La reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria promovida por el Gobierno, como toda la gestión para el sector agrícola-ganadero, tiene como objetivo principal proteger el eslabón más frágil de la cadena agroalimentaria, que son los productores, agricultores y ganaderos, específicamente en provincias eminentemente agrícolas y ganaderas como es a la que represento, Zamora.

A finales del pasado año el Gobierno aprobó el proyecto de ley que modifica la Ley 12/2013 de la Cadena Alimentaria, para fortalecer la posición negociadora de agricultores y ganaderos. Esta modificación incorpora al derecho español la Directiva sobre prácticas comerciales desleales en el sector agroalimentario para reequilibrar la cadena y promover la transparencia en la formación de precios.

Esta segunda fase de la reforma de la Ley, con medidas más ambiciosas, completa la iniciada en febrero de 2020 con el RDL 5/20201, que incluía las medidas más urgentes, como la prohibición de comprar por debajo de coste de producción y de la destrucción de valor de los productos a lo largo de la cadena, la consideración del coste de producción en la determinación del precio en los contratos escritos obligatorios y que las promociones comerciales no pueden inducir a error o banalizar los productos agrarios.

La reforma persigue también objetivos ambiciosos como la ampliación del ámbito territorial de la Ley amparando a los productores españoles en sus relaciones comerciales con operadores nacionales, comunitarios y de países de fuera de la UE. También el valorizar la indudable necesidad de las labores agrarias y ganaderas; la Ley se aplicará al conjunto de actividades que llevan a cabo los distintos operadores que intervienen en la producción, transformación y distribución de productos agrícolas y alimentarios.

Serán también relaciones comerciales las que se realicen entre operadores de la cadena alimentaria en los procesos de envasado, transformación o acopio para su posterior comercialización, y en todo caso, las compras de animales vivos, los piensos y todas las materias primas e ingredientes utilizados para alimentación animal.

Además, los proveedores contarán con la mayor flexibilidad y claridad posible para el cálculo de los costes y adecuarlos a su forma de producir, se dispondrá de un registro digital en el que se inscribirán contratos alimentarios, dando mayor transparencia a las relaciones comerciales y seguridad para los productores primarios, se intensifica la lucha contra las prácticas comerciales desleales, aumentando el catálogo y se contará con unas autoridades de control más fuertes y más coordinadas.

Por ello, es necesario destacar que el Gobierno de España que preside Pedro Sánchez y que tiene al frente del Ministerio de Agricultura a Luis Planas gobierna para proteger el eslabón más frágil de la cadena agroalimentaria: Los productores, agricultores y ganaderos.

Para que los productores sepan lo que se les va a pagar quedando prohibida la compra por debajo de su coste de producción, para mejorar el funcionamiento y la vertebración de la cadena alimentaria de manera que aumente la eficacia y competitividad del sector agroalimentario español, para reducir el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor, en el marco de una competencia justa.

También para dotar de mayor transparencia la cadena de valor en la formación de precios, en los costes y márgenes y para mejorar el equilibrio y el fomento de una remuneración justa y equilibrada para todos los eslabones, acciones que son el mejor reconocimiento que podemos hacer a una cadena alimentaria moderna y competitiva.

La reforma de la Ley también cumple con la consecución de los mandatos constitucionales contenidos en los artículos 40 y 130 de la Constitución (que encomiendan a los poderes públicos promover las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa.

Y también cumple con su compromiso para atender a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, la ganadería, la pesca y la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles.

El Gobierno de España, y el PSOE como partido de Gobierno, cumplimos con los agricultores y ganaderos, los operadores con una posición más débil y su dignificación a través de la retribución de sus productos agrarios. Los precios deben ser más justos para asegurar la viabilidad de las explotaciones agrarias y de la economía del medio rural.

Por ello es preciso contextualizar la reforma en las medidas de recuperación justa que impulsa el Gobierno: La cadena de valor pasa a conformarse de abajo a arriba. El precio ya no puede ser ajeno al coste de producción, lo que supone un reparto justo del valor generado a lo largo de la cadena alimentaria. Que amplía el catálogo de prácticas comerciales consideradas desleales.

He de manifestar el orgullo de las profundas implicaciones del Sector Primario de Zamora, como el de toda España, implicaciones sociales participando destacadamente en la conformación de la cultura, el paisaje, la gastronomía o las tradiciones. El medio rural, el campo, nuestras explotaciones, son un yacimiento de empleo fundamental y resultan, al propio tiempo, un elemento esencial tanto para la provisión de bienes públicos como la fijación de población en el territorio.

Orgullo del sector agroalimentario español, y por supuesto del de Zamora, siendo un elemento estratégico para la economía nacional, dada su aportación decisiva al PIB y a la balanza comercial. Orgullo del comportamiento dinámico del sector como elemento de tracción total del resto de los sectores, especialmente en los peores años de la crisis económica, junto con el turismo. Avanzamos en la defensa de un medio rural vivo, sostenible social, económica y medioambientalmente.

Antidio Fagúndez es diputado del PSOE por Zamora.