Coincidiendo con el 14 de abril, día en que se conmemora la proclamación de la Segunda República Española en su 94º aniversario, distintos socios parlamentarios del Gobierno central de Pedro Sánchez han situado el foco en Zarzuela, tanto por el estado actual de la institución monárquica como por el número de viajes oficiales realizados por el rey Felipe VI a lo largo de su reinado.

En lo que concierne expresamente al ámbito parlamentario, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha registrado este lunes un escrito en el Congreso de los Diputados para preguntar al Ejecutivo central qué Ministerios asumen el coste de los viajes oficiales del monarca o si se realizan auditorías internas o externas de estos gastos.

En concreto, los de Gabriel Rufián en la Cámara Baja aluden a la información avanzada por Público, por la cual ha trascendido que Felipe VI ha realizado 192 viajes de Estado durante todo su reinado: en once años, desde junio de 2014 hasta diciembre de 2023, siendo el 2022 el año en que más salidas realizó el rey con 25 viajes a 15 países. Una falta de información que, tal y como recoge el texto de ERC, se debe a “la aplicación de la Ley preconstitucional 9/1968”, séase, la Ley de Secretos Oficiales y por la que no es posible acceder a los datos de las actividades reales.

Una muestra de “opacidad” por la que la formación catalanista, socia directa del Gobierno, plantea una batería de preguntas al Ejecutivo de Sánchez para “arrojar luz” a la cuestión y con la que buscan esclarecer el coste detallado de estos desplazamientos, conocer qué Ministerios asumen dichos costes, los criterios que justifican los viajes o si se han realizado auditorías para controlar su impacto económico.

A juicio de ERC, "resulta imprescindible continuar exigiendo mecanismos de control y transparencia sobre los gastos de la Casa Real y del Jefe del Estado, especialmente en un momento en el que la opinión pública presencia a diario la aparición de noticias que no hacen más que aumentar la desconfianza y las sombras de duda hacia las instituciones y los representantes públicos". Bajo la misma premisa, los independentistas catalanes también plantean conocer si el Gobierno prevé modificar el marco legal para garantizar la total transparencia en las actividades de la Casa Real y reformular la mencionada Ley de Secretos Oficiales.

Por último, pregunta por qué la Mesa del Congreso veta sus iniciativas parlamentarias para exigir más transparencia a la Jefatura del Estado y si el Tribunal de Cuentas piensa establecer "un mecanismo de fiscalización permanente sobre las partidas presupuestarias asignadas a la Casa Real y las variaciones en el patrimonio de la Familia Real".

Sumar y Podemos, bajo la significación del 14 de abril

Desde otro punto de vista, otros socios del Gobierno, incluido el partido minoritario de la coalición, han propuesto distintas medidas este lunes bajo el aniversario de la República y que tocan de cerca la institución monárquica y al papel que el Ejecutivo central juega en este escenario.

Por un lado, Podemos ha deslizado que, a su juicio, “los Borbones deberían formar un partido político y presentarse a las elecciones, la Jefatura del Estado debería decidirse en las urnas”. Así lo ha esgrimido el portavoz nacional de la formación morada, Pablo Fernández, quien ha desgranado a su vez que “Felipe VI o Leonor podrían liderar una candidatura junto a PP, PSOE y Vox y podrían meter en las listas a la mitad del Poder Judicial”.


Sumar, por su parte, reclamó el pasado viernes al Ejecutivo central que pueda declararse este 14 de abril como día festivo nacional por la Segunda República de cara al próximo año. El portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Congreso, Enrique Santiago, así lo ha propuesto al entender que es una fecha simbólica y de arraigo para la historia de España. La formación magenta registró una Proposición No de Ley (PNL) para dar reconocimiento a estos avances en derechos logrados en este periodo histórico.

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