El PP es artífice de un bloqueo sin precedentes en el mundo de la jurisprudencia que ha cumplido ya los cuatro años y que se extenderá en el tiempo después del adelanto electoral. Concretamente y como mínimo, habrá que esperar hasta después de las elecciones para ver a un nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

No solo en España se culpa a la derecha de esta lacra, también desde Europa. Así lo refleja el informe sobre el Estado de Derecho hecho público este miércoles por parte del órgano que lidera Úrsula Von der Leyen, un texto que destaca la culpabilidad de la formación de Alberto Núñez Feijóo para con el hecho.

Se trata de una cuestión no menor y que, si bien podrían encontrarse precedentes, es poco habitual, ya que un informe de este índole no suele decir de manera tan abierta que el principal problema del Estado de Derecho de un país se debe a la actitud de la oposición, lo cual, señalado por fuentes socialistas, “muestra la profunda preocupación que existe en Bruselas por el incumplimiento sistemático de la Constitución” por parte de los populares. “Esto se une a la desconfianza por el avance del extremismo del que han alertado las autoridades comunitarias”, añaden.

De este modo, la comunidad europea emplaza a la renovación “inmediata” del CGPJ y el posterior análisis de las alternativas existentes para reforzar la independencia del organismo”.

Buen trabajo del Gobierno

Esto es lo que dice el texto sobre temas concretos como la lucha contra la corrupción que el Ejecutivo de coalición está llevando a cabo con la creación, por ejemplo, del delito de enriquecimiento ilícito de altos cargos.

“La Comisión Europea avala la homologación del delito de malversación con los países de nuestro entorno, el informe realiza un análisis descriptivo de la reforma y solo menciona críticas de asociaciones conservadoras”, apunta el PSOE en declaraciones recibidas por ElPlural.com. “Además, es importante señalar que no incorpora ninguna mención a este delito en la recomendaciones del informe, por lo que valida la reforma efectuada y no recomienda ningún cambio”, celebran en las filas socialistas.

Por todo ello, las recomendaciones que formula la Comisión Europea “coinciden con las prioridades y proyectos presentados por el Gobierno”. “Este informe destaca la solidez de la democracia española, en la línea de lo que dicen los principales rankings del mundo sobre calidad democrática, reconoce la labor del Gobierno a la hora de implementar las recomendaciones anteriores y, sobre todo, da un severo toque de atención al PP y a Feijóo por una deslealtad constitucional alejada de los estándares europeos”, solventan.

Bloqueo del CGPJ

La institución más importante del tercer poder del Estado lleva cerca de una década siendo mayoritariamente conservadora y es la heredada de la última legislatura de Mariano Rajoy. El resultado en las urnas de los siguientes comicios no se ha apreciado en el CGPJ, y es que la mayoría en la fiesta de la democracia después siempre ha sido progresista, en contra de lo que muestra el organismo.

Las consecuencias más directas de esto pasan por la prohibición del órgano de ejercer su función principal: realizar nombramientos en la cúpula judicial, lo que ha derivado en una amenaza de colapso en el Tribunal Supremo dado que no se pueden cubrir vacantes.

En la misma línea, los vocales tendrán que elegir el próximo mes de julio, ya que el 18 de este mes se jubila de forma forzosa Rafael Mozo, sustituto en el cargo de Carlos Lesmes por ser entonces el vocal de más edad. En las últimas semanas se había especulado sobre la posibilidad de que Mozo estuviera fuera del órgano en el pleno ordinario de julio, que suele tener lugar el último jueves del mes. Sin embargo, Mozo consideró adecuado adelantar la sesión al día 19, con la idea de despedirse.

A partir de aquí, la mayoría de los consejeros dan por sentado que el próximo presidente será Vicente Guilarte, vocal de más edad y elegido en su día a propuesta del PP, aunque algunos se refieren a la controversia que puede acarrear este hecho ya que compatibilizaría el puesto con el ejercicio de la abogacía en el bufete MAIO Legal. Ambas actividades, según fuentes consultadas por eldiario.es, no pueden llevarse a cabo a la vez.