El Pleno del Congreso de los Diputados afrontará este jueves, 26 de febrero, una votación clave para el Gobierno con la convalidación o derogación de cuatro reales decretos leyes aprobados en las últimas semanas. Se trata de un paquete de medidas que abarca desde ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) hasta la revalorización de las pensiones, la prórroga del denominado escudo social y la limitación de precios en situaciones de emergencia.
Como marca la Constitución, los decretos leyes entran en vigor tras su aprobación en el Consejo de Ministros y su publicación en el BOE, pero deben ser sometidos al aval del Congreso en un plazo máximo de treinta días. Sin esa convalidación, las normas quedarían derogadas. La sesión del jueves se presenta así como un nuevo examen parlamentario para el Ejecutivo, que ya sufrió hace menos de un mes el rechazo de un decreto ómnibus que incluía parte de estas medidas.
Ayudas a víctimas de Adamuz y Gelida
Uno de los textos que se someterán a votación regula ayudas complementarias para las víctimas de los accidentes ferroviarios registrados el pasado enero en Adamuz y Gelida. El decreto fija indemnizaciones que oscilan entre 2.404,04 y 84.141,70 euros, en función de la gravedad de las lesiones y del tipo de daño reconocido, además de establecer cuantías específicas en caso de fallecimiento.
Con esta norma, el Ejecutivo busca dar una respuesta económica ágil a los afectados por ambos siniestros, que generaron una fuerte conmoción social. Las compensaciones se suman a las coberturas ordinarias previstas en la legislación vigente y pretenden cubrir daños personales derivados de los accidentes.
Tope de precios en emergencias
El segundo de los decretos habilita al Gobierno a limitar los precios de determinados bienes y servicios cuando declare una situación de emergencia. La regla general establece que el precio máximo no podrá superar el más alto registrado en los treinta días naturales anteriores al inicio de dicha situación excepcional.
El objetivo es evitar incrementos desproporcionados en contextos como los accidentes ferroviarios de enero o los recientes temporales en Andalucía. Con esta herramienta, el Consejo de Ministros podrá acordar topes temporales en sectores concretos - por ejemplo, alojamiento o transporte - cuando considere que concurren circunstancias extraordinarias.
Junts amenaza el escudo antidesahucios
El jueves también se decidirá el futuro de otros dos decretos especialmente sensibles desde el punto de vista político y social: la revalorización de las pensiones y la prórroga del escudo social con la moratoria antidesahucios.
Ambas medidas formaban parte de un único texto legislativo que fue rechazado en el Congreso con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN. Las formaciones que tumbaron el decreto argumentaron que apoyaban la actualización de las pensiones - con una subida general del 2,7% para las contributivas vinculada a la inflación media -, pero no compartían la ampliación de la moratoria de desahucios ni la prohibición de cortes de suministros básicos a hogares vulnerables.
Tras ese revés parlamentario, el Gobierno optó por desgajar el contenido en dos decretos distintos para facilitar su aprobación por separado. De este modo, la Cámara Baja votará ahora de forma independiente la revalorización de las pensiones y la extensión del escudo social hasta el 31 de diciembre de 2026.Además, a instancias del PNV, el Ejecutivo introdujo una modificación en el decreto del escudo social para excluir de la prohibición de desahuciar a los propietarios que dispongan únicamente de una vivienda en alquiler.
Con este ajuste, el Gobierno buscó atraer apoyos suficientes para sacar adelante la norma. Sin embargo, PP, Vox y Junts ya han reiterado que mantienen su oposición al texto. Sin embargo, si los siete diputados de Junts se abstuvieran, la propuesta quedaría aprobada, no obstante la formación liderada por Miriam Nogueras ha apostillado que paralización de desalojos es injusta con los pequeños propietarios -aunque la medida excluye a quienen poseen una o dos viviendas-.
Un nuevo pulso parlamentario
La sesión del jueves se perfila así como un nuevo pulso entre el Ejecutivo y la oposición en un contexto de fragmentación parlamentaria. La convalidación de los decretos requerirá mayoría simple, es decir, más votos a favor que en contra entre los diputados presentes.
En juego están medidas con un impacto directo en amplios sectores de la población: víctimas de accidentes, pensionistas, personas en situación de vulnerabilidad residencial y consumidores potencialmente afectados por subidas de precios en contextos de emergencia.
