El senador José Antonio Monago, del Partido Popular, ha protagonizado un polémico momento en la Cámara Alta. El Pleno se encontraba debatiendo sobre el lawfare (casos de persecución judicial motivados por ideología) y, en un momento dado, Monago se ha referido a la trama Gürtel, el mayor escándalo de corrupción de la historia de la democracia española, como un caso de esta índole.

"Señor Bolaños, el mayor caso de lawfare que se ha conocido en la historia política de España, lo mencionan ustedes. Porque un juez, el juez De Prada, introdujo un párrafo en una sentencia a propósito de la trama Gürtel, que provocó la caída del gobierno del señor Rajoy, y esa misma frase fue sacada del auto por el Tribunal Supremo. Es el mayor caso de lawfare y le costó al PP la presidencia del Gobierno", ha expresado Monago.

En concreto, el senador se refiere a las siguientes palabras del magistrado José Ricardo de Prada: "[La Gürtel] es una estructura financiera y contable paralela a la oficial al menos desde 1989, cuyas partidas se anotaban informalmente, en ocasiones en simples hojas manuscritas como las correspondientes al acusado Luis Bárcenas, en las que se hacían constar ingresos y gastos del partido o en otros casos cantidades entregadas a personas miembros relevantes del partido". Dichas líneas del auto fueron desestimadas por el Supremo por considerarlas "excesivas", pero la existencia del caso Gürtel y sus consecuencias judiciales son reales, y no fruto de la fabricación de un caso de lawfare.

El PSOE ha condenado gravemente estas declaraciones de Monago, señalando que supone "un ataque a la Justicia española" y recordando que la Audiencia Nacional condenó al partido por estos hechos.

"La Audiencia Nacional condenó al PP por la denominada trama Gürtel. Es el caso de corrupción política más extensa y profunda de la democracia española. Ellos lo llaman lawfare. ¿Condenará Feijóo este ataque a la Justicia española?", se han cuestionado los socialistas desde la cuenta oficial del partido en X, antes conocida como Twitter.

 

Historia y desarrollo del caso Gürtel

Los orígenes del caso Gürtel se remontan hasta el 2005, cuando el diputado José Camarasa Albertos, del PSOE valenciano, reparó en lo que más tarde sería conocido como este caso de corrupción al detectar contratos irregulares de la empresa Orange Market, proveedora de servicios de la dirección regional del PP valenciano.​ En 2007, la Fiscalía Anticorrupción recibió una denuncia sobre una red de corrupción en el seno del Partido Popular, con actividad en Madrid y Valencia, y en 2009, el caso fue elevado a la Audiencia Nacional.

A su vez, José Luis Peñas, exconcejal del PP en Majadahonda y amigo de Francisco Correa, empresario cabecilla de la trama, denunció ante la Fiscalía que había recibido comisiones por valor de 260.000 euros y aportó grabaciones clave para el desarrollo de la investigación.

El empresario Francisco Correa y otros tres hombres, Álvaro Pérez Alonso ('el Bigotes'), Pablo Crespo y Antoine Sánchez, eran los cerebros de la trama. Este cuartero habría establecido un conglomerado de negocios para obtener beneficios de fondos de entidades públicas, en concreto, de ayuntamientos y comunidades autónomas, con especial actividad en Madrid, Valencia y Galicia, además de elaborar herramientas para saltarse todas las prohibiciones legales en el ámbito urbanístico y medioambiental que truncaban sus planes en el mercado inmobiliario.

​A su vez, el caso Bárcenas supuso una derivación de la Gürtel, y sacó a la luz una contabilidad no declarada en el partido, en la que se recibían donativos ilegales y entregas de dinero negro a los dirigentes de la formación. Múltiples políticos y empresarios fueron condenados en el marco de esta trama de corrupción, y de hecho, este mismo año, el Tribunal Supremo ha ratificado las condenas y ha rechazado las alegaciones presentadas por alguno de los sentenciados, manteniendo así en firme las penas y las decisiones tomadas en el caso.

Así, que el Supremo anulase en su día un trozo de un auto judicial sobre este tema, no lo convierte en un caso de lawfare como alega el senador Monago, especialmente cuando la existencia de la trama de corrupción ha quedado demostrada por la justicia y cuando el propio Tribunal Supremo se ha reafirmado en las penas aplicadas. ​