La factura del racismo más allá de los derechos humanos

El avance de los discursos reaccionarios de extrema derecha en un contexto de colapso del Estado del Bienestar, con las clases trabajadoras incapaces de costearse bienes y servicios de primera necesidad pese a trabajar, pone una diana en la espalda de los migrantes. La incapacidad de respuesta de los partidos sistémicos, entregándose los conservadores a tesis racistas por electoralismo, y la ola ultranacionalista occidental, impulsada desde Estados Unidos, facilita el señalamiento como enemigos de los más vulnerables. Si bien el sustento argumental es nulo en todos sus ámbitos.

La discriminación racial (igual por orientación sexual o género) en el trato, acceso a los servicios públicos o disfrute de derechos y obligaciones, debería avergonzar a cualquier sociedad por basarse en diferenciaciones inconsistentes, planteadas para camuflar la brecha de clase. En términos macroeconómicos y laborales, esta postura choca incluso con otras formas de racismo, como el patronal, que concibe a los migrantes como mera fuerza de trabajo, o el recaudador, que ve en los extranjeros una fuente más de ingresos públicos, defendiendo ambas estas falsas banderas integradoras.

La regularización de migrantes aprobada por el Gobierno de coalición, de la que se calcula que podrán beneficiarse hasta medio millón de personas, ha reavivado el debate sobre el trato que las sociedades occidentales y sus instituciones dan a las personas extranjeras, a la par que ha enaltecido las posturas racistas. También sobre la percepción que la ciudadanía, bombardeada durante años con las “paguitas” y la relación de la delincuencia con la migración, tiene de sus propios vecinos con nacionalidad distinta a la española.

Necesidad económica de Occidente

La extrema derecha reviste su posición racista de tradicionalismo y nacionalismo, pero también esconde la querencia de que el Estado de Bienestar, para cuyo sustento Occidente requiere de migrantes, siga decayendo, pues este devenir es la principal explicación de su ascenso. La economía supeditada a una constante búsqueda del crecimiento del PIB que, a su vez, permita sostener el ritmo de vida de la sociedad necesita de cada vez más trabajadores y consumidores, los cuales no pueden aportar las envejecidas sociedades occidentales, estancadas en términos de natalidad.

Los datos económicos españoles son un claro ejemplo de este escenario, razón por la que la patronal se ha posicionado a favor de la regularización. La Seguridad Social registra ya más de 3,1 millones de asalariados extranjeros (14,1% del total), y eso sin contar a los miles que están siendo explotados ilegalmente por empresarios, a cambio de una misera contrapartida que necesitan para vivir y sufriendo condiciones deplorables. Múltiples sectores ni siquiera tendrían la capacidad de seguir en pie de no ser por el trabajo de los migrantes.

“Sostienen sectores como la Hostelería, donde uno de cada tres trabajadores es de otro país”, traslada, este mismo miércoles, Seguridad Social. No obstante, esta no es una excepción sectorial. Los migrantes representan un 27% en Agricultura, un 24% en Construcción, un 17,5% en Transporte y en Actividades Administrativas y llegan al 42,3% en el Sistema Especial del Hogar. También montan sus propios negocios para ganarse la vida y ya son más de medio millón de afiliados.

Este desempeño laboral tiene asociado una contribución que sostiene las pensiones de millones de españoles y el avance económico que persiguen los gobiernos. Poder acceder a trabajos legalmente y pagar impuestos, pedir cita al médico de cabecera o no sufrir la persecución de las Fuerzas de Orden y Seguridad del Estado son algunas de las reivindicaciones que trasladan las asociaciones en las que se agrupan miles de migrantes. Las mismas que han conseguido gracias a su presión y trabajo impulsar la regularización aprobada.

En definitiva, los migrantes no buscan más que ser tratados en igualdad de condiciones a los nacionales por lo menos a efectos legales, tumbando progresivamente las barreras racistas que diariamente sufren. Esta regularización es tan solo un mínimo paso en este camino, pero es una victoria de la lucha de los colectivos racializados y antirracistas. Un mínimo de decencia que, además, también representa un beneficio social y económico para el conjunto de la sociedad española.