La Confederación Intersindical Galega (CIG) ha hecho público un comunicado en el que recuerdan los numerosos incumplimientos del plan de prevención de riesgos laborales en el Servicio de Prevención y Defensa contra Incendios Forestales (SPDCIF) del gobierno gallego. La problemática, que CIG lleva años denunciando, continúa sin solucionar por  el departamento de Medio Rural del ejecutivo que dirige Núñez Feijóo, a pesar de las reiteradas reclamaciones de la Inspección de Trabajo. Ahora la central sindical le traslada estas cuestiones a la jefatura territorial de la autoridad laboral para que estudie, si lo considera oportuno, informar a Fiscalía. Asimismo, han añadido, acudirán a la vía penal en el caso de que las deficiencias no sean solventadas en un período de dos meses.

El secretario comarcal de CIG-Ourense, Anxo Carballo, ha rememorado que desde el 13 de marzo de 2017, el sindicato inició una campaña para exigir el cumplimiento del plan de prevención de riesgos en el servicio público de lucha contra el fuego. La iniciativa se centró en la denuncia de varios incumplimientos del plan de acción en las tareas de extinción de incendios. “Estos planes son documentos que forman parte del plan de prevención de riesgos y recogen las medidas correctoras a las que la propia empresa se obliga a llevar a cabo en tiempo y forma determinada”, ha explicado Carballo.

Según ha señalado, en este caso, el documento era del año 2014 y se establecía un plazo de tres meses para su cumplimiento. “Por nuestra parte denunciamos en 2017”, ha detallado el responsable. Además, ha precisado, este plan, elaborado por la propia empresa junto con la mutua, recoge también las responsabilidades directas de los quebrantamientos, citando en primera instancia a las jefaturas de distrito “y como responsables de la comprobación a las jefaturas provinciales”, ha aseverado.

Ante esta circunstancia, el 13 de marzo de 2017 la Confederación Intersindical Galega denunció en la Inspección a todos los distritos de todas las provincias gallegas, así como a las jefaturas provinciales como responsables. En total pusieron de manifiesto hasta un total de 13 incumplimientos en acciones que estaban codificadas dentro del propio plan. Entre ellas, la obligatoriedad de entregar comida de asimilación rápida al personal en labores de extinción, así como equipos de respiración de emergencia y sistemas de comunicación entre bomberos.

A raíz de esta denuncia la autoridad laboral hizo un requerimiento a Medio Rural con fecha de abril de 2017, en el que se les exigía el cumplimiento de las acciones correctoras recogidas en los planes de acción, en lo relativo a equipos de respiración, sistemas de comunicación y comida de asimilación rápida. Desde entonces, ha puntualizado el secretario comarcal, “Medio Rural llevó estos temas al subcomité de Equipos de Protección Individuales (EPIs) del servicio contra incendios exhibiendo simplemente muestras de los materiales, pero no licitó ni la primera de las obligaciones requeridas”.

Continuando con la campaña, desde CIG han denunciado una nueva omisión, en este caso en lo referente a la protección respiratoria de los equipos de extinción. Con fecha 29 de octubre de 2018 le trasladaron a la Inspección, que el servicio carecía de la protección adecuada y de los equipos para protegerse de inhalación de gases y partículas presentes en la atmósfera en un incendio, tal y como recoge el propio plan de acción y según las recomendaciones del Comité de Lucha contra Incendios Forestales (CLIF) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

La autoridad laboral volvió a hacer un exhorto para que el departamento autonómico cumpliese la normativa del plan de acción. “Aunque estas semimáscaras de filtro combinado que reclamamos fueron licitadas por Medio Rural, a día de hoy no han llegado. Los equipos de extinción siguen sin protección ante la principal causa de mortalidad en las tareas de extinción”, ha denunciado Carballo.

Para finalizar, ha concluido el responsable, ante esta serie de faltas reiteradas por parte de la administración, CIG ha optado por solicitar una reunión con la jefatura territorial de la Inspección de trabajo (la instancia más alta de este organismo en Galicia), para informarle de todas estas carencias, y si lo considera oportuno trasladarlas a Fiscalía. Del mismo modo que contemplan emprender acciones legales por la vía penal en un plazo de dos meses, de no prosperar las reclamaciones anteriores.