Moncloa inicia el pulso contra la nueva Junta de PP y Vox por la Ley de Memoria

La derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, uno de los compromisos incluidos en el acuerdo de gobierno firmado entre PP y Vox, ya ha provocado el primer choque institucional entre el Ejecutivo central y la nueva Junta presidida por Moreno Bonilla. El Gobierno ha advertido que recurrirá ante el Tribunal Constitucional cualquier intento de sustituir la actual normativa por una Ley de Concordia, tal y como recoge el pacto suscrito entre ambas formaciones.

Tal y como ha informado eldiario.es, el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ha confirmado que el Ejecutivo seguirá en Andalucía la misma estrategia jurídica aplicada en otras comunidades donde PP y Vox han impulsado leyes de concordia para reemplazar las normas de memoria democrática. "Se recurrirá al Tribunal Constitucional si se deroga", aseguró el responsable estatal en declaraciones al citado medio.

El aviso llega apenas un día después de que Moreno Bonilla lograra la investidura gracias al respaldo de Vox y de que ambas formaciones firmaran un acuerdo de 150 medidas que incluye, antes de que finalice 2026, la aprobación de una nueva Ley de Concordia que sustituya la legislación andaluza actualmente vigente.

La Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía fue aprobada por el Parlamento en 2017 sin ningún voto en contra. Salió adelante con el apoyo de PSOE, Podemos e Izquierda Unida, mientras que PP y Ciudadanos optaron por la abstención.

El Gobierno denuncia un "blanqueamiento" del franquismo

La advertencia del Ejecutivo central se produjo durante un acto de homenaje a los hermanos León Trejo, tres sevillanos fusilados por las tropas golpistas durante la Guerra Civil bajo las órdenes de Gonzalo Queipo de Llano.

Allí, Fernando Martínez aseguró que el Gobierno ejercerá "sus competencias hasta el último rincón de Andalucía" en materia de memoria democrática y defendió que la norma andaluza constituye una de las leyes autonómicas más avanzadas del país.

A juicio del secretario de Estado, las denominadas leyes de concordia promovidas por PP y Vox "blanquean" la dictadura franquista al equiparar a víctimas y verdugos y sustituir el reconocimiento y reparación de las víctimas por un relato que evita condenar explícitamente el golpe de Estado y la posterior represión.

"Las leyes de memoria ponen el foco en las víctimas; las mal llamadas leyes de concordia equiparan democracia y dictadura", sostuvo Martínez durante su intervención, en la que añadió que este tipo de iniciativas "invisibilizan a las víctimas" y reducen las exhumaciones de fosas comunes a meras actuaciones arqueológicas. El responsable estatal defendió además que "sin memoria no hay democracia" y consideró que, frente al auge del "populismo y el neofascismo", las políticas memorialistas constituyen "el mejor antídoto" para proteger los valores democráticos.

La misma estrategia aplicada en otras comunidades

El anuncio del Gobierno no supone una novedad en la estrategia jurídica del Ejecutivo frente a las iniciativas impulsadas por PP y Vox en distintas autonomías. La sustitución de leyes de memoria por normas de concordia ya ha sido recurrida o está siendo objeto de recursos en territorios como Baleares, Aragón, Cantabria o la Comunitat Valenciana. En Extremadura, donde también gobiernan ambas formaciones, el proceso continúa todavía en fase de negociación previa entre ambas administraciones.

El procedimiento habitual comienza con la apertura de una comisión bilateral entre el Estado y la comunidad autónoma para tratar de resolver las discrepancias competenciales. Si no existe acuerdo, el Ejecutivo presenta un recurso de inconstitucionalidad solicitando además la suspensión cautelar de la norma, algo que ya ha ocurrido en algunos casos.

Según el Gobierno, estas leyes vulneran tanto la Ley estatal de Memoria Democrática como los derechos de las víctimas reconocidos en distintas normas nacionales e internacionales.

Una promesa recuperada seis años después

La derogación de la Ley andaluza no es una reivindicación nueva dentro de la derecha andaluza. Ya figuraba en el acuerdo de investidura que PP, Ciudadanos y Vox firmaron en 2019 para facilitar la llegada de Moreno Bonilla a la Presidencia de la Junta.

Aquel compromiso, sin embargo, nunca llegó a materializarse durante las dos legislaturas posteriores, algo que los colectivos memorialistas atribuyen al escaso interés mostrado por el Gobierno andaluz en el desarrollo de la ley vigente.

Ahora, la entrada de Vox en el Ejecutivo autonómico ha reactivado esa exigencia y la ha convertido en uno de los compromisos concretos del nuevo acuerdo de gobierno. El punto 148 del documento establece expresamente la aprobación de una Ley de Concordia antes de finalizar 2026 para sustituir la normativa de memoria histórica actualmente vigente en Andalucía.