El limbo económico en el que se movía la Casa Real llega a su fin. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el “primer decreto en 30 años” que modifica la estructura de la Jefatura del Estado, como lo ha presentado la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha sido el encargado de presentar el real decreto en el que ha trabajado durante años y que permitirá fiscalizar los Presupuestos de la Casa del Rey, a través del recientemente renovado Tribunal de Cuentas.
El real decreto busca incidir en los principios de “transparencia, rendición de cuentas, ejemplaridad y eficiencia” para igualar a la Casa Real con “los más altos estándares de las casas reales europeas". Unas medidas que afectarán a los presupuestos de la Jefatura del Estado, sus contrataciones e, incluso, al personal de Zarzuela, sobre todo en el caso de altos cargos, que tendrán que realizar declaraciones de bienes al estilo de los que hacen los diputados y senadores.
La aprobación del real decreto se produce el día después de que el rey Felipe VI hiciera público el patrimonio de 2,5 millones de euros con que cuenta. Una iniciativa, según Bolaños, que ha partido del propio rey "y que el Gobierno celebra", aunque no ha aclarado si esa publicación será algo habitual y periódico a partir de ahora.
La principal novedad del real decreto que reestructura la Casa Real es que será fiscalizada por el Tribunal de Cuentas, órgano que, a diferencia del Consejo General del Poder Judicial, sí ha sido renovado como exige la Constitución tras un pacto entre el Gobierno y el Partido Popular. Este control se realizará a través de un convenio que está por cerrarse y permitirá sortear, con el visto bueno de Zarzuela, sortear el artículo 65 de la Constitución que establece que corresponde al Rey “organizar su Casa, así como para gestionar y aplicar la asignación económica que recibe anualmente”.
Declaraciones de bienes en la Casa Real
Otro aspecto central es la obligación de que los altos cargos y directivos de la Casa Real tengan que presentar una declaración de bienes al ser nombrados y otra cuando abandonen la responsabilidad. Una cláusula que, según ha explicado el ministro de la Presidencia, solo afecta a los trabajadores de la Casa Real y que no se aplicará, por ejemplo, a la figura de la reina Letizia. Por otra parte, a los trabajadores de la Casa Real se les aplicará en sus labores un código de conducta para que su labor se haga velando por los intereses generales y por principios como la igualdad, la honestidad y el respeto al medio ambiente.
Por otra parte, el decreto impone a la Casa Real “el principio de publicidad en todas las contrataciones” que realice la Jefatura del Estado. Tanto las normas como las instucciones para contratar con la Casa Real serán publicados en la página web de Zarzuela. Además, los regalos que reciba la familia real serán “auditados e inventariados” para decidir si pasan al patrimonio público o privado.
El ministro de Presidencia ha sido el encargado de presentar el decreto en el que él mismo ha trabajado desde hace años. De hecho, fue el propio presidente del Gobierno quien avanzó en diciembre de 2020 que estaban trabajando en una “hoja de ruta” con el que incidir en la “renovación y la rendición de cuentas” por la que, según Sánchez, apostaba Felipe VI.
Bolaños ha señalado que el decreto “moderniza y da ejemplaridad” a la Casa Real para “homologarla a los más altos estándares de las casas reales europeas”. Según el ministro, el “trabajo compartido” con Zarzuela para sacar adelante el decreto “se ha intensificado en los últimos días”. Además, ha asegurado que el Partido Popular ha estado informado de los avances en el decreto y ha rechazado las críticas de Podemos a que no se haya limitado la inviolabilidad del rey: “El decreto ha salido con el apoyo del Gobierno en su conjunto, ha sido un acuerdo totalmente pacífico”. “Es el camino que los ciudadanos piden a las administraciones públicas, también a la Casa Real y la Monarquía”, ha zanjado.
