Donald Trump lleva tiempo señalando a la izquierda radical como uno de sus principales enemigos dentro de Estados Unidos. Ahora su Gobierno intenta llevar esa batalla mucho más lejos. La Administración estadounidense ha empezado a construir alrededor del denominado "terrorismo de extrema izquierda" una nueva prioridad de política exterior, con reuniones internacionales, cooperación policial, intercambio de inteligencia, sanciones económicas y designaciones de organizaciones terroristas. El objetivo declarado de Washington es convencer a otros países de que existe una amenaza transnacional que, a su juicio, ha recibido mucha menos atención que el terrorismo yihadista durante las últimas décadas.
El movimiento más visible llegó el pasado 16 de julio. El secretario de Estado, Marco Rubio, reunió en Washington a representantes de más de 60 países —fuentes estadounidenses situaron la participación en al menos 65 y otros medios contabilizaron 66 o 67 delegaciones— en una cumbre dedicada a lo que el Departamento de Estado denominó oficialmente el "resurgimiento del terrorismo político de extrema izquierda". No era una reunión exclusivamente política. Junto a Rubio participaron altos responsables de la Administración Trump como el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el director del FBI, Kash Patel, y el número dos de la Casa Blanca, Stephen Miller.
La imagen buscaba trascender las fronteras estadounidenses. Rubio sostuvo ante los asistentes que la lucha internacional contra el terrorismo había reducido significativamente la amenaza de los grupos yihadistas, pero había dejado un "punto ciego" frente a la violencia procedente de la extrema izquierda. El Departamento de Estado defendió además que determinados grupos operan cada vez más mediante redes internacionales y planteó reforzar el intercambio de información, la cooperación policial y las medidas destinadas a impedir su financiación y sus movimientos entre países.
La reunión no creó una organización internacional ni produjo una alianza formal de 66 países contra la izquierda. Tampoco significa que todos los gobiernos presentes compartan el diagnóstico estadounidense. Esa diferencia resulta fundamental. Washington sí está intentando convertir su interpretación del fenómeno en una cuestión multilateral, pero algunas capitales europeas y responsables estadounidenses han mostrado dudas sobre la dimensión y la naturaleza de la amenaza descrita por la Administración Trump. Antes incluso de la cumbre, diplomáticos y especialistas consultados por The Washington Post expresaron reservas ante el intento de tratar a "Antifa" como una estructura transnacional comparable a las organizaciones terroristas tradicionales.
De la guerra contra el yihadismo a un nuevo enemigo político
El giro no empieza en julio. Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha ido trasladando al aparato de seguridad nacional algunas de las categorías que llevaba años utilizando en su discurso político interno. Una de ellas es Antifa, un término que agrupa a colectivos y militantes antifascistas de características muy diferentes y que no designa por sí mismo a una organización centralizada con una dirección común.
La Administración ha avanzado, sin embargo, sobre organizaciones concretas. En noviembre de 2025, el Departamento de Estado incluyó a cuatro grupos europeos en su lista de organizaciones terroristas extranjeras: Antifa Ost, con base en Alemania; la Federación Anarquista Informal/Frente Revolucionario Internacional, vinculada principalmente a Italia; y las organizaciones griegas Armed Proletarian Justice y Revolutionary Class Self-Defense. La designación tiene efectos jurídicos reales en Estados Unidos y permite bloquear activos, perseguir determinadas formas de apoyo material e imponer restricciones financieras.
Washington fue después un paso más allá. El programa Rewards for Justice ofreció hasta diez millones de dólares por información que permitiera interrumpir los mecanismos financieros de estas organizaciones. En agosto, el Departamento de Estado anunció además sanciones contra Autistici/Inventati, un colectivo italiano al que acusa de proporcionar infraestructura digital a redes violentas de extrema izquierda. Las afirmaciones sobre la naturaleza y las actividades de este colectivo corresponden a la Administración estadounidense y han sido formuladas dentro de su nueva estrategia antiterrorista.
El Gobierno de Trump presenta todas estas decisiones como una corrección de un desequilibrio histórico. El Departamento de Estado sostiene que durante años las autoridades occidentales han infravalorado la violencia procedente de organizaciones anarquistas y de extrema izquierda y cita ataques contra infraestructuras, empresas, agentes policiales y adversarios políticos en Estados Unidos y Europa. Entre sus argumentos figura que en 2024 se registraron en la Unión Europea 21 ataques atribuidos a actores de extrema izquierda o anarquistas, frente a 24 relacionados con terrorismo yihadista. Son cifras empleadas por el propio Departamento de Estado para justificar su diagnóstico.
El debate, sin embargo, comienza precisamente cuando Washington pasa de constatar episodios de violencia política a defender la existencia de una amenaza transnacional suficientemente cohesionada como para justificar una nueva arquitectura internacional contra ella. Reuters señala que Rubio vinculó estos movimientos con ataques a infraestructuras occidentales y llegó a plantear posibles conexiones con Estados hostiles como Irán o Cuba, aunque no presentó pruebas que sostuvieran algunas de esas acusaciones durante su intervención.
Una amenaza que los aliados no ven de la misma manera
La dificultad para Washington está en conseguir que otros gobiernos compartan no solo la preocupación por determinados actos violentos, sino también su definición del problema.
Alemania ofrece uno de los ejemplos más claros. Antifa Ost está siendo investigada y varios de sus presuntos miembros afrontan procesos judiciales por delitos graves relacionados con agresiones contra personas vinculadas a la extrema derecha. Pero las propias autoridades alemanas habían señalado que la amenaza representada por el grupo se había reducido después de las detenciones de algunos de sus miembros más destacados.
En Países Bajos, el Gobierno rechazó también tratar a "Antifa" como una organización terrorista al considerar que no existían pruebas suficientes para describirla como una estructura organizada susceptible de recibir esa designación. La discrepancia no significa que esos países nieguen la existencia de violencia procedente de grupos de extrema izquierda, sino que no necesariamente comparten la interpretación estadounidense sobre su organización, escala o carácter transnacional.
Es precisamente ahí donde la cumbre de Rubio adquiere una dimensión política mayor. Estados Unidos no solo pretende perseguir a cuatro organizaciones europeas concretas. Busca que sus socios incorporen a sus propios sistemas de seguridad una determinada lectura de la violencia política y que cooperen a partir de ella. El Departamento de Estado envió incluso instrucciones a más de una veintena de embajadas estadounidenses para solicitar información sobre organizaciones de extrema izquierda presentes en diferentes países, desde Argentina y México hasta Italia y Albania. Según las fuentes citadas por The Washington Post, varias embajadas respondieron sin confirmar necesariamente el diagnóstico planteado desde Washington.
El propio formato de la reunión de julio revelaba esa ambición. El Departamento de Estado habló de aumentar la coordinación internacional, compartir información sobre posibles amenazas, limitar desplazamientos de sospechosos y mejorar la cooperación entre fuerzas policiales. No se trata únicamente de retórica. La etiqueta de terrorismo abre herramientas mucho más contundentes que las utilizadas habitualmente contra movimientos políticos radicales, desde la congelación de activos hasta las restricciones migratorias o la persecución de las redes financieras que puedan apoyar a las organizaciones designadas.
Cuando la etiqueta de terrorismo cambia las reglas
Ese salto explica también las críticas dentro de Estados Unidos. Once legisladores demócratas reclamaron que las políticas antiterroristas permanezcan al margen de los intereses partidistas y advirtieron del riesgo de utilizar herramientas diseñadas contra amenazas violentas para actuar sobre movimientos políticos legítimos. Organizaciones de derechos civiles han expresado preocupaciones similares ante la posibilidad de que categorías poco precisas terminen afectando a actividades protegidas como la protesta, la organización política o la libertad de expresión.
La discusión no consiste en negar que existan organizaciones de extrema izquierda responsables de actos violentos. Algunos de los grupos designados por Washington están vinculados a investigaciones y procedimientos judiciales europeos por agresiones, incendios o ataques con explosivos. La cuestión es otra: hasta dónde puede ampliarse esa categoría y qué criterios permiten distinguir una red terrorista organizada de un movimiento político descentralizado en el que determinados individuos recurren a la violencia.
La Administración Trump sostiene que el fenómeno está creciendo y que existe una coordinación internacional que los gobiernos occidentales llevan demasiado tiempo ignorando. Sus críticos responden que la evidencia disponible no demuestra la existencia de una estructura global semejante a la que sugiere Washington. AP recordó, además, que aunque algunos estudios detectaron un aumento reciente de determinados episodios de violencia vinculados a la izquierda, los datos históricos estadounidenses muestran un peso muy elevado de la violencia procedente de la extrema derecha.
Por ahora, la "internacional" de Trump contra la extrema izquierda existe más como proyecto diplomático estadounidense que como alianza consolidada. Washington ya dispone de su propia lista de organizaciones, ha activado sanciones, recompensas y controles financieros y ha comenzado a pedir a otros gobiernos que compartan información y refuercen su cooperación. La reunión de julio mostró que tiene capacidad para sentar a decenas de países alrededor de una mesa. Lo que todavía no ha demostrado es que todos ellos estén dispuestos a aceptar la misma definición del enemigo.
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