Si estos últimos días el centro de acogida de menores no acompañados de Hortaleza, en Madrid, ha acaparado la atención y se ha convertido en la diana del odio de la extrema derecha, durante la tarde de este martes lo ha hecho de forma presencial. Hasta allí, y pese a la prohibición decretada por el Gobierno, se han desplazado un grupo de personas de extrema derecha junto a la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, y la portavoz nacional de Emergencia demográfica y diputada nacional, Rocío de Meer.

Ello se produce después de que este domingo un menor de 17 años violara a otra menor de 14 en las inmediaciones del centro y de que un grupo de encapuchados asaltara el centro para propinar una paliza a varios menores internos del centro, siendo uno de ellos trasladado al hospital. Con este telón de fondo, la extrema derecha ha vuelto a hacer gala de sus valores antiinmigración, cambiando la movilización convocada inicialmente por una convocatoria de prensa con la prohibición por parte del Ejecutivo central encima de la mesa. 

Desde allí, la portavoz de la extrema derecha en la Asamblea ha insistido en lo que miembros de su formación vienen defendiendo estos días atrás. Nuevamente, el Gobierno central de ha convertido en la diana de sus acusaciones, sosteniendo esta vez que el Ejecutivo es el responsable de “proteger a los delincuentes y abandonar a los españoles", algo que ha hecho extensible al PP para señalar que son ellos, junto con el PSOE, quienes abren “las fronteras a migrantes misóginos que ponen en peligro a las mujeres”.

En este orden de cosas, Moñino ha proseguido insistiendo en que desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno las agresiones sexuales han aumentado en un 275 por ciento, siendo sus autores en la mayoría de casos hombres extranjeros de entre 31 y 40 años que han llegado a España bajo el amparo de una ONG, a las que se ha referido como “mafias disfrazadas”. "Claro que hay una relación directa entre la inmigración y las agresiones sexuales a las mujeres. Exigimos inmediatamente el cierre de todos los centros de ilegales y la deportación de todos aquellos que han llegado de forma ilegal a nuestro país", ha señalado. Por su parte, respecto a la prohibición decretada por la Delegación del Gobierno en Madrid, Moñino ha instado al delegado, Francisco Martín, a emprender acciones si lo considera delito de odio. "Invito al delegado del gobierno a que si esto lo considera un delito de odio, interponga las denuncias que quiera, pero no nos van a silenciar", ha apuntado.

Sin embargo, en las declaraciones que ha concedido Moñino frente a los que se habían desplazado ha habido una clara ausencia de referencias hacia la agresión cometida en la pasada noche del domingo a un grupo de menores migrantes. Pese a ser preguntada por ello y una posible condena por parte de Vox, la portavoz en la Cámara de Vallecas ha optado por centrar sus declaraciones en la relación entre inmigrantes y delincuencia. “La puesta en marcha de estos centros lo único que genera es violencia. No sabemos si ha sido un ajuste de cuentas o una pelea entre bandas”, comentaba. “Desde luego, lo que condenamos fuertemente son esas políticas del PP y el PSOE que abren las fronteras a misóginos extranjeros, que ponen en peligro a todos los españoles, y especialmente a las mujeres. La violencia es lo que traen estos centros de ilegales. Lo estamos viendo todos los días”, añadía sin entrar en detalles de la agresión.

Con todo ello, también ha habido espacio para las acusaciones al Ejecutivo de Sol. Por su parte, Moñino se ha dirigido a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a quien ha reprochado la ausencia de contundencia a la hora de combatir la migración y no haber firmado los convenios de reagrupación de menores con sus países de origen como ya se ha hecho en otras comunidades autónomas. "Todos aquellos que entran en nuestro país, que no sabemos qué antecedentes tienen, que han entrado dando una patada en la puerta de nuestro país, no pueden estar en territorio nacional (...) Tenemos que proteger nuestras fronteras", ha sostenido. 

Una concentración prohibida “dirigida a hostigar a los menores”

Poco después de conocerse la concentración anunciada por Vox, desde la Delegación del Gobierno en Madrid han comunicado la prohibición de esta. El delegado del Gobierno en Madrid ha señalado que "es una concentración dirigida a hostigar a los menores en sus casa" y que la misma Policía Nacional situaba en “elevado” el riesgo que suponía esta concentración. Al hilo de ello, el Gobierno ha adelantado esta misma tarde que no descarta sanciones para los dirigentes de Vox que han estado presentes en la concentración. "La Policía ha realizado las correspondientes filiaciones que conllevarán el levantamiento de actas con propuestas de sanción para las personas. Vamos a ver las actas que se elevan, tengo información de que ha habido filiaciones y, por lo tanto, habrá propuestas de sanción, y todo parece indicar que efectivamente habrá sanciones", ha trasladado el delegado en una entrevista en la 'Cadena Ser'.

Sin embargo, la portavoz del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, había anunciado que la convocatoria de esta protesta se daba en solidaridad con la víctima de la agresión sexual, y también "en nombre de todas las víctimas de la inmigración ilegal, masiva e incompatible". Asimismo, añadía que si no hace Vox esta protesta, "nadie lo va a hacer y nadie lo va a denunciar”.

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