La regularización extraordinaria de personas migrantes que el Gobierno ha presentado como uno de los grandes hitos sociales de la legislatura ha abierto a la vez una fractura delicada dentro de la propia mayoría. El motivo no está en el volumen de la medida ni en el choque con la derecha, previsto desde el primer momento, sino en la exclusión de los apátridas del procedimiento extraordinario. Esa decisión deja fuera, en la práctica, a buena parte del colectivo saharaui que reside en España y ha provocado un enfrentamiento abierto entre el PSOE y Sumar, con acusaciones directas al ala socialista del Ejecutivo por haber aceptado una solución “a medida” de Marruecos.
El decreto aprobado por el Consejo de Ministros y publicado ya en el BOE permite a personas migrantes en situación irregular que ya vivían en España acceder a una autorización temporal de residencia y trabajo. El Ejecutivo calcula que el proceso puede beneficiar a cientos de miles de personas. Pero esa vía no alcanza a quienes están tramitando el estatuto de apatridia, una categoría jurídica en la que encajan muchos saharauis. El argumento oficial lo resumió la ministra Elma Saiz: los apátridas no están en situación irregular y España dispone para ellos de un estatuto específico de protección.
Sobre el papel, la explicación tiene forma jurídica. En la práctica, ha encendido todas las alarmas en el espacio de Sumar y en el movimiento de apoyo al pueblo saharaui. La diputada Tesh Sidi denunció de inmediato que la exclusión es una “política hecha a medida contra los saharauis” y llegó a vincularla con presiones de Rabat. El núcleo de la crítica es sencillo: ese estatuto específico que invoca el Gobierno existe, sí, pero sus tiempos de resolución pueden alargarse durante años y mientras tanto deja a muchas personas en una zona muerta, sin permiso de trabajo estable y sin la cobertura que ahora sí recibirán otros colectivos.
Toda las organizaciones, representantes políticos y políticas que hace unos días estuvimos en los campamentos de refugiados y que mantenemos una firme defensa del pueblo saharaui debemos arremangarnos ahora para exigir al Ministerio de Migraciones que incluya a las personas… pic.twitter.com/JnUc0aZ5Fx
— Tesh Sidi🇪🇭 (@teshsidi) April 14, 2026
La herida saharaui vuelve a la coalición
Ahí es donde el conflicto deja de ser técnico y pasa a ser político. Sumar estaba presente en el Consejo de Ministros que aprobó el decreto, pero una vez conocido el texto definitivo se desmarcó con dureza. La formación considera que el PSOE ha consolidado otra cesión en un asunto especialmente sensible desde el giro de Pedro Sánchez sobre el Sáhara en 2022. Para el socio minoritario, dejar fuera a los saharauis no es una corrección menor introducida por prudencia jurídica; es una señal política. Más aún en un contexto en el que el Frente Polisario vuelve a denunciar el abandono del Gobierno español y en el que la relación con Marruecos sigue condicionando decisiones que antes se presentaban como meramente administrativas.
El ala socialista del Ejecutivo se escuda en el dictamen del Consejo de Estado. Varias informaciones apuntan a que fue ese órgano el que recomendó no incluir a los apátridas en la misma disposición pensada para personas en situación irregular y solicitantes de asilo. La Moncloa sostiene que el ajuste busca blindar jurídicamente la medida y evitar recursos que puedan frustrar una regularización de gran alcance. El problema para el Gobierno es que esa defensa no desactiva la crítica de fondo: un colectivo especialmente vulnerable, con una relación histórica y política singular con España, vuelve a quedar en la parte de fuera.
La grieta es incómoda porque toca varios puntos sensibles a la vez. Toca inmigración, donde el Ejecutivo quería exhibir unidad frente al discurso del PP. Toca la relación con Marruecos, siempre explosiva dentro del bloque progresista. Y toca además una de las pocas causas capaces de atravesar familias políticas muy distintas en España: la defensa de los saharauis, todavía muy arraigada en organizaciones sociales, redes locales de solidaridad y parte de la izquierda parlamentaria. El choque no queda, por tanto, reducido a una diputada protestando. Afecta a la credibilidad de la coalición en un terreno donde Sumar no quiere aparecer como acompañante silencioso.
Hay otro elemento de fondo. La regularización extraordinaria nace impulsada por una fuerte presión social, con cientos de miles de firmas y apoyo de entidades civiles, sindicatos, Iglesia y expertos. El Gobierno la presenta como una respuesta realista a una situación de hecho: personas que ya viven aquí, trabajan aquí y sostienen sectores enteros de la economía, pero siguen atrapadas en la irregularidad. Ese marco pierde fuerza cuando una parte de los afectados queda fuera por una etiqueta jurídica que no les resuelve la vida cotidiana. Los saharauis que esperan una resolución de apatridia no dejan de necesitar papeles, empleo y estabilidad porque su caso figure en un procedimiento distinto.
De momento, el PSOE no ha dado señales de rectificación. Sumar sí las exige y ha convertido la exclusión en un pulso político. Lo que parecía una semana diseñada para vender una medida histórica ha terminado dejando otra imagen: la de un Gobierno que amplía derechos para muchos, pero reabre una herida con los saharauis y vuelve a discutir en público sobre Marruecos, aunque nadie en el ala socialista quiera formularlo en esos términos.
