En la Audiencia Provincial de Toledo no se habla estos días de otra cosa que del sorprendente e inaudito escrito presentado por el fiscal jefe, Luis Ibáñez, ante el Juzgado de Instrucción Nº 3 pidiendo el archivo de las actuaciones sobre la supuesta mordida de 200.000 euros que la empresa Sufi entregó al partido de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha para financiar la campaña electoral de ésta en 2007 a cambio de la concesión del servicio de recogida de basura de la capital castellano-manchega, siempre según declaraciones en sede judicial del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. El documento, al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM, se presenta en plena instrucción y cuando el titular del juzgado, Florencio Rodríguez Ruiz, que hace unos meses declaró la causa compleja, ha llamado a declarar como investigados (antes imputados) al exalcalde de la ciudad, el popular José Manuel Molina, así como a toda la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo en mayo de 2007. Declaraciones que tendrán lugar los próximos días 22 de febrero y 1 de marzo.
La proximidad del Congreso del PP
Del mismo modo, llama poderosamente la atención que haya sido el fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Luis Ibáñez, y no el fiscal encargado de caso investigado, quien está a pie de juzgado en la instrucción que lleva a cabo el juez Rodríguez Ruiz, y que hasta la fecha no se había opuesto a ninguna de las actuaciones del magistrado, el encargado de presentar el escrito que, casualmente, se da a conocer a diez días de la celebración del congreso nacional del PP, que tendrá lugar entre el 10 y 12 de febrero y donde la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, insiste en seguir al frente de la Secretaría General del partido, a pesar de la fuerte oposición entre los barones “populares” que recuerdan a Mariano Rajoy la incompatibilidad de cargos en los que incurre Cospedal.
Juicios en la AN por la Gürtel
Y no sólo eso, el fiscal jefe olvida que en la Audiencia Nacional se está celebrando en la actualidad el juicio del “caso Gürtel”, donde también se verá la “caja B” del Partido Popular de la que Cospedal, según Bárcenas, era una de las beneficiarias, si bien es cierto que el Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia contra el extesorero, tras la denuncia presentada por la secretaria general, y tendrá que indemnizar a ésta con 50.000 euros. Sin embargo, el fiscal conoce también que el juez toledano se ha dirigido a la AN para solicitar información sobre las causas derivadas que se siguen sobre la banda Gürtel por si alguna de ellas pudiera tener conexión con la supuesta mordida de los 200.000 euros.
Recibí firmado por el gerente de Cospedal recepcionando los 200.000 euros
Pruebas demoledoras eludidas
En el citado escrito del fiscal Ibáñez se esquiva la verdadera razón de la instrucción llevada a cabo por el juez Florencio Rodríguez, y que no es otra que saber si la concesión del servicio de recogida de basuras de la ciudad de Toledo a la empresa Sufi, filial de Sacyr, tuvo como consecuencia la supuesta entrega por parte de la empresa al PP castellano-manchego de 200.000 euros para financiar la campaña de Cospedal de 2007. En este sentido, existente pruebas demoledoras que demuestran que el tesorero de Cospedal, imputado también en la causa, José Ángel Cañas, firmó el famoso recibí recepcionando la citada cantidad, y que fue la propia Cospedal la que admitió haber recibido dicho importe, pero procedente de las arcas nacionales del PP para pagar los gastos de la campaña electoral. Aún es más, sus portavoces, Francisco Cañizares y Cesárea Arnedo, admitieron la entrega, aunque dijeron que “se trataba de un asunto interno del PP sin reflejo en las cuentas”.
¿Dónde están los 200.000?
Si a todo esto le añadimos que la instrucción realizada por el exjuez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que le llevó a declarar pieza separada y a remitir a los juzgados de Toledo la causa, permitía “tener por indiciariamente acreditadas las entregas de dinero en efectivo por un total de 200.000 euros efectuadas por Luis Bárcenas al gerente regional del PP de Castilla-La Mancha”, entonces demuestra que a la Fiscalía parece no importarle el destino de los 200.000 euros, máxime si tiene en su poder el informe del Tribunal de Cuentas y de la Sindicatura de Cuentas donde se dice expresamente que no existe asiento contable de la salida de la caja de la sede nacional de la calle Génova de Madrid y la recepción en la sede regional de la calle Ronda Buenavista de Toledo. Y por si todo esto no fuera motivo de investigación, existe otro documento emitido por el director de la Asesoría Jurídica del PP, Alberto Durán, en el que “no consta en el PP documentación contable de ninguna otra índole de la que se desprenda la recepción por D. José Ángel Cañas de la cantidad de 200.000 euros en 2007”.
Los argumentos del fiscal
Pero todo esto parece carecer de importancia para la Fiscalía, ya que en sus razonamientos jurídicos argumenta que “la instrucción debe considerarse completa y suficiente” y añade “que la omisión de trámites normativos en la actuación, por sí sola, jamás podría constituir un supuesto prevaricador”. Luis Ibáñez cree “suficiente acicate para flexibilizar exigencias de los negociadores” la huelga en los servicios de limpieza “unos días antes de la mayor fiesta de la ciudad de Toledo, como es el Corpus Christi”, recordando que los acuerdos fueron ratificados en noviembre de 2007, “que aun parcialmente criticado por la intervención, fue avalado plenamente por el nuevo equipo de gobierno, de distinto signo político que el anterior y surgido de las elecciones municipales celebradas entre una y otra actuación administrativa”, señala.
