Una comisión de investigación por trimestre. Es el modus operandi que ha puesto en marcha el Partido Popular en esta legislatura desde el Senado, valiéndose de su mayoría absoluta y estableciendo un nuevo récord en este sentido: desde abril de 2024, cuando se abrió la del caso Koldo, el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo se ha valido de su control de la Cámara Alta para impulsar hasta siete pesquisas parlamentarias con el fin de erosionar al Ejecutivo de Pedro Sánchez. También desde el Senado, los 'populares' han entrado en varias ocasiones al choque institucional, aprovechando su mayoría para amenazar con los derroteros judiciales, y han cambiado el reglamento de la Cámara hasta cuatro veces en solo dos años.
El caso Koldo, el CIS, el accidente de Adamuz, el apagón, la gestión de la DANA, la gestión de la SEPI (aún por comenzar) y la gestión de RTVE. Son los siete asuntos que los 'populares' han llevado a la Cámara Alta bajo el formato de la comisión de investigación. La última fue anunciada por su portavoz en la Cámara, Alicia García, con objeto de investigar a RTVE: el PP arremete contra la gestión del ente público, tanto a nivel profesional como económico, califican a la corporación como "TelePedro" y ponen en entredicho la calidad de sus programas, a pesar de estar registrando su mejor momento en varios lustros: La 1 cerró 2025 con un share del 11%, su mejor dato en 13 años.
Para el PP, "mientras los bolsillos de los españoles se vacían, RTVE aumenta su presupuesto para comprar obediencia editorial y hacer propaganda sanchista". García elucubraba con que el ente público se encuentra "al borde de la quiebra" y con que el Consejo de Administración hace "ingeniería contable", acusando veladamente al presidente del ente, José Pablo López, de falsear las cuentas. "Quien haya dilapidado fondos, falseado cuentas y manipulado oposiciones tendrá que comparecer en la comisión de investigación y asumir responsabilidades", insistía, en esa misma línea, la portavoz.
De todas las comisiones puestas en marcha por el PP, la que más resultados les ha brindado a los de Feijóo es la del 'caso Koldo'. Fue la primera en constituirse, en abril de 2024, con el objeto de investigar "los contratos públicos realizados durante la pandemia de Covid-19 y los contratos, licencias, concesiones, ayudas y otras operaciones del Gobierno y del sector público, relacionadas con la intermediación de Koldo García Izaguirre". Más tarde se incorporaron a su redactado a "las demás personas vinculadas a la trama investigada en la Operación Delorme y a los presuntos delitos relativos a la corrupción que tengan una relación, directa o indirecta, o conexión con las mismas", una línea que permitió al PP citar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o tener en reserva la comparecencia de su esposa, Begoña Gómez. También fue interrogado en la misma el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Por contra, más desapercibidas han pasado otras comisiones, como la del apagón y la del CIS, ambas sin pena ni gloria al carecer de mayor recorrido. Sobre la sociométrica, el Senado como institución se limita a pedir la dimisión o destitución de su director, José Félix Tezanos, y hace algunas propuestas como limitar el mandato del presidente del CIS a ocho años, pero no va más allá. Sobre el apagón, ya quedó clausurada, en apenas un año, una investigación por la que han pasado la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, y la presidenta del grupo Red Eléctrica de España, Beatriz Corredor, entre otras personas.
El choque institucional: El Senado como antesala al Constitucional
Los 'populares' también se han acostumbrado a utilizar su control de la Cámara Alta para promover choques institucionales con el Gobierno, en concreto, reprobando la ausencia de Pedro Sánchez en las sesiones que allí se celebran y activando el procedimiento para que el conflicto de atribuciones pueda acabar en el Tribunal Constitucional. Los 'populares' se quejan de que Sánchez no acude a los Plenos extraordinarios en el Senado pese a las citaciones que pesan sobre él, llegando a advertirle de "consecuencias jurídicas" no especificadas si seguía ausentándose.
El presidente del Senado, el 'popular' Pedro Rollán, subrayaba que "la falta de comparecencia en la fecha y hora señaladas, sin causa debidamente justificada y comunicada por los cauces oficiales, podrá dar lugar a la adopción de las medidas que procedan por parte de los órganos de la Cámara y a la exigencia de las responsabilidades que en Derecho correspondan". "En tal caso, la presente citación y su notificación se tendrán por realizadas y plenamente eficaces a los efectos legales oportunos, dejándose constancia en el expedientes y dándose traslado a la Mesa del Senado y, en su caso, a la Junta de Portavoces para la adopción de las decisiones que correspondan", exponía.
Cuatro reformas normativas en dos años
Cabe recordar que el PP cambió, hace unos meses y valiéndose de su mayoría absoluta allí, el reglamento del Senado para obligar al presidente del Gobierno a comparecer ante la Cámara Alta una vez al mes, entre otras tres reformas ad hoc a su propio gusto para cumplir con sus propios intereses.
Los 'populares' han modificado hasta en cuatro ocasiones el reglamento en los últimos dos años, haciéndolo, de hecho, sin contar con el consenso del resto de grupos. La última de esas modificaciones, datada de noviembre de 2025, tiene que ver con incluir un límite de tiempo para los ministros en las sesiones de control, hasta antes de la reforma sin límites, abre la vía para acudir al Tribunal Constitucional para reclamar si el Congreso bloquea alguna proposición de ley que salga de la Cámara Alta y protege a los jueces y magistrados para que no tengan que acudir a las comisiones de investigación que tengan lugar en el Senado.
Tanto el PSOE como el resto de grupos han venido afeando las formas del PP para aprobar esta clase de cambios a su antojo, sin acuerdos y utilizando la mayoría absoluta. El senador socialista Manuel Fajardo recordaba al PP en su momento que la tramitación de reformas debe ser "una cuestión de diálogo y consenso".
Críticas a la nueva comisión sobre RTVE
Volviendo a la última comisión impulsada por los de Feijóo en el Senado, el vicepresidente segundo de la Comisión Mixta de Control de RTVE y secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado de España, Alfonso Gil, denunciaba esta semana este nuevo mecanismo y lo calificaba de "un auténtico filibusterismo institucional al servicio de la confrontación política". Gil quiso poner en valor los datos conocidos hoy mismo sobre la Corporación pública, que ha registrado un superávit de 55 millones de euros en 2025, junto con mejores datos de audiencia y una reducción del coste para las arcas públicas.
"La nueva comisión del PP en el Senado nace muerta", sintetizaba el senador. "Estamos ante una empresa pública que funciona, que mejora resultados y que gestiona mejor los recursos de todos. Eso se llama buena gestión", ha subrayado. Gil contrasta estos datos de RTVE con "el desastre de las televisiones autonómicas controladas por gobiernos del PP". Pone como ejemplos de "manipulación informativa y de mala gestión" los entes Telemadrid y TVG, gestionados directamente por Isabel Díaz Ayuso y, hasta pocos años, por el propio Alberto Núñez Feijóo.
Gil ha criticado que el PP utilice su mayoría absoluta para "retorcer las normas de forma arbitraria y contra natura", degradando el funcionamiento del Senado y desvirtuando los instrumentos parlamentarios. "El PP se levanta cada mañana dispuesto a forzar las reglas para imponer su mayoría sin límites, aunque eso suponga deteriorar las instituciones que son de todos", ha afirmado. En este sentido, el senador socialista ha recordado que RTVE ya cuenta con un mecanismo específico de control parlamentario: la Comisión Mixta Congreso-Senado, que se reúne periódicamente y en la que comparece de forma regular el presidente de la Corporación. "Esta comisión de investigación no busca controlar nada. Busca evitar el control real, que es el que se ejerce en la Comisión Mixta, donde hay transparencia, periodicidad y rendición de cuentas", ha señalado.
En este sentido, ha denunciado que el PP pretende sustituir el trabajo parlamentario ordinario por "escenarios de ruido y confrontación artificial", generando conflictos institucionales innecesarios. Por todo ello, Alfonso Gil ha rechazado esta iniciativa del PP y ha advertido de que "el uso abusivo de las comisiones de investigación no solo degrada el Senado, sino que debilita la calidad democrática y la credibilidad de las instituciones".
