El Gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta a una semana decisiva, con el debate y la votación en el Congreso de los Diputados de los últimos decretos aprobados por el Ejecutivo en el Consejo de Ministros para fijar un gravamen energético, para compatibilizar la pensión con un empleo y para revalorizar las pensiones y prorrogar las ayudas al transporte público.
Será el Pleno de la Cámara Baja el que decida este miércoles si convalida o deroga estos tres decretos, ya que llegan en un contexto de tensión, en gran parte marcado por la ruptura de las negociaciones entre PSOE y Junts después de que los socialistas no hayan permitido la tramitación de la iniciativa de los posconvergentes para exigir al presidente Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza en la Cámara.
Los tres decretos están en vigor desde el pasado 23 de diciembre, cuando fueron aprobados por el Consejo de Ministros, pero es el Congreso de los Diputados el que tiene que decidir si los convalida o los deroga antes de que transcurran treinta días desde su promulgación, tal como establece el artículo 151 de la Constitución.
Así, con la ruptura de negociaciones entre independentistas y socialistas, la aritmética parlamentaria complica la aprobación de los decretos, y obliga al Gobierno a intensificar las conversaciones con todos los grupos en el hemiciclo si quieren que prosperen las normas.
Por un lado, el Partido Popular se ha comprometido a salvar la convalidación del decreto ley para mejorar la regulación de la jubilación parcial, activa y demorada, que incluye facilitar la compatibilidad entre pensión y trabajo, una norma que fue acordada por los sindicatos y la patronal el pasado julio pero que no gusta a varios socios del Gobierno de coalición.
El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, avanzó el apoyo de su formación a este decreto, que conforma la última parte de la reforma de pensiones que comenzó en la legislatura pasada el exministro y ahora gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá.
"Hay un acuerdo entre la patronal y los sindicatos, y aunque creemos que esos acuerdos también se tienen que llevar, negociar, en la Cámara, entendemos que es un aval suficiente para que el PP se posicione a favor de ese real decreto ley", indicó Feijóo el pasado martes.
Sin embargo, quienes han asegurado que no apoyarán este decreto son Bildu y Podemos, alegando que en la práctica supone alargar más la edad de jubilación.
Por su parte, el líder de Junts, Carles Puigdemont, desde Bruselas, ha dejado claro que su partido no negociará con el Ejecutivo aspectos de la “política sectorial” y del día a día como son la convalidación de decretos o leyes que impulse el grupo socialista mientras no se resuelva la iniciativa que registró su grupo en el Congreso para que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza.
El gravamen energético y el decreto ómnibus
El decreto que tiene más difícil futuro es el que incluye un gravamen para las empresas energéticas en 2025, ya que PP, Vox, PNV y Junts lo han rechazado en ocasiones anteriores y siguen instalados en el ‘no’.
Se trata de un gravamen temporal sobre las empresas energéticas para este año, que cuenta con bonificaciones para las empresas que inviertan en actividades de descarbonización y con el compromiso de convertirlo en un impuesto que puedan gestionar las haciendas forales.
Por último, el decreto ómnibus, que incluye la extensión durante seis meses más, hasta junio de este año, de la bonificación al transporte público, la subida de las pensiones y el Ingreso Mínimo Vital, sobrevuela en la incertidumbre.
Este decreto también incluye la prórroga de la prohibición de interrumpir los suministros básicos de agua, luz y gas para consumidores vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2025, pero no contempla el IVA reducido de la luz, que vuelve a situarse en un 21% permanente.
Por eso, con los votos necesarios aún sin amarrar, el Gobierno de coalición se enfrenta esta semana a unos días difíciles de intensas negociaciones para hacer prosperar sus medidas, y sin los apoyos de Partido Popular y Junts se hará muy complicada la convalidación de los decretos.
