El Partido Popular ha vuelto a reabrir el debate sobre los presos de ETA presentando lo que han bautizado como "nueva Ley Feijóo" para "acabar con los ‘ongi etorris’", en referencia a las bienvenidas y homenajes a los presos que terminan condena, con multas administrativas en su articulado de hasta 150.000 euros, valiéndose de su mayoría en el Senado para impulsar este texto.
Para los 'populares', el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no tiene límites morales", en palabras de la portavoz del PP en el Senado, Alicia García. "Acordó con Otegi acercar para luego liberar a los presos de ETA, y ahora se cruza de brazos mientras los etarras son homenajeados en las calles y las víctimas sufren con dolor", ha opinado, recalcando además que "las víctimas no están solas, tienen a su lado al Partido Popular, que no descansará hasta acabar con esas situaciones, al igual que luchó contra la ‘kale borroka’". Cabe recordar que los 'populares' han sido reprendidos en numerosas ocasiones por asociaciones de víctimas y otros colectivos por utilizar políticamente el dolor de las víctimas del terrorismo.
El PP justifica esta iniciativa legal con el objetivo de "poner fin a los actos de homenaje en lugares públicos o exaltación de personas condenadas por delitos de terrorismo, así como manifestaciones que suponen menosprecio o humillación hacia las víctimas y sus familiares". "Tras la salida reciente a la calle de terroristas sanguinarios, se hace urgente la tramitación de esta norma; por lo que García exige a Armengol que no la meta en el congelador. Se trata de una iniciativa novedosa para acabar con ese tipo de actos; por lo que el PSOE tendrá la oportunidad de empezar a enmendar sus errores y ayudar a las víctimas o seguir al lado de Bildu", reza el escrito compartido por el Partido Popular a la prensa, incidiendo en sus argumentos habituales.
Sanciones de hasta 150.000 euros
Las sanciones que plantea el PP en lo que han denominado como "nueva Ley Feijóo", que consiste técnicamente en añadir un nuevo Título Octavo a la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, se dividen en leves, cuando las conductas sean aisladas o de escasa difusión pública; graves, cuando las conductas sean organizadas, reiteradas o tengan un impacto relevante; y de muy graves cuando "sean en lugares oficiales o masivos, o que incluyan exaltación explícita de organizaciones terroristas, participación de cargos públicos o reiteración de infracciones graves".
Los de Feijóo plantean que las multas vayan ligadas a esta categorización y que se comprendan entre 200 y 2.000 euros para las leves, entre 2.001 y 10.000 euros para las graves, y desde los 10.001 euros hasta los 150.000 para las muy graves. La portavoz del GPP argumenta, para justificar el impulso de esta proposición, que la actual normativa tipifica las conductas de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas, pero no contempla actos en el espacio público que no alcanzan el umbral penal y que demandan una respuesta administrativa inmediata. En este sentido, destaca la importancia de la iniciativa del GPP que quiere añadir un nuevo título para acabar con los ´ongi etorris`.
La dirigente popular, ante la seriedad del tema y el daño a la memoria colectiva de tantas familias masacradas, exclama que el PP no las va a abandonar: "Las víctimas no están solas, tienen al Partido Popular que no descansará hasta acabar con esas situaciones, al igual que luchó contra la kale borroka", recuerda. De esta manera, en el Pleno de la próxima semana se verá quién está del lado de las víctimas y de los familiares que tanto han sufrido en las últimas décadas, o, por el contrario, quién esta con los que exaltan y homenajean a personas condenadas por delitos de terrorismo", sentencian desde las filas 'populares'.
"Nueva Ley Feijóo"
En concreto, ésta es la exposición de motivos presentada por el Partido Popular en el Senado, en el que gozan de mayoría absoluta:
La Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, reconoce a las víctimas como elemento esencial en la consolidación de la memoria democrática y en la defensa de los valores constitucionales. Por su parte, el artículo 61 Defensa del honor y la dignidad de las víctimas establece la obligación del Estado para asumir la defensa de la dignidad de las víctimas, estableciendo la prohibición de exhibir públicamente monumentos, escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas o de exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del terrorismo, de los terroristas o de las organizaciones terroristas. Asimismo, establece la obligación de las Administraciones Públicas, para adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a esta prohibición y para la prevención de la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del terrorismo, homenaje o concesión pública de distinciones a los terroristas.
Sin embargo, se siguen produciendo en espacios públicos actos de homenaje o exaltación de personas condenadas por delitos de terrorismo, así como manifestaciones que suponen menosprecio o humillación hacia las víctimas y sus familiares. El Grupo Parlamentario Popular en el Senado presenta una nueva Ley Feijóo para poner fin de una vez por todas a los ‘ongi etorris’ que se siguen celebrando con total impunidad en los espacios públicos. Para ello, los populares llevan a próximo Pleno del miércoles 8 la Proposición de Ley de Modificación de la Ley 9/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, que será debatida y aprobada gracias a su mayoría.
Estas conductas, aun sin alcance penal, lesionan la memoria colectiva y la dignidad de quienes padecieron la violencia terrorista, afectando gravemente a la convivencia democrática. El Código Penal, en su artículo 578, tipifica las conductas de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas, y ha sido objeto recientemente de una Proposición de Ley Orgánica de modificación de dicho precepto, tomada en consideración por esta Cámara, con el fin de reforzar su tratamiento cuando estas conductas sean cometidas por cargos públicos o representantes políticos. Sin embargo, subsisten actos en el espacio público que no alcanzan el umbral penal y que demandan una respuesta administrativa inmediata. Por ello, esta modificación de la Ley 29/2011 complementa el marco penal existente, dotando a la Administración de instrumentos preventivos y sancionadores adecuados para garantizar el respeto debido a la memoria y dignidad de las víctimas del terrorismo.
