Recientemente el Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó las subvenciones a las entidades sin ánimo de lucro para el fomento del sector minero gallego. Lo sorprendente es que el gobierno dirigido por Núñez Feijóo destinó parte de esas ayudas para la propaganda de la minería en el ámbito educativo. En concreto a la Cámara Oficial Minera de Galicia se le concedieron 43.761,12 euros, para la "creación de unidades didácticas sobre minería para niños"; además de 25.884,11 euros a la Asociación Gallega de Áridos, para la elaboración del segundo número de un libro infantil.

Rechazo de la Confederación de ANPAS

Ante estos hechos, desde la Confederación de ANPAS Gallegas han emitido un comunicado para mostrar su preocupación por lo que consideran “la presentación pública de un conjunto de materiales supuestamente educativos destinados a niñas y niños de infantil, primaria y secundaria”. Asimismo han recordado que la campaña de la minería en Galicia ya provocó el rechazo frontal de los colectivos integrados en ContraMINAcción, por el reguero de contaminación y destrucción que provocan.

Además han rechazado que “los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, entre los que se encuentran los niños y adolescentes, tengan que soportar en los centros de enseñanza, o en cualquier actividad extraescolar,  unos audiovisuales perniciosos destinados a educación infantil, primaria y secundaria que parecen ocultar la grave contaminación, destrucción del paisaje y del patrimonio” .

Investigaciones sobre las explotaciones

Para terminar han solicitado al gobierno de Feijóo que “no haga uso de ese material que tergiversa la realidad y oculta los terribles efectos ambientales”, por lo que se remiten a las investigaciones en curso tanto en el Parlamento Europeo como en Naciones Unidas, sobre los efectos de estas explotaciones y del papel ocultador de la Administración gallega; así como al estado actual de algunas minas como la de Touro, en la provincia de A Coruña.

De esta última cabe recordar que hace pocos meses la empresa Explotaciones Gallegas S.L, tal y como desveló la asociación Aldea Viva, fue sancionada con una nueva multa por Aguas de Galicia por una cantidad de 20.000 euros, apenas una semana después de que se conociese la sanción de 30.000 euros a la misma minera por el vertido de aguas residuales, que supusieron según la Administración “la alteración de la calidad de las aguas por concentración de contaminantes superiores a los límites autorizables”.

Además,  en este caso concreto, es necesario tener en cuenta un amplio historial de denuncias como las de tres organizaciones ecologistas: Adega, Verdegaia y la Sociedade Galega de Historia Natural, que coincidieron en la toxicidad de unos vertidos que presumieron “completamente ilegales”, plagados de metales pesados (cobre, zinc o manganeso) y con niveles de hidrocarburos que multiplicaban “por 25” los límites legales, todos ellos muy perjudiciales para la salud humana y animal. Tal y como lo reflejaron los análisis de un reputado laboratorio ligado a la Universidad.