¿Qué razón de autoridad cree tener el PP para reclamar la solidaridad de la ciudadanía catalana, de mayor o menor poder económico, cuando no la aplica en las comunidades donde gobierna al no reclamársela a los ciudadanos que más tienen? Y no es una pregunta retórica, verán por qué la formulo. Ilustraré dos ejemplos comparativos entre Cataluña y Andalucía, y animo a que lo hagan en otras Comunidades como Madrid, por ejemplo.
Cojamos dos ejemplos de gestión y liquidación de impuestos sobre los que las CCAA tienen capacidad normativa, los impuestos sobre el Patrimonio (Ley 19/1991) y de Donaciones (Ley 29/1987). Podrían hacerse más.
Pues deben saber que un contribuyente en Andalucía no tiene la obligación de presentar declaración del Impuesto sobre el Patrimonio si sus bienes o derechos son inferiores a 2.000.000 euros. Supongamos que ese contribuyente tiene una vivienda habitual valorada en 350.000 euros, y una segunda vivienda en la playa o en el campo, unas acciones y un vehículo, en definitiva, bienes por un total de 645.000 euros. Pues sepan que en Cataluña ese contribuyente pagaría 2.508,83 euros y en Andalucía nada. Es más, no tendría ni que presentar declaración tributaria.
Supongamos ahora que ese mismo contribuyente quiere donar 100.000 euros a su hija de 30 años para ayudarla a adquirir una vivienda habitual en los tiempos que corren. Pues sepan que en Cataluña su hija tendría que pagar por Donaciones 2.150,00 euros y en Andalucía prácticamente nada porque aquí se aplican reducciones de la base imponible y reducciones de la cuota de un 99%.
Pero claro, para no tacharlos de insolidarios les exigimos que sigan aportando como hasta ahora al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales el 75% de la capacidad tributaria de Cataluña, para luego distribuir entre todas las CCAA. En la liquidación de la transferencia de garantía 2021 Cataluña aportó a dicho Fondo 18.357 M€ y recibió del mismo 16.834 M€, es decir una aportación neta de 1.522 M€ para el resto de las CCAA.
¿No les parece, ciudadanos de Andalucía, que lo que nos propone el PP es que Cataluña supla el déficit de los recursos tributarios que renuncia a recaudar porque su política siempre es beneficiar a los que más tienen, no a los que más los necesitan?, ¿no creen que quizá la ciudadanía de Cataluña tenga algo de razón en su sensación de sentirse perjudicada?
El alcance del debate originado alrededor del Sistema de Financiación Autonómico (SFA) con ocasión del acuerdo entre el PSC-ERC para la investidura de Salvador Illa no podemos más que calificarlo de apriorístico y parcial. En mi opinión, es apriorístico porque exigirá la reforma de la LOFCA y de la ley que regula el SFA para las comunidades de régimen común, por lo que sin saber el alcance de dichas reformas parece apresurado enjuiciarlo desde ya como insolidario y rupturista. Y parcial pues, aunque la base del acuerdo descansa en el Estatuto vigente y en la STC 31/2010, que resolvió el recurso de inconstitucionalidad que interpusieron 99 Diputados/as del PP, de alguna manera lo que se reclama es la efectiva aplicación de lo allí dispuesto, y debemos recordar también que el actual SFA lleva demasiados años sin ser negociado de nuevo, como si nada fuera con los que ahora se sorprenden y se rasgan las vestiduras. Como sí las señales que se enviaban desde Cataluña desde tiempo antes del 1-O no hubieran anticipado a dónde llegaríamos si no se abordaba su negociación con la plenitud e integralidad que todas las partes legítimamente reclaman ahora. ¿Y ahora nos extraña?
Es parcial porque necesariamente deberemos poner sobre la mesa con qué nivel de tributación estamos dispuestos a contribuir todos los españoles para tener aquellos servicios públicos que demandamos. Y sí, ha llegado el momento de hablar del nivel de presión fiscal que estamos dispuestos a aceptar para articular los mecanismos redistributivos necesarios para una mayor justicia social. A eso nos hemos negado durante décadas, diría casi desde la misma aprobación del texto constitucional, pero si queremos hablar de solidaridad vamos a ponernos todos frente al espejo.
Definimos la presión fiscal como la proporción que representan las recaudaciones por tributos y contribuciones sociales respecto del PIB a precios de mercado. España ocupa el número 12 en el ranking europeo, con un 38,3% cuando la media de la UE-27 es 41,2% y del 41,9% de la eurozona. El déficit de recaudación comparada asciende a entre 39-48.000 M€. ¿Se imaginan una inyección de tal calado en nuestro sistema público?
La otra cuestión si no queremos tachar de parcial el juicio de insolidaridad que reina estos días, es el de incentivar la corresponsabilidad fiscal para evitar la competencia fiscal a la baja entre las CCAA, como decía al principio. Y esa competencia a la baja está teniendo como consecuencia un efecto perverso, que yo diría incluso inconstitucional, cual es el de los beneficios fiscales que a sabiendas se atribuyen a unos ciudadanos que disponen de mayor capacidad económica. Madrid y sus bonificaciones fiscales hacen que la mitad de los ricos (quienes declaran más de 6.000.000 euros) no paguen el impuesto del patrimonio, y de los superricos (más de 30.000.000 euros) solo tributan un tercio. Hagan números allí y lean el libro de Los ricos no pagan IRPF. Claves para entender el debate fiscal de Carlos Cruzado y José M. Mollinedo, les ayudará a entenderlo.
Sin el análisis de estas dos cuestiones mi opinión es que los juicios en relación con el acuerdo del que traen causa son parciales, sí.
Como todo cuanto concierne a la evaluación de las políticas públicas, el desarrollo de los derechos fundamentales configurados en nuestro Estado del Bienestar atiende a dos factores que son determinantes. Los recursos financieros con las que se dotan, a ese ya me he referido, y a los servicios públicos que demandamos teniendo en cuenta el grado de satisfacción por el servicio recibido. También aquí haría bien el PP en prestar atención y a nosotros exigírsela.
En cuanto al grado de satisfacción que expresan los españoles por los servicios y prestaciones que reciben, nos guiaremos por las conclusiones obtenidas en el estudio de “Opiniones y actitudes fiscales de los españoles en 2022”, del Instituto de Estudios Fiscales (último publicado hasta ahora). De entre ellas, y a lo que aquí interesa podemos destacar de manera sucinta las que a continuación les resumo.
La tendencia al aumento de quienes piensan que la oferta pública de servicios y prestaciones justifica mucho o bastante el pago de impuestos (62%, casi 2 de cada 3). Casi 5 de cada 10 consideran que ningún servicio o prestación debería ser gestionado por la iniciativa privada.
El desacuerdo evidente desde 2002, y más pronunciado aún en 2021 y 2022, con la participación de la iniciativa privada tanto en la gestión como en la financiación de servicios y prestaciones.
El servicio que más justifica el pago de impuestos es la sanidad, más de 5 de cada 10 así lo creen. La sanidad no debería estar gestionada privadamente (solo 1 de cada 10 cree que sí).
Casi 8 de cada 10 consideran que hay colectivos que habitualmente defraudan, sobre todo aquellos “no controlados” por una nómina.
La posibilidad de subir los impuestos para mejorar los servicios y prestaciones recibe más apoyo por parte de la ciudadanía que su reducción, porque consideran que empeorarán.
Si el gobierno de la Junta de Andalucía quiere reclamar solidaridad a Cataluña debe empezar por exigírsela a los que más tienen en su comunidad, para cuidar mejor la sanidad y la educación pública y el resto de las prestaciones. No debe seguir privatizando esos servicios, debe recuperar la imposición a los que más tienen para que tributen menos los que menos tienen.
Si el gobierno de la Junta de Andalucía quiere un modelo del SAF que en su opinión sea más justo y equitativo para todos, debe reclamar que en dicha negociación se asuma por fin la necesidad de hablar de la calidad de los servicios públicos que estamos obligados a prestar y no se preocupe tanto por abrir cada vez más puertas a la iniciativa privada, porque eso no lo quieren los ciudadanos. Eso solo lo quiere el PP en las Comunidades donde gobierna.
La coherencia empieza por uno mismo Sr. Bonilla.
Luis Miguel Jiménez Gómez es economista y diplomado en alta dirección de empresas. Presta servicios para la Junta de Andalucía desde 1985. Ha ocupado puestos de responsabilidad en distintos departamentos, como Salud, Servicios Sociales, Agricultura, Turismo y Deporte, Cultura, Cooperación para el Desarrollo y Fomento y Vivienda.
