Después de un año sin avances en esta materia, España desea que la Unión Europea (UE) y el Parlamento Europeo acelere el reconocimiento de las lenguas oficiales ante la presión de Junts.
El Gobierno redobla los esfuerzos para reactivar la oficialidad de las lenguas oficiales de España -el catalán, el euskera y el gallego- ante la presión de Junts después de un año en el que prácticamente no han existido avances en esta materia.
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha trabajado este mes de diciembre que ya llega a su fin en dos frentes con los que el Ejecutivo de Pedro Sánchez busca satisfacer una de las demandas de los de Carles Puigdemont, cuya votación es necesaria para sacar adelante proyectos que se antojan clave en la legislatura como son los Presupuestos Generales del Estado.
Así las cosas, Moncloa ha operado con celeridad tanto en el ámbito de los Estados miembro, entre quienes requiere de unanimidad, como en el Parlamento, que lleva 20 años rechazando de facto un acuerdo administrativo bilateral para el uso de las lenguas oficiales a pesar de que otros funcionan sin ningún problema en otras instituciones europeas.
Hace cosa de 15 días, Albares habló sobre ello con su homólogo polaco -Polonia asume este 1 de enero la presidencia rotatoria del Consejo de la UE-, Radoslaw Sikorsi, y previamente el responsable de Exteriores español ya le había enviado una carta para que en el tiempo que dure la presidencia del país de Donald Tusk se avance en lo posible para alcanzar un acuerdo que permita la inclusión del uso del catalán, euskera y gallego en el reglamento que fija el régimen lingüístico de la Unión.
Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos del Gobierno español (lo cual no implica conocer qué va a suceder), Polonia parece estar a otras cosas en el marco de un escenario europeo y mundial realmente complicados. No obstante, Albares defiende que en ningún caso de trata de un “asunto político o politizado, sino de identidad nacional, de Estado y constitucional español”.
En cualquier caso, el ministro de Exteriores polaco aseguró a Albares que estaba “informando del tema” y le prometió “dar un paso más a través de una reunión de sus respectivos secretarios de Estado de la UE”, según afirman desde Moncloa. De hecho, un día después se produjo el primero de esos encuentros bilaterales entre el secretario del Estado español, Fernando Sampedro, y el ministro polaco de Asuntos Europeos, Adam Szlapka.
En qué punto se encuentran las lenguas oficiales en Europa
Fue hace un año cuando España puso sobre la mesa este asunto aprovechando su presidencia europea (que tiene una duración de seis meses), coincidiendo entonces con las negociaciones para formar Gobierno en el país.
Pese al recelo inicial de algunos Estados miembro -importante esto porque se requiere unanimidad- no es algo nuevo, ya que se hizo con el irlandés en 2005, cuando pasó a convertirse en un idioma oficial comunitario. En esos años, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero intentó hacer lo mismo con las lenguas de nuestro país y, aunque no lo consiguió, sí logró cerrar acuerdos administrativos importantes en los años siguientes con la Comisión o el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
En consecuencia, ahora se permite el uso de una de las lenguas cooficiales a cambio de que España sea consecuente con los costes que esto supone. El Gobierno asegura que se hará cargo de todos los gastos -132 millones de euros si se atiende a un informe preliminar que hizo la Comisión Europea hace un año- Entretanto, el único órgano que se muestra contrario con todo es el Parlamento Europeo, donde el PP ha votado en contra de todos los intentos.
Mientras, en el marco internacional aparece una Hungría que durante su mandato desde verano tampoco ha hecho nada en este asunto y una Bélgica que se mantuvo asimismo inactiva. Igualmente son varios los Estados miembro que se muestran contrarios a esto porque entienden que de dar el beneplácito a España se puede producir una especie de efecto dominó en sus países. España ya prometido que la medida está muy bien estudiada para que no despierte sentimientos nacionalistas en otras partes del continente.
El asunto está también en stand by en la Eurocámara, donde Albares se volvió a reunir con la presidenta, Roberta Metsola, a principios de mes después de haberle remitido varias misivas solicitando avances en la materia. La maltesa, del PP Europeo, como Tusk, tampoco ha hecho nada.
Para ser más precisos, en octubre pidió al grupo de trabajo de la Mesa del Parlamento sobre Lenguaje de los Ciudadanos y Servicios Lingüísticos que analizara la cuestión y presentara un informe. El grupo se reunió el pasado día 10 y abordaron cuestiones jurídicas, mientras emplazaron a un nuevo encuentro en febrero para analizar cuestiones técnicas y casos similares que podrían darse en el continente, pero por el momento nadie se atreve a poner fecha para la presentación del informe definitivo.
Junts pierde la paciencia
En clave nacional, Junts había calificado a lo largo de este año los pasos dados hasta el momento como “positivos” pero “insuficientes”, si bien hacían del PP el principal culpable del bloqueo no sin dejar por ello de presionar al Gobierno.
Sin embargo, el tono de Puigdemont cambió radicalmente este mes de diciembre, cuando precisamente desde Bruselas acusó la “absoluta falta de implicación” del Ejecutivo de Pedro Sánchez para con un tema que se antoja primordial para la formación independentista.
