La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre la denuncia presentada por un ciudadano catalán contra un desahucio, ha revolucionado la agenda de los partidos políticos y todos se ha apresurado a realizar valoraciones. La más importante y esperada la del Gobierno, que ha llegado a través del ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón quien ha manifestado que "naturalmente" cambiará la Ley española para adaptarla a la Legislación europea. Gallardón precisó que no conoce los términos exactos de la sentencia, pero añadió que "nosotros asumimos el compromiso de que todos los aspectos que haya declarados contrarios a la legislación europea serán corregidos".

No se pronuncia sobre los efectos inmediatos
El ministro de Justicia no ha querido pronunciarse sobre si la sentencia tendrá algún efecto en la práctica y con carácter inmediato en las resoluciones judiciales que ya están en marcha porque quiere conocer la sentencia "en profundidad". La incorporación de la doctrina europea sobre protección de los consumidores puede hacerse a través de  enmiendas a la proposición de Ley de regulación de la dación en pago, de paralización de desahucios y de alquiler social, según el ministro.

El plazo de presentación de enmiendas a la nueva legislación sobre desahucios fruto de la iniciativa legislativa popular, que se tramita por el procedimiento de urgencia, concluye mañana pero algunos grupos parlamentarios no descartan que pueda ampliarse de nuevo el plazo de presentación de enmiendas.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE considera que la Ley española de desahucios por impago de hipoteca menoscaba la efectividad de la protección de los consumidores que garantiza una directiva europea sobre clausulas abusivas en los contratos.