Las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox para tumbar el Presupuesto de Castilla-La Mancha para 2026 no han prosperado este jueves en las Cortes regionales gracias a la mayoría absoluta del PSOE. Y no era un trámite menor, de haberse aprobado, la región se habría visto obligada a devolver a la casilla de salida un proyecto de 12.903 millones de euros que sostiene el funcionamiento de los servicios públicos fundamentales, las inversiones plurianuales, los programas de empleo y las líneas de apoyo a familias, jóvenes y empresas.
PP y Vox llegaban al debate con discursos prácticamente calcados, sustentados en mensajes catastrofistas y sin una sola alternativa real. En la práctica, sus enmiendas implicaban bloquear la planificación presupuestaria del próximo ejercicio, poner en riesgo actuaciones ya comprometidas y retrasar la entrada en vigor de programas sociales y económicos diseñados para comenzar el 1 de enero.
La intervención más dura ha sido la de Vox, cuyo portavoz parlamentario, David Moreno, ha vuelto a describir un escenario de “extrema gravedad”, asegurando que “los vecinos de Castilla-La Mancha son cada vez más pobres” y que el presupuesto “no resuelve ningún problema”. Su crítica ha ignorado deliberadamente las cifras que sitúan a la región entre las que más empleo y riqueza generan, pero ha insistido en acusar al Gobierno regional de “deuda, recortes, endeudamiento y gasto político innecesario”.
Moreno ha llegado a calificar el proyecto de cuentas como “fraude”, denunciando supuestos recortes en servicios sociales mientras reclamaba “dar prioridad a los españoles frente a las personas en situación irregular”, en un mensaje ideológico ajeno al contenido presupuestario. Incluso ha vinculado el presupuesto con la reforma del Estatuto de Autonomía, que ha tildado de “corrupción institucional” por ampliar la horquilla de diputados, pese a que la propuesta fue aprobada en las Cortes con el apoyo de PSOE y PP.
Su formación ha defendido además que el dinero público “se emplea en todos menos en los castellanomanchegos”, criticando sanidad, cultura, sector primario y servicios sociales sin aportar una sola medida alternativa. Vox ha acusado al Gobierno regional de “presión fiscal asfixiante” y de crear “nuevos impuestos”, pese a que el presupuesto incluye rebajas fiscales orientadas a familias, jóvenes y colectivos vulnerables.
El PP denuncia “papel mojado” pero tampoco ofrece alternativas
El PP, por su parte, ha presentado su enmienda a la totalidad atacando el presupuesto con el argumento de que es “papel mojado” y evidencia “el fracaso económico” del Ejecutivo. Su portavoz económico, Santiago Serrano, ha cuestionado la deuda pública y la renta per cápita, responsabilizando al Gobierno actual del endeudamiento acumulado, pese a que la mayor parte del incremento se produjo durante la etapa de María Dolores Cospedal en la Junta.
Serrano ha criticado además que el presupuesto incluya inversiones repetidas de ejercicios anteriores, cuando se trata precisamente de proyectos plurianuales que requieren continuidad. Ha denunciado que “se presupuestan partidas que luego no se ejecutan” y que el proyecto es “una carta a los Reyes Magos”, sin mencionar el elevado nivel de ejecución que la región mantiene en los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
El PP ha vuelto a exigir deflactar el IRPF y recuperar la carrera profesional sanitaria, aunque sin explicar cómo financiaría esas medidas si se paralizara el presupuesto de 2026, ni qué recortarían para cubrirlas.
El momento más tenso del debate lo ha protagonizado Juan Antonio Moreno Moya, que ha reprochado a Vox acusar al PP y al PSOE de “corrupción institucional” por defender la reforma del Estatuto. Ha calificado esa acusación de cruzar “una línea que nunca debieron cruzar”, aunque al mismo tiempo ha coincidido con Vox en que “las nefastas políticas de Page” han provocado supuestas pérdidas de poder adquisitivo y deterioro social, a pesar de que los datos oficiales indican lo contrario.
Qué habría supuesto aprobar estas enmiendas
Aprobar las enmiendas de PP y Vox habría supuesto, en la práctica, desmontar por completo el presupuesto de 12.903 millones de euros y obligar a rehacerlo desde cero, dejando a la región sin la herramienta básica para planificar su gasto desde el 1 de enero.
La paralización de las cuentas habría interrumpido la planificación plurianual de inversiones, incluida la continuidad de proyectos cofinanciados con fondos europeos, cuya ejecución exige cumplir plazos estrictos. También habría retrasado la puesta en marcha de programas de empleo, vivienda y ayudas sociales, previstos para arrancar a comienzos de año, y habría bloqueado el incremento de recursos destinado a sanidad, educación y servicios sociales, desde nuevas contrataciones hasta mejoras en infraestructuras.
Además, tumbar el presupuesto habría supuesto romper la estabilidad institucional que Castilla-La Mancha viene manteniendo al aprobar sus cuentas en plazo, generando incertidumbre económica y un mensaje de bloqueo a empresas, ayuntamientos y agentes sociales. En esencia, las enmiendas de PP y Vox eran una invitación a paralizar la región sin ofrecer un modelo alternativo. La mayoría socialista lo ha evitado, garantizando que las cuentas sigan su curso y que Castilla-La Mancha no quede atrapada en ese escenario de parálisis.
