Europa ha asumido como propia la propuesta energética del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para abaratar la factura eléctrica y afrontar el duro invierno que se prevé. El rechazo del Partido Popular a gravar los beneficios extraordinarios de las grandes energéticas y entidades financieras choca frontalmente con la línea de PP Europeo y de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, colocando a Alberto Núñez Feijóo en una delicada posición. Su soledad ratifica el argumentario de Ferraz que acusa a Génova de defender los intereses de los poderosos frente a la ciudadanía, por lo que los populares se están esforzando en justificarse.
Von der Leyen, que pertenece al PP Europeo, ha anunciado una suerte de tope para los beneficios extraordinarios de las grandes empresas energéticas con el que espera recaudar del orden de 140.000 millones de euros. La iniciativa es equivalente al gravamen a las compañías energéticas y a entidades bancarias que Pedro Sánchez anunció el pasado julio, pese a lo cual, Génova insiste en negar la mayor, explicando que su rechazo se debe a que las medidas de Bruselas no son las mismas que las de España.
Según fuentes populares, Feijóo ve con buenos ojos el límite europeo a los beneficios de las eléctricas y no así el español. Dice que son medidas diametralmente opuestas. Sin embargo, la tozuda realidad es la que es. No hay diferencias. Durante la comparecencia en la que Von der Leyen anunció el despliegue de las nuevas medidas, evitó pronunciar la palabra “impuesto” y habló de una suerte de “tope”, pero comparten naturaleza. El gravamen que articulará Moncloa limitará los beneficios extraordinarios para engrasar las arcas públicas, mientras Bruselas hará lo propio imponiendo un límite a los beneficios y recaudando el resto. En ambos casos, el resultado es el mismo. La única diferencia es que Von der Leyen se ha cuidado de no herir sensibilidades relacionadas con la política fiscal.
Desde Génova critican que la propuesta de Moncloa es un “engendro jurídico” que actúa sobre los ingresos, mientras que Europa pretende atajar los beneficios. Esto es falso, ya que desde su concepción, se habló de un gravamen extraordinario y temporal sobre los beneficios extraordinarios, no sobre el margen de beneficios habitual. Asimismo, alegan que podría ser “inconstitucional” por doble imposición, lo que el propio Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, negó, recordando -una vez más- que no se trataba de otro impuesto sino de un gravamen especial y temporal. Con todo, el PP no aclara si lo recurrirá ante el Tribunal Constitucional.
Los de Feijóo también censuran que el PSOE ha articulado una “chapuza” y creen que tendría que haber esperado a conocer los movimientos de Bruselas. “Eso habría hecho un Gobierno responsable. Hay un debate europeo y hay que ver qué sale de Bruselas”, aseveran las mismas fuentes. Traducido al sincerolés, al PP le escuece que Sánchez haya alumbrado la senda en lugar de hacer seguidismo.
Además de limitar los beneficios extraordinarios de las energéticas, Von der Leyen ha anunciado que Europa intervendrá el mercado eléctrico, también en términos semejantes a lo aplicado por España. El objetivo es desacoplar el gas de la electricidad para que la energía más cara no fije el precio del resto. “El diseño actual del mercado de la electricidad basado en el principio del orden de mérito ya no es el adecuado para su propósito”, ha dicho, precisando que “el gas no puede predominar en la fijación de los precios energéticos”. La Comisión Europea seguirá de igual forma la excepción ibérica, operativa en España desde el 14 de junio.
