se han hecho públicos. No obstante, The Guardian reveló que hasta 1060 leyes han sido modificadas por la reina y sus abogados.