En las últimas semanas los profesionales sanitarios del país han alzado la voz ante lo que consideran un Estatuto Marco que queda lejos de las necesidades reales del sector, lo que ha llevado a una semana de huelga médica y a exigencias de un texto propio que reconozca las singularidades de estos profesionales. Un complicado escenario que sufren los profesionales sanitarios y que ha protagonizado también los reproches del Partido Popular (PP) hacia la ministra de Sanidad, Mónica García, a quien exigen que dimitan.
Sin embargo, lejos de las quejas que llevan entonando durante este semana médicos y facultativos y las acusaciones en cascada de los populares, conviene destacar en este punto que en materia de Sanidad las competencias no las asume por completo el Estado. Volviendo atrás en el tiempo hasta la Constitución de 1978 y los estatutos de autonomía, de estos se desprende que las competencias en sanidad se distribuyen entre el Estado y las comunidades autónomas, aunque la mayor parte de estas recaen sobre cada uno de los Ejecutivos regionales.
Con este telón, en lo que concierne al Estado, este debe asumir la legislación básica, es decir, todo aquello relacionado con el establecimiento de leyes y regulaciones que velan por la coordinación entre las diferentes autonomías. En línea con ello, el Estado también debe trabajar por coordinar el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud (SNS) con el fin de garantizar la cohesión entre los diferentes servicios sanitarios que se extienden por todo el país. Entre otras cosas, ante escenarios extremos que pongan en riesgo la salud en el conjunto del país, como una emergencia o crisis sanitaria -como fue el caso de la pandemia de Covid-19- es también el Estado el encargado de aplicar las medidas necesarias y responder ante ello.
En este mismo orden de cosas, entre otras competencias que pertenecen al órgano estatal se encuentra la regulación y financiación de medicamentos y productos sanitarios; así como velar por la seguridad sanitarias internacional que comprende la vigilancia de enfermedades infecciosas y los acuerdos internacionales en esta materia.
Sin embargo, al margen de todo ello, los Gobiernos de cada comunidad autónoma también son responsables de la gestión de diferentes aspectos. En esta línea, a los Ejecutivos autonómicos les compete la gestión de los hospitales y los centros de salud de su territorio, lo que supone también la contratación de personal, la gestión de las infraestructuras y la prestación de los servicios asistenciales.
Asimismo, en términos de financiación, también son las comunidades autónomas quienes deben hacerse responsables de sus sistemas sanitarios a través de las transferencias del Estado y de sus propios recursos. Además de ello, la planificación y gestión de sus sistemas de salud con los correspondientes programas de prevención, promoción de salud, vacunación y atención primaria también le compete a cada gobierno regional.
Es decir, el Estado es el encargado de legislar y coordinar y las autonomías son las responsables de prestar servicios sanitarios y políticas de salud en sus territorios.
Los salarios y las jornadas, competencia autonómica
A razón de todo ello y fruto de las réplicas que se han vertido desde el ala popular a la cartera de Mónica García, la ministra se ha visto forzada a responder en los últimos días recordando, precisamente, que las autonomías también son responsables de este escenario. Entre las voces más críticas ha destacado la del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, quien exigía a la ministra a "sentarse a negociar". "Pedimos un esfuerzo decidido para evitar el conflicto y que afecta a nuestra sanidad”, señaló el presidente de la Junta.
Pero la ministra contestaba rápidamente a Moreno Bonilla recordándole el escenario en el que se encuentra la sanidad en su territorio y las competencias que le corresponden. Así, la ministra le recordaba que se ha reunido “en más de 20 ocasiones con los sindicatos médicos”, a la vez que señaló que con el Estatuto Marco se eliminaron “las guardias de 24 horas” y se mejoraron las condiciones laborales “tras 23 años”. “Los salarios, las plantillas y jornadas los decide usted. Dependen de la comunidad autónoma. 500 médicos abandonan cada año Andalucía buscando mejores condiciones, muchos tienen más de 1.800 pacientes asignados”, recordó la titular del ramo.
Con todo ello, la ministra de Sanidad subrayó que, detrás de este marco, más de 500 millones de euros se han repartido desde la Consejería de Salud a “empresas privadas”, mientras que “otros tantos millones en vez de subir salarios y contratar profesionales, se van a bonificar los impuestos a los ricos”.“La mano siempre está tendida para el diálogo, para el acuerdo y para mejorar la sanidad andaluza. Pero no eche balones fuera ni oculte sus prioridades”, zanjaba la ministra.
