El Tribunal Supremo ha confirmado este viernes que el PP reformó su sede en Génova, 13 con dinero en negro de la 'Caja B'. Los jueces que llevaban la causa han estimado parcialmente algunos recursos y rebajado a nueve meses de prisión las condenas de los responsables de la empresa que llevó a cabo las obras. Asimismo, deja en ocho la pena de prisión del extesorero del partido, Luis Bárcenas, al que también le imponen 180.000 euros de multa.

Asimismo, la sentencia, a la que ha tenido acceso ElPlural.com, rebaja igualmente la cuota defraudada del delito fiscal. De esta manera, dicha cuota pasa de 870.000 a 374.000 euros. Entretanto, la condena de la formación como responsable civil subsidiaria para afrontar las cuotas tributarias eludidas, en el supuesto de que los condenados no las efectúen, “se mantiene” dado que no fue recurrida ante el Supremo.

La sentencia de la Audiencia Nacional impuso dos años de cárcel a Luis Bárcenas, ex tesorero de los populares, después de pagar más de un millón de euros a la compañía que reformo la sede ubicada en el número 13 de la céntrica calle madrileña. Dicha cuantía procedía de la contabilidad en negro y se empleó para reformar siete plantas del edificio, sótanos y garajes entre 2005 y 2010. Todo esto en dinero negro, según señalaron los propios jueces En concreto, los términos que emplearon fue que aquel montante llegaba “al margen de la facturación y la contabilidad oficial y no declarados a la Hacienda Pública”.

El responsable de llevar las cuentas de la formación conservadora no fue el único condenado; también los responsables de la empresa que realizó la reforma: el arquitecto Gonzalo Urquijo y su socia Belén García. El PP como responsable civil subsidiario también fue condenado de una parte del mencionado fraude: en concreto, de los 123.669 euros que Unifica -así se llama la firma- dejó de pagar en el año 2007 por el Impuesto de Sociedades después de haber cobrado de los fondos del partido a espaldas de la Agencia Tributaria.

La Audiencia Nacional verbalizó que los órganos directivos del PP no ejercieron en aquel momento un “control adecuado” sobre la gestión de Bárcenas y que sus medidas para prevenir que se produjeran este tipo de situaciones eran en ese momento inexistentes. Así las cosas, los populares debían responder económicamente por esa parte del fraude, apuntalaba la sentencia que ahora ratifica el Supremo, dado que Bárcenas actuó “como gerente de dicha formación política”.

En otra línea, señalar que la existencia de a Caja B ya era algo de sobra conocido y confirmado por la Justicia. Sin embargo, la presente sentencia fue la primera que se pronunció sobre la veracidad de la contabilidad que existía paralelamente y que llevaba Bárcenas -de ahí los conocidos como ‘papeles de Bárcenas’. El documento indica que “determinados apuntes o anotaciones de salida han quedado corroborados con otras pruebas, lo que nos lleva a concluir que los papeles recogen acontecimientos que en una parte sí son reales”.

La resolución, ahora declarada firme en lo esencial, afirmó que Bárcenas fue quien “gestionó los fondos en metálico aportados a la formación política Partido Popular como donaciones privadas a través de una contabilidad paralela -contabilidad B- de cuyo ingreso y gasto no se dejó constancia en la contabilidad oficial”. Asimismo, señala que los papeles “reflejan acontecimientos cuya realidad ha quedado acreditada, como los traspasos a las cuentas de donativos oficiales, entregas de dinero a determinadas personas vinculadas con el PP o los pagos por las obras de reforma”.

Bárcenas fue una de las personas que no recurrió a esta sentencia ante el TS -su condena de dos años de prisión-. El PP presentó alegaciones ante la Sala de lo Penal contra la condena del extesorero y la suya propia. Sin embargo, la retiró poco después de la llegada de Feijóo a la presidencia de la formación.

Ya existen también más sentencias firmes sobre las distintas ramificaciones en el caso Gürtel, una investigación que hace ya más de 15 años que arrancó en la Audiencia Nacional. La causa se mantiene abierta a día de hoy y afecta a varios municipios y administraciones públicas controladas por los populares donde empresarios de la trama que encabeza Francisco Correa se beneficiaron de adjudicaciones millonarias a cambio de mordidas y regalos a políticos del PP.

La última es la séptima resolución firme del Alto Tribunal que declara probada la relación simbólica entre el PP y la trama corrupta, La última se dictó a finales del año pasado cuando el alto tribunal confirmó que el partido se benefició con 200.000 euros de la Gürtel en Boadilla del Monte, uno de sus feudos en Madrid.