El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha comunicado esta mañana al presidente del Senado, Pedro Rollán, que el Consejo Fiscal carece de competencias para emitir informes sobre proposiciones de ley en tramitación ante el Parlamento en referencia a la petición de informe solicitada por la Cámara Alta sobre la futura ley de amnistía que se recibió en el Ministerio Público.

Según ha explicado la propia FGE, en una extensa carta, García Ortiz, responde así, nada más tomar posesión de su cargo como fiscal general, a la solicitud formulada por la Mesa del Senado el 5 de diciembre de 2023, a instancias del Grupo Parlamentario Popular en esa Cámara, para que tanto el Consejo Fiscal como el Consejo General del Poder Judicial emitieran sendos informes sobre la proposición de ley de amnistía que actualmente se tramita en el Congreso de los Diputados.

El fiscal Ggeneral recuerda en su carta que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal prevé la intervención del Consejo Fiscal para informar proyectos de ley o normas reglamentarias que afecten a la estructura, organización y funciones del Ministerio Público. “No está legalmente prevista, por el contrario, su labor informante o consultiva en proposiciones de ley en tramitación ante el Parlamento”.

García Ortiz explica el distinto tratamiento que merecen los proyectos de ley y las proposiciones de ley en relación con las funciones consultivas del Consejo Fiscal y del Consejo General del Poder Judicial, exhaustivamente analizado por varias sentencias del Tribunal Constitucional, en algunas de las cuales también se examinan las funciones del Consejo de Estado como órgano de naturaleza asesora o consultiva.

El Consejo Fiscal no tiene semejanza con el CGPJ

Pese a que ni el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal ni la Ley Orgánica del Poder Judicial ni el Reglamento del Senado regulan el trámite cursado por la Mesa del Senado, García Ortiz alude en su carta a la “leal colaboración institucional” que permitiría que fuera la institución del Ministerio Fiscal la que informara sobre una proposición de ley durante su tramitación parlamentaria.

Sin embargo, esa cooperación no es posible en este caso concreto porque un informe sobre la proposición de ley orgánica de amnistía emitido por el fiscal general del Estado supondría “alterar el normal funcionamiento de la institución, invadir espacios y competencias propias de la estructura organizativa de la Fiscalía española en su toma de decisiones, pues, de entrar la norma en vigor, las y los fiscales objetiva y territorialmente competentes deberán posicionarse procesalmente en relación con su ámbito objetivo de aplicación y respecto de cualquier cuestión prejudicial o cuestión de inconstitucionalidad que pueda plantearse”.

El fiscal general concluye asegurando que su intención es la de no extralimitar sus funciones legales, aun con la mejor voluntad de colaboración interinstitucional, “pues por encima de ella está el efectivo cumplimiento de las Circulares e Instrucciones de la Fiscalía General del Estado, doctrina vinculante para todos los integrantes de nuestra institución”.