Vox expande su racismo con una ley para rebajar la edad penal a 12 años y expulsar migrantes

Vox vuelve a cargar contra los menores migrantes con una nueva ofensiva legislativa que busca endurecer de forma drástica la Ley del Menor del año 2000, con el fin de rebajar la edad penal a los 12 años (ahora está en 14) y facilitar la expulsión inmediata de menores extranjeros, incluso aunque sus familias residan legalmente en España. La iniciativa, enmarcada en su habitual discurso contra la inmigración, plantea medidas drásticas y se presenta como respuesta a un supuesto aumento de delincuencia juvenil que el propio partido asocia de manera reiterada a la inmigración.

La reforma propuesta por Vox establece en su artículo 10 la expulsión ordinaria de menores de origen extranjero y la revocación de la nacionalidad española a quienes la hayan adquirido. La sentencia sería “título suficiente para la expulsión del menor, sin necesidad de ulterior resolución administrativa”.

La iniciativa legislativa, que Vox defenderá y se votará el próximo martes, introduce también la posibilidad de que un menor cumpla la medida en su país de origen cuando existan acuerdos bilaterales, o que parte del internamiento en España pueda sustituirse por una expulsión. Además, uno de los puntos más radicales contempla que esta expulsión pueda ejecutarse incluso si los padres o representantes legales del menor residen en España.

Vox justifica el endurecimiento penal con un supuesto “deterioro moral y social

En cuanto a la duración de las medidas, el texto propone que el internamiento en régimen cerrado pueda alcanzar entre tres y ocho años para menores de entre 12 y 15 años, y entre cinco y doce años para los de 16 y 17 años. Esto incluiría delitos como homicidio, asesinato o agresiones sexuales tipificadas en los artículos 138, 139, 178 a 181 y 571 a 580 del Código Penal. El artículo 11 de la reforma trata además los máximos de internamiento, que serán de hasta diez años para menores de 16 y hasta quince años para los mayores de esa edad en casos de varios delitos graves.

El articulado también endurece el régimen disciplinario en los centros de internamiento, regulando sanciones como la separación del grupo hasta diez días, la privación de salidas de fin de semana por un máximo de dos meses o la limitación de actividades recreativas hasta cuatro meses. Asimismo, se incrementan las horas de prestación de servicios en beneficio de la comunidad, que podrían alcanzar un máximo de 150 horas, y se mantiene la medida de permanencia de fin de semana, que no excederá de doce fines de semana.

La proposición sustituye todas las referencias a la palabra “falta” por “delito leve” y modifica la prescripción de los delitos cometidos por menores, fijando que prescribirán “con arreglo a las normas del Código Penal” cuando las penas sean iguales o superiores a quince años, y estableciendo distintos plazos para el resto de supuestos.

El partido de Santiago Abascal argumenta que restaurar la responsabilidad individual es una de las prioridades en el país, debido a que el sistema actual, según aseguran, “impide en muchos casos imponer medidas educativas efectivas” y que deben revisarse las sanciones administrativas durante el cumplimiento de la pena.

Finalmente, sostiene que la delincuencia preadolescente y adolescente sigue creciendo tanto en número de delitos como en la gravedad de los actos, afirmando que por ello existe un “deterioro moral y social”, y menciona una supuesta “proliferación de nuevas figuras delictivas importadas junto con la inmigración ilegal, masiva y descontrolada”.