La ley de amnistía sigue dando de lo que hablar. Aunque las aguas se han calmado ligeramente en el panorama nacional (aunque sigue siendo tema recurrente en numerosas intervenciones políticas), la derecha continúa en su afán de elevarla a los tribunales internacionales y a las instituciones europeas, a pesar del fracaso que estas intentonas han supuesto anteriormente. Síofra O'Leary, presidenta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se ha pronunciado sobre esta cuestión.

"No puedo tomar ninguna posición sobre un borrador de ley que está pendiente de aprobación por un Parlamento nacional", ha arrancado O'Leary. "Primero de todo, porque no hay ninguna posición que se pueda tomar porque no conocemos el contenido de las leyes en cuestión. Segundo, porque los jueces y el presidente de un tribunal nunca toman posiciones sobre los borradores de los proyectos legislativos que todavía se están debatiendo y están pendientes de aprobación, porque eso supondría interferir con los procesos democráticos", ha añadido.

"De esta forma, creo que debemos dejar a las autoridades competentes en España que continúen con su trabajo. Por supuesto, cuando cualquier ley se apruebe, siempre está abierta al Tribunal, pero en casos como este, en los que todavía no está aprobada ni ha entrado en vigor, es correspondiente plantearle las preguntas y enmiendas al Gobierno y a los partidos políticos", ha zanjado.

 

Fracasos del PP por internacionalizar la amnistía

La insistencia del PP por darle bombo europeo a la amnistía no está dando ningún resultado. El pasado mes de noviembre, el Comité Europeo de las Regiones (CdR) desestimó una enmienda contra la ley de amnistía de los políticos independentistas del 'procés' catalán, impulsada por los presidentes autonómicos del PP y que reclamaba a la Unión Europea que vetara la concesión de medidas de gracia a los condenados por delitos de corrupción y malversación de fondos públicos.

En su lugar, y avalando así la propia ley de amnistía, lo que ha hizo el pleno del CdR fue aprobar otro escrito que dicta que la elaboración de amnistías e indultos es una competencia estatal, además de proponer dejar en manos de cada país de la UE "los mecanismos y las circunstancias que rijan la aplicación" de medidas de esta clase. Así, la propuesta del PP no sólo fue desoída, sino que se aprobó otra que ratificaba positivamente la aplicación de la amnistía y reconocía el derecho de las instituciones españolas a llevarla a cabo.

Una semana antes de ello, los 'populares' volvieron a darse de bruces en Bruselas, al proponer su debate en la Cámara comunitaria. El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, aseguró que "sigue siendo una cuestión de ámbito interno de España" y que "tiene que abordarse dentro del ámbito constitucional español". 

El texto de la amnistía, que fue registrado en el Congreso por el PSOE tras ser acordado tanto con el socio de coalición (Sumar) como por los partidos independentistas catalanes, fue sometido a examen en la Cámara europea, en lo que fue un fracasado intento del PP para convencer al comisario de Justicia de "tomar cartas en el asunto para garantizar el estado de Derecho en España y asegurar la separación de poderes". El propio Reynders solicitó información sobre la ley de amnistía de manera previa al debate, pero tal y como él mismo expresó, dicha petición de información no venía motivada porque hubiese algo mal hecho, sino para tener una óptica más amplia del texto y su contexto.

"Estamos hablando de un texto correspondiente a la política interior española, bajo el marco legal de la misma. Debatir ese texto aquí no contribuye a mejorar las instituciones europeas, al contrario: que se traiga aquí deja ver tendencias verdaderamente preocupantes. Emplear para la batalla partidista un consenso amplio como es el estado de derecho en la Unión Europea puede acabar perjudicando estos valores. Creemos necesario dar a cada debate una dimensión adecuada", zanjó el comisario, dando la cuestión por finiquitada y atestiguando el primer fracaso del PP a este respecto.