El Gobierno arranca un adelantado curso político con preocupación. El Consejo de Ministros celebrado este martes tenía la mirada puesta en el pleno del Congreso del próximo jueves, cuando se votará el plan de ahorro energético aprobado el pasado 1 de agosto. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, así como sus escuderas durante la rueda de prensa posterior al cónclave, Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y Carolina Darias, ministra de Sanidad, se han esforzado más en presionar al Partido Popular para salvar el decreto ley que en explicar lo aprobado hoy. Los 1.900 millones de los fondos europeos que el Gobierno dispondrá para construir viviendas social y eficiente, así como la creación de un Centro Estatal de Salud Pública, han quedado relegados a un segundo plano.

Rodríguez ha dado la bienvenida al nuevo curso presionando al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, quien ha calificado el plan de ahorro energético de “frivolidad”. A juicio de la portavoz monclovita, lo realmente frívolo es haber tenido “23 días para leerse” el contenido, desconocerlo y, más grave aún, oponerse  al cumplimiento de los compromisos adoptados en la Unión Europea para ahorrar energía en los próximos meses ante el aciago horizonte de un inverno marcado por la carencia por la guerra en Ucrania.

“Putin nos quiere cerrar el gas. Estamos hablando de cumplir nuestros compromisos de la UE para combatir esta amenaza. Lo hacemos por necesidad, pero también por convicción”, ha apuntalado.

Moncloa insiste en que el decreto ley que el Congreso votará el jueves y cuyo futuro es incierto, pues aún se desconoce si atesora los apoyos suficientes, “viene a dar respuesta al desafío de la guerra y del uso de la política energética como arma", ha abundado. La portavoz también ha aclarado que el plan ha propiciado el ahorro un de un 9,5% en energía, dos puntos y medio más de lo esperado, y será completado por un plan de contingencia que ya están trabajando y que esperan tener listo en otoño.

Asimismo, ha justificado que el plan no solo contempla medidas para la eficiencia energética, sino otras complementarias que también suponen un alivio para las familias, como el uso gratuito del transporte público de mediana distancia, ayudas por valor de 450 millones para los transportistas y becas a estudiantes.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha cifrado el ahorro medio para una familia con dos hijos entre los 200 y los 350 euros, en función del lugar de residencia. Según datos de su departamento, más de 300.000 personas ya se han registrado en la web de Renfe para recibir la ayuda. Desde mañana, todos ellos podrán adquirir los abonos gratuitos para disponer de ellos a partir del 1 de septiembre. “Supone un alivio económico y un ahorro energético”, ha apostillado.

Según ha admitido la propia portavoz, el Ejecutivo aún no tiene asegurados los apoyos parlamentarios necesarios y hace un llamamiento a la responsabilidad: “La ciudadanía no comprendería que ningún grupo político pueda decir que no a tener abono gratuito y las becas y ayudas. Es tan de sentido común que no se entiende la negativa, por tanto, esperamos un acuerdo mayoritario”. Preguntada sobre si el plan de contingencia que está en fase de desarrollo será consensuado con el resto de fuerzas para evitar que esta situación se repita, se ha limitado a esgrimir que “estamos ultimando las conversaciones” porque el Congreso estas semanas estaba cerrado.

Vivienda social eficiente y una nueva Agencia Estatal de Salud Pública

Además de declarar las zonas afectadas por los incendios como emergencia de protección civil (zonas catastróficas) y dejando a un lado el plan de ahorro energético, el Gobierno ha informado que destinará 1.900 millones de euros de los fondos europeos para la rehabilitación de viviendas y la construcción de otras de carácter social.

Las comunidades autónomas recibirán liquidez para financiar los proyectos, que van desde la edificación de nuevas viviendas hasta el cambio de ventanas o instalación de calefacción alimentada con energías renovables. “Suponen una oportunidad única de desarrollo económico, energético y de creación de empleo”, ha remachado.

Por su parte, la titular de Sanidad, Carolina Darias, ha informado de que el Consejo de Ministros ha concretado un anteproyecto de ley para la creación de un Centro Estatal de Salud Pública cuyas funciones serán monitorizar y evaluar los riesgos de enfermedades, preparar respuestas frente a futuras emergencias, desarrollar protocolos tanto en entornos sanitarios como externos y dibujar hojas de actuación.

“La pandemia ha marcado un antes y un después, Esta agencia es una prioridad y una necesidad de país. Tenemos muchas lecciones aprendidas de la pandemia y era una necesidad contar con este centro”, ha concluido Darias.