La Asociación Observatori de Drets Humans (DESC), personada como acusación popular en la causa que se sigue en los juzgados de Toledo por la supuesta mordida de 200.000 euros recibida por el PP para financiar la campaña electoral de Cospedal en 2007, y que hace unos días la Fiscalía pedía su sobreseimiento ante el estupor general de las partes acusatorias, como adelantó ELPLURAL.COM, ha enviado un demoledor escrito al Juzgado de Instrucción Nº 3 oponiéndose al archivo solicitado por el fiscal jefe, Luis Ibáñez. En su escrito, al que ha tenido acceso este periódico, el abogado José Bové, representante de DESC, apunta que “siendo indiciariamente constitutivos de delito los hechos investigados y apareciendo indiciariamente como responsables de los mismos determinadas personas, no procede acordar el sobreseimiento; al mismo tiempo ha de tenerse presente que el plazo de instrucción no ha finalizado y que la investigación no ha concluido”.

La otra acusación popular personada en la causa, ADADE, según ha sabido ELPLURAL.COM, también tiene la intención en próximas fechas de presentar un recurso por la actuación del fiscal Ibáñez.

Pieza principal y Audiencia Nacional

En su escrito DESC recuerda que las diligencias no acaban hasta junio, así como que dentro de unos días, concretamente el día 22 de febrero, el instructor acordó el pasado noviembre tomar declaración al exalclade de Toledo y a su número dos en la Alcaldía en 2007, José Manuel Molina y Lamberto García Pineda, respectivamente, así como a los miembros que formaban parte de la Junta de Gobierno municipal por aquel entonces, Fernando Sanz Domínguez, José Rivas Rivas, Fernando Fernández Gaitán, Mª Paz González y Fernando Cirujano Gutiérrez, todos ellos en calidad de investigados (antes imputados), “declaraciones que han de practicarse tal cual han sido acordadas”, le recuerdan al fiscal. De ahí que sorprenda la petición del fiscal jefe, que se “produce en un momento curioso, a pesar de las alegaciones que realiza sobre el plazo de instrucción que, además, no finalizará hasta el mes de junio, habida cuenta de que, actualmente, como es bien sabido, se está celebrando el Juicio de la pieza principal de la que trae causa este procedimiento y queda aún pendiente, igualmente, de celebrarse, el juicio correspondiente a los denominados papeles de Bárcenas que es, justamente, de donde surge este procedimiento”. Blanco y en botella.

Efectos perversos y trascendentes

Ante esta contundente constación, la acusación popular considera “improcedente dictar el sobreseimiento solicitado por el Ministerio Fiscal ya que el mismo tendría unos efectos jurídicos que trascenderían al propio procedimiento en el que nos encontramos”, volviendo a recordar al instructor y al fiscal que no se puede eludir el hecho de que se esté enjuiciando la pieza principal de la que “dimanan estas diligencias y su sobreseimiento podría condicionar el resultado tanto del juicio que se está celebrando como del que habrá de celebrarse por la pieza correspondiente a los denominados papeles de Bárcenas”, recogen, al mismo tiempo que muestra su sorpresa por la actitud de la Fiscalía, diciendo desconocer la “motivación” que ha llevado al fiscal Ibáñez a pedir el sobreseimiento, “máxime teniendo en cuenta la postura del mismo órgano (la Fiscalía) que acusa en la pieza principal”.

Hechos constitutivos de delito

“No obstante”, añade Bové en el escrito, “los hechos son, sin duda, típicos, antijurídicos y culpables y así lo ha establecido no solo este Juzgado sino, también, el Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional y la Sección Cuarta de dicho Tribunal que también ha tenido ocasión de pronunciarse sobre lo mismo”. En este sentido, la asociación vuelve a cargar contra el fiscal señalando que, “no se puede pretender ir buscando el sobreseimiento de algo que, sin duda y así se encuentra ratificado, es, presuntamente, constitutivo de delito”, recordándole que fue el propio extesorero del PP, Luis Bárcenas el que reconoció en sede judicial, “documentó y explicó esos pagos lo cual es una realidad que no puede ser modificada por la voluntad de la Fiscalía”, señalan.

Ejecución y adjudicación

El texto presentado ante el juzgado que dirige el magistrado Florencio Rodríguez Ruiz contiene innumerables recordatorios legales, contundentes e incontestables argumentaciones que ponen en un brete al Ministerio Fiscal a quien acusa de “centrar la investigación en la fase de ejecución del contrato dejando a un lado la fase de adjudicación del mismo donde, ciertamente, también se produjeron irregularidades que están siendo objeto de investigación en el presente procedimiento”, concretan. Hecho que para la DESC dan fuerza a la “tesis acusatoria, según la cual la concesión de Toledo fue ‘recompensada’ con la donación efectuada por la matriz de SUFI para la campaña electoral de Cospedal”, sin olvidar que, además, “existe un soporte documental que acredita el ‘traslado’ del dinero de una parte a otra, gestión realizada a través de Bárcenas, como él mismo ha reconocido tanto en la fase de instrucción ante el Juzgado Central 5 como en sus recientes declaraciones en el Juicio de la pieza principal”.

Escrito del fiscal Luis Ibáñez

Las declaraciones de Correa

Argumentario que lleva a la asociación a pedir al juez Rodríguez que dada la relevancia del procedimiento, “hace que las declaraciones prestadas por Bárcenas sean una suerte de hecho público y notorio por lo que no entendemos cómo el Fiscal solicitante del sobreseimiento desconoce tales declaraciones”. Un zasca en toda la línea de flotación del argumentario recogido en el escrito del fiscal Luis Ibáñez, a quien le refrescan la memoria recordándole que todos los indicios que existen sobre el funcionamiento de la financiación irregular del Partido Popular en los años investigados se ven refrendados por lo que está pasando en el seno de otros procedimientos tal y como es el caso, entre otros muchos, de la declaración de Francisco Correa en el juicio oral que se está celebrando ante la Sección Segunda de la Audiencia Nacional”. Y aprovechando la celebración de este juicio, José Bové pide al juez instructor que “se traiga copia testimoniada de la declaración efectuada por  Correa en el procedimiento referenciado”. Esto no ha hecho nada más que empezar, a pesar de que el fiscal pretenda poner punto y final al caso.