La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha asegurado este sábado que el acuerdo que regulará el futuro de TikTok en Estados Unidos se concretará “en los próximos días”, en lo que se perfila como el desenlace de un prolongado pulso político y empresarial entre Washington y Pekín. Las declaraciones han llegado poco después de que el Gobierno chino expresara que “respeta la voluntad corporativa” de la plataforma y reclamara a las autoridades estadounidenses un “entorno empresarial justo”.
“Solamente queda que se formalice el acuerdo, y esperamos que eso suceda en breve”, ha afirmado Leavitt en una entrevista concedida a la cadena Fox News. Según ha adelantado, los términos del pacto ya han sido definidos y solo resta la firma. El compromiso alcanzado contempla que la filial de TikTok en Estados Unidos pasará a contar con una mayoría accionaria bajo control estadounidense. Además, el consejo de administración que dirigirá las operaciones de la red social en el país estará compuesto por siete miembros, seis de ellos designados como nacionales de Estados Unidos.
Oracle, al frente de los datos
Uno de los puntos centrales del acuerdo se refiere a la gestión de los datos de los usuarios. Leavitt ha subrayado que esta tarea será asumida por Oracle, uno de los gigantes tecnológicos estadounidenses, que también tendrá competencias sobre el control del algoritmo que rige el funcionamiento de la plataforma. Esta medida busca disipar las preocupaciones de seguridad expresadas durante años por las agencias estadounidenses sobre la posibilidad de que el Gobierno chino accediera a información sensible de millones de ciudadanos.
El marco legal que regulaba la situación de TikTok en territorio estadounidense fue aprobado en 2023, y fijaba el 19 de enero de 2024 como fecha límite para que ByteDance, la empresa matriz con sede en Pekín, se desprendiera de su filial en el país o, de lo contrario, cesara sus operaciones. Sin embargo, ese plazo no pudo cumplirse. Tras asumir la presidencia en enero, Donald Trump optó por conceder sucesivas prórrogas, pese a la ausencia de una base legal sólida, lo que mantuvo en vilo tanto a la compañía como a los millones de usuarios de la aplicación.
La situación se complicó debido a la propia naturaleza corporativa de ByteDance. Aunque la empresa insiste en que el 60 por ciento de su capital pertenece a inversores internacionales y que su sede corporativa está registrada en las Islas Caimán, la compañía mantiene una presencia significativa en Pekín y debe acogerse a la legislación china. Los fundadores de la tecnológica, que poseen alrededor del 20 por ciento de las acciones, conservan un notable poder de decisión gracias a participaciones con derechos de voto especiales. Esta configuración ha alimentado las suspicacias de Washington, que ve en la compañía una extensión de la influencia china en el ámbito digital.
Un pulso con impacto global
TikTok cuenta con unos 170 millones de usuarios en Estados Unidos, lo que la convierte en una de las redes sociales más influyentes entre la población joven. Esta popularidad ha hecho que el debate sobre su futuro no se limite al plano económico, sino que adquiera un fuerte componente político y cultural.
Las autoridades estadounidenses han expresado en reiteradas ocasiones su temor a que la plataforma sea utilizada como herramienta de injerencia política o como vía para recopilar información masiva de ciudadanos. Tanto TikTok como ByteDance han rechazado categóricamente estas acusaciones, asegurando que sus operaciones internacionales se rigen de forma independiente de las autoridades chinas.
El anuncio de un inminente acuerdo llega tras el encuentro mantenido esta semana en Madrid entre representantes de Estados Unidos y China, donde ambas partes alcanzaron un marco de entendimiento. Según lo pactado, ByteDance deberá desprenderse de su filial estadounidense como condición indispensable para que TikTok pueda seguir operando legalmente en el país, conforme a la ley aprobada por el presidente Joe Biden. Si se confirma la firma en los próximos días, el acuerdo pondrá fin a meses de incertidumbre, y podría marcar un precedente en la forma en que Washington aborda la presencia de empresas tecnológicas extranjeras en su territorio.
