La situación de los menores migrantes que llegaron a Ceuta a finales de julio en la entrada masiva desde Marruecos sigue estancada. El Gobierno ofreció esta semana las cifras, admitiendo que apenas se ha filiado a unos pocos de los 1.000 niños y niñas que siguen abandonados en la ciudad autónoma. Desde el Ejecutivo señalan por esto al presidente del Partido Popular allí, Juan Jesús Vivas, que ignora una propuesta para trasladar a 500 de estos menores a la península desde hace semanas.

El Ministerio de Juventud e Infancia remitió la propuesta al Gobierno ceutí para aliviar la situación de los centros de acogida de la ciudad, trasladando a parte de los menores a otros puntos de España. Esto ya se lo comunicaron a Vivas las tres fiscales que visitaron Ceuta el pasado 27 de agosto, como adelantó ElPlural.com a principios de septiembre.

Se trata de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato; la titular superior del Ministerio Público en Andalucía, Ana Tárrago Ruiz; y quien dirigía hasta hace poco la sala Coordinadora de Menores en la Fiscalía General, Teresa Gisbert. Las tres visitaron Ceuta para interesarse por la situación de los 800 menores que ya estaban allí antes de la crisis migratoria del 30 y 31 de julio, y le recordaron a Vivas la posibilidad de trasladarlos a la península por la situación de contingencia de los centros.

Sin embargo, según contaron a este medio fuentes presentes en la reunión del presidente y las fiscales, Vivas se negó a poner en marcha ese traslado, ya que el popular apostaba por “reformar la ley de extranjería y devolverlos a Marruecos” como solución. Es lo que defienden, tanto él como el PP nacional, desde el principio de la crisis, a pesar de que la ley impide la devolución directa en el caso de los menores no acompañados y los solicitantes de asilo.

El Ministerio envió un correo a Vivas el 28 de agosto

La solución que proponían las fiscales se la hizo llegar al Gobierno de Vivas como propuesta formal el Ministerio de Infancia un día después, el 28 de agosto, en un correo electrónico que publica este jueves la Cadena SER: “Te envío la propuesta que nos hizo llegar la entidad para la acogida de menores de edad en la península, que creo que se puede ajustar a lo que necesitáis para dar salida a la situación de sobreocupación del sistema de protección ceutí y evitar una mayor saturación de los servicios”, dice el mensaje remitido desde el área que dirige Sira Rego.

El Ministerio recordaba los precedentes de la puesta en marcha del mecanismo que contempla la ley para aliviar las situaciones de contingencia migratoria extraordinaria, en vigor desde 2025: “Es una propuesta a imagen y semejanza de la que se puso en marcha en Canarias y que funcionó porque se pudo derivar a la península a unos 800 niños, niñas y adolescentes en un corto periodo de tiempo”, dice el correo.

Según cuenta el Gobierno central al citado medio, los trabajos entre ambas administraciones para articular esta propuesta se remontan al 8 de agosto, durante la reunión de Rego con Vivas durante su visita a Ceuta. El Ejecutivo autonómico, en cambio, niega que el correo aquí entrecomillado exista.

Vivas y las comunidades del PP bloquean los traslados

Pero en él se detalla también el protocolo para iniciar estos traslados de los 500 niños y niñas a la península. “Nos parece importante que se pueda poner en marcha esta Unidad Móvil y la Unidad de Traslado que se mencionan en el proyecto porque podrían ocuparse de las entrevistas individualizadas a los menores de edad”, un requisito al que obliga la ley antes de decidir si, finalmente, se les acoge en España o se les devuelve a su país de origen, en este caso, mayoritariamente Marruecos. “Esto, junto con las entrevistas que podáis hacer vosotras y la unidad del Ministerio, podría agilizar bastante el proceso”, le explicaban al Gobierno ceutí.

El correo especificaba también que Moncloa asumiría el coste de los traslados gracias a “la aprobación de los 25 millones de euros en la Conferencia Sectorial”, que permitirían “cubrir tanto las valoraciones iniciales y el apoyo en la gestión para completar los expedientes como las derivaciones a los dispositivos de pequeña escala que se abrirían en la península”.

En cualquier caso, los traslados a los centros en toda España dependen de que las comunidades autónomas de destino acepten a estos menores. Las que gobierna el PP -la mayoría del conjunto, y algunas de ellas junto a Vox- se niegan desde el inicio de la crisis, motivo que omite Vivas en sus críticas al Gobierno de Pedro Sánchez. Solo los Ejecutivos socialistas de Castilla-La Mancha y Navarra han empezado a acoger esta semana a las primeras menores procedentes de Ceuta. En el caso de la región que preside María Chivite, estarán acogidas en un complejo residencial antes de “que sean acogidas en una familia”, como explicó la consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu.

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