Este lunes, el Ministerio del Interior de Nicaragua ha comunicado una medida drástica: la eliminación de la personalidad jurídica de 1.500 organizaciones sin fines de lucro (OSFL) por no cumplir con sus obligaciones fiscales. Según el anuncio, estas organizaciones no han presentado sus informes financieros de forma adecuada, incumpliendo los requerimientos legales que abarcan desde un año hasta 35 años.
Entre las afectadas, se encuentran 678 organizaciones religiosas, tanto católicas como evangélicas, y también entidades dedicadas a diversas actividades, incluyendo grupos indígenas y de excombatientes, así como asociaciones relacionadas con la hípica, el golf y el clown. La ministra del Interior, María Amelia Coronel Kinloch, ha firmado la decisión que no solo cancela su registro, sino que también decreta la incautación de sus bienes.
Incautación de bienes y antecedentes de la medida
La medida no solo implica la cancelación de la personalidad jurídica de estas OSFL, sino que también establece que sus bienes muebles e inmuebles serán traspasados al Estado. Este procedimiento se ampara en el Artículo 47.2 del Reglamento de la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, conocida como Ley 1115.
Este anuncio se suma a una serie de cancelaciones previas que afectaron a otras 3.600 ONG desde el año 2018. Estas organizaciones también cesaron sus actividades de manera gradual, según los datos proporcionados por organizaciones civiles nicaragüenses en el exilio. La decisión de la ministra Coronel Kinloch refleja una continuidad en la política de regulación estricta hacia las OSFL en el país, lo cual ha generado diversas reacciones en el ámbito internacional.
El comunicado oficial, publicado en "La Gaceta", detalla que las OSFL mencionadas "han incumplido con sus obligaciones conforme al marco normativo, ante la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro". El incumplimiento incluye la falta de reportes detallados de ingresos y egresos, balanzas de comprobación, detalles de donaciones y la composición de sus Juntas Directivas.
Esta acción del gobierno nicaragüense resalta la importancia que se le está dando a la transparencia financiera y al cumplimiento de las regulaciones en el sector no lucrativo. Sin embargo, también plantea interrogantes sobre el impacto que estas medidas pueden tener en los servicios y apoyos que estas organizaciones proporcionaban a diversas comunidades en todo el país.
