El Gobierno ha salvado su primer match point en un arranque de curso tan apresurado como agitado. A petición de Moncloa, el Congreso de los Diputados ha adelantado la vuelta de las vacaciones estivales para celebrar un pleno urgente en el que el Ejecutivo se jugaba hasta seis importantes leyes. La más polémica y que más ha costado, el decreto sobre el plan de ahorro energético. La Cámara Baja ha dado luz verde tras el sí de PNV, Bildu y ERC propiciado por unas negociaciones que desencallaron a última hora por el ofrecimiento del PSOE a tramitarlo como proyecto de ley, comprometiéndose a mejorarlo en los próximos meses. El resultado de la votación ha sido, finalmente, más holgado de lo que cabría esperar, con 187 síes, 161 noes y una abstención.
Una auténtica victoria que no ha sido la única. El Gobierno ha hecho pleno. El Congreso ha convalidado los tres decretos que llevaba, el de ahorro de energía, el de medidas contra los incendios forestales y el nuevo sistema de cotización de autónomos; así como las leyes enmendadas por el Senado del solo sí es si, Ciencia e Innovación y la ley Concursal. En otras palabras, el hemiciclo ha dado el 'okey' a todo.
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha sido la encargada de presentar ante el hemiciclo los planes del Gobierno, insistiendo en que no es más que un primer paso hacia la eficiencia energética. Según ha expuesto, el paquete de medidas, que va desde las ayudas al transporte y la gratuidad de los Cercanías hasta el apagón de los escaparates a las 22:00 horas y el control de la climatización, cumple “un triple objetivo”: “Combaten la subida de precios, reducen nuestra dependencia energética y contribuyen a paliar los efectos de la emergencia climática”. Asimismo, permitirá lidiar con el duro invierno como consecuencia de la guerra en Ucrania: “Ahorrar energía beneficia a todos y nos ayudan a responder al chantaje energético de Putin”.
Tras exponer en detalle las medidas del plan, Sánchez ha fijado su mirada en la bancada popular y ha lamentado su actitud “obstruccionista y desleal”. “Puede que algunos grupos tengan la tentación de tumbar el decreto creyendo que debilitan al Gobierno, pero en realidad estarán golpeando a millones de ciudadanos que usan a diario el transporte publico”, ha remachado.
Sin alternativa
Sus afiladas palabras no han caído en saco roto. La portavoz parlamentaria del PP y número dos de Alberto Núñez Feijóo, Cuca Gamarra, ha sido la encargada de dar la réplica. Lo ha hecho sin profundizar en las medidas y limitándose a lamentar que España tiene “el peor Gobierno de Europa” y que debiera dar recomendaciones para el ahorro, no imposiciones.
La secretaria general del PP ha admitido que Europa ha urgido al ahorro energético, pero considera que su traducción ha de ser en forma de recomendaciones, no así de “imposiciones”. Además, ha acusado a la política energética de Sánchez de “arruinar” la economía española por no adaptarse a “la realidad”. “Son necesarios planes de ahorro, pero no cualquier plan, sino un buen plan”. Lo llamativo es que Gamarra no ha esbozado alternativa alguna. Lo que sí ha hecho ha sido negar que el ahorro energético de las últimas semanas sea resultado del decreto. “Es porque los ciudadanos no pueden pagar la energía”, ha concluido.
Una hipoteca por escrito
El enfado de los socios del Gobierno por cómo se ha gestado el plan de ahorro ha sido monumental. Fuentes de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y EH Bildu consultadas por ElPlural.com afearon que “el PSOE abusa de la ‘no negociación’”, por lo que están hartos de lo que atinan a llamar decretos lentejas. Leyes cerradas que no han contado con su participación. No les preguntan y, sin embargo, solicitan su apoyo acrítico. El independentismo catalán y vasco no iba a tragarse el sapo, no en esta ocasión, lo que forzó a Moncloa a abrirse a tramitar el decreto como anteproyecto de ley para que otros grupos puedan introducir cambios. Tampoco ha gustado que el Gobierno recurra a un decreto mix, que incluye diversas cuestiones sin relación entre ellas. "Lo han vuelto a hacer. De un plumazo, mezclan churras con merinas... Medidas en transporte, becas, eficiencia energética… Algunas nos parecen correctas, otras no y otras son insuficientes.", ha censurado el diputado de Esquerra Joan Capdevila desde la tribuna de oradores.
Con todo, ERC no se fía. En una entrevista previa al inicio de la sesión, su portavoz parlamentario, Gabriel Rufián, condicionó el sentido de su voto a si el PSOE fijaba una fecha para su tramitación que garantice que se hará efectiva en un plazo razonablemente breve y, por si acaso, que lo haga por escrito. Y es que, del orden de 33 decretos ya votados quedaron finalmente en nada. Las negociaciones se han apurado hasta el último minuto, pese a lo cual, los socialistas daban por hecho desde el miércoles que no iba a haber problema alguno.
Por su parte, la portavoz parlamentaria de la izquierda abertzale, Mertxe Aizpurua, ha anunciado desde la tribuna de oradores que su voto sería afirmativo tras arrancar al Gobierno dos compromisos. Para introducir cambios y medidas “mucho más profundas”, han acordado que en 2023 se revisen al alza, reformen y amplíen los objetivos de cambio climático y transición ecológica. Además, “se estudiará y planificará junto a las comunidades autónomas estrategias que, incluyendo a todos los sectores, transformen el modelo de producción apostando por las energías renovables.
Lo que dice el plan y lo que no
Mucho se ha comentado sobre el plan de ahorro energético. La derecha (PP, Vox y Ciudadanos) se ha deshecho en críticas cuando, la realidad, es que el Gobierno apenas ha implementado una ínfima parte del conjunto de medidas que pretende. Ante las previsiones de un durísimo invierno, la Unión Europea ha exigido a sus estados miembro que recorten del orden de un 14% el consumo de energía para afrontar una posible carencia con motivo de la guerra de Ucrania y del cierre del grifo del gas de Putin. España, tras una complicada negociación con Bruselas, ha logrado que la cuota sea únicamente del 7%. Con las medidas puestas en marcha tras la aprobación del plan energético el pasado 1 de agosto, el Ejecutivo cifra el ahorro en un 9,5%. Las medidas están funcionando y no son nada traumáticas, como pretende aparentar la derecha y la ultraderecha.
Lo que recoge el decreto y que el Congreso ha ratificado no es sino la limitación de las temperaturas de calefacción y refrigeración a 19 y 27 grados en en inmuebles de las administraciones públicas, establecimientos comerciales como grandes almacenes o centros comerciales, espacios culturales o infraestructuras de transporte como estaciones o aeropuertos. La modificación, por tanto, es de un grado. Uno solo. También establece el apagón de los escaparates y edificios públicos desocupados a partir de las 22.00 horas y se obliga a que antes del 30 de septiembre tanto edificios como locales dispongan de cierres automáticos en las puertas de acceso para impedir que se queden abiertas permanentemente.
Por otra parte, se impulsa el transporte público para abundar en la eficiencia energética. El transporte de Cercanías, Rodalíes y Media Distancia será gratuito desde el 1 de septiembre hasta finales de año; una medida que se complementa al descuento inicial del 50% de todos los servicios de transporte público estatal.
Este paquete de medidas que tanto ha disgustado a las derechas será ampliado con un plan de contingencia en el que el Gobierno ya trabaja y, según se ha comprometido, lo articulará de la mano de los grupos parlamentarios. Su llegada está prevista para otoño.
